Demagogia doctrinal

Con las municipales a la vista, la carrera a satisfacer los instintos más bajos del electorado llama a la puerta. El derecho a poder circular en tu propio vehículo por la ciudad convierte a ciertos políticos en liberticidas, dispuestos a tragar ese CO2 que no está demostrado que sea tan nocivo, según análisis de Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. La posición del dirigente de Vox es similar a la que mantiene la Asociación Nacional del Rifle con respecto a los muertos anuales por armas de fuego y a la segunda enmienda de la Constitución de EE UU. La libertad individual, aun a costa de la salud o de hipotecar el presente y el futuro, parece que debe primar por encima de todo. Es paradójico que un sector de la derecha ensalce como bandera de la libertad el uso del vehículo privado a pesar de que la Unión Europea ha dado un plazo de 12 años para poner fin a los coches y furgonetas de combustión.

La demagogia trata de arrinconar la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España —en diciembre del año pasado— por el incumplimiento sistemático de la norma comunitaria de calidad del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona En la capital catalana se calcula que más de un millar de personas fallecen a causa de esa contaminación.

Pero a pesar de todo, la derecha sigue coqueteando y pretendiendo anteponer retóricamente los derechos individuales a los colectivos. La sacralización del statu quo y del modelo productivo actúan como acicate realista para hacer un guiño cómplice no solo al lobby automovilístico sino también a los propietarios de vehículos más contaminantes, que suelen ser —en base a su menor poder adquisitivo— potenciales votantes progresistas.

Una vez en el poder, la derecha aplica lo que la izquierda puso en práctica. Ahí está el Ayuntamiento del PP en Madrid haciendo desde enero pasado lo mismo que recurrieron ante los tribunales cuando la alcaldesa era Manuela Carmena: Madrid Central seguirá siendo Madrid Central. La vieja Convergència i Unió restituyó en 2012, apenas un año después de haber llegado al poder y bajo el título de “velocidad variable”, la limitación de 80 kilómetros hora en los accesos de Barcelona que tanto criticó cuando en 2007 la aprobó el Tripartito. En Londres, conservadores y comerciantes se manifestaron contra el peaje impuesto para acceder al centro de la ciudad en 2003, siendo alcalde el laborista Ken Livingston. En 2011, sin embargo, ni la comitiva de Barack Obama con —su enorme Cadillac presidencial— se libró de pagar la tasa durante su visita a la capital británica, siendo alcalde el conservador Boris Johnson, quien se tomó el caso como una cruzada personal. Lo mismo acabará sucediendo en Barcelona —con las restricciones del tráfico o las supermanzanas— si la derecha y sus aliados logran apear a Ada Colau de la Alcaldía: aplicarán lo que tanto criticaban.

Cuando está en la oposición, la derecha tiene la habilidad de presentarse ante el electorado como la defensora de la libertad y el progreso frente al que caracteriza como ludismo colectivista de la izquierda. Luego, cuando gobiernan, ningún derecho corre peligro. Los exabruptos del dirigente de Vox García-Gallardo sobre el CO2 son grotescas notas a pie de página para enriquecer ciertos discursos liberticidas. Son un digno corolario a la filosofía esbozada en 2007 por José María Aznar, siendo presidente de honor del PP: “Déjame que beba tranquilamente; no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás”. Aquel año, según datos de la UE, España encabezó el ranking de muertos en accidente por ingesta de alcohol —uno de cada tres—. Las sanciones y los controles de alcoholemia continuaron durante los años de gobierno del Partido Popular.

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