El plan de bares y restaurante del Eixample de Barcelona abre otra brecha en el gobierno Colau-Collboni

Crisis de calibre considerable en el gobierno de coalición de Barcelona a cuatro meses de las elecciones municipales y en un plan que afecta al futuro de la actividad económica del distrito del Eixample. La razón que enfrenta a los comunes de la alcaldesa Ada Colau y al PSC que capitanea Jaume Collboni es el plan de usos del Eixample: el documento urbanístico que fija dónde, cuándo y cómo se pueden abrir negocios como bares, restaurantes o comercios vinculados al turismo en el distrito central de la ciudad. Una actividad económica de “alto impacto” que el ejecutivo comparte que puede alterar la vida vecinal. Pero discrepan en el alcance de las restricciones. Barcelona en comú quiere que afecten a 11 calles peatonales o saturadas y a las zonas de los planes de usos ya aprobados entorno al mercado de Sant Antoni y la calle de Girona. Y el PSC apuesta por limitar las exigencias a las 11 calles peatonales.

En un descuelgue de última hora, los socialistas han votado este martes en contra del plan en la Comisión de Urbanismo, el mismo pronunciamiento de la derecha: Junts, Ciutadans, PP y Valents. Barcelona en comú se han quedado solos en la defensa del plan. ERC se ha reservado el voto para el pleno del día 28 de enero, pero sus votos no serían suficientes para salvar el plan: les faltaría un voto. Los comunes acusan a los socialistas de hacerles “chantaje” y el PSC defiende que ha escuchado a los comerciantes del centro, que exigen que el plan sea menos restrictivo. El equipo de Colau tiene una semana para negociar cambios con alguno de los grupos que ha votado no: sus socios (los socialistas) u otro. La opción de retirar el plan y aplazar la votación es arriesgada porque en marzo se levanta la moratoria de nuevas licencias de actividad en el distrito.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz (Barcelona en comú) ha señalado las presiones de los comerciantes: “Estamos cerca de las elecciones, hay llamadas de última hora y grupos que cambian sus opiniones”, ja dicho citando veladamente al PSC. “Es un tema de modelo de ciudad: en nuestras manos tenemos preservar el comercio de proximidad o dar barra libre, no podemos prescindir de los planes de usos aprobados en 2018 y 2020 en Sant Antoni y Girona”. La teniente de alcalde de Agenda 2030, Laia Bonet (PSC), ha citado reiteradamente las exigencias de los comerciantes y ha manifestado que “la regulación y las restricciones tienen que ser quirúrgicas, no podemos permitirnos que el plan del Eixample cargue otras dos mochilas”, ha replicado en referencia a los planes de usos de Sant Antoni y Girona, votados con sus votos y los de ERC.

El plan de usos del Eixample se remonta al año pasado: en marzo el gobierno presentó una primera versión del plan muy restrictiva con la apertura de negocios orientados al turismo y restauración en el Eixample, que desagradó al PSC. La semana pasada, en vísperas a la aprobación definitiva a finales de enero, los dos socios hicieron pública una segunda versión mucho más laxa. Para conseguir sacarlo adelante, los comunes daban marcha atrás y las condiciones de apertura se relajaban en todo el distrito salvo en las calles ya peatonalizadas, las que se están pacificando (Consell de cent y otras cuatro de la Superilla) y el entorno de Sant Antoni y Girona, que ya tienen plan de usos.

Tal y como lo explicaron la semana pasada, el acuerdo ha saltado por los aires y el PSC ha votado en contra del plan en la comisión de Urbanismo de la tarde de este martes. Fuentes socialistas explican que lo que se transmitió a la prensa (incluso con documentación) no era lo acordado y exigen que solo se mantengan blindados a nuevas aperturas los ejes peatonalizados o en obras. “Se trata de anticipar problemas que pueden derivar en calles como Enric Granados, pero centrar la regulación estricta en calles que tienen riesgo de monocultivo”, defienden fuentes socialistas.

Los comunes defienden que se acordó tal y como se presentó, y que el partido de la alcaldesa Ada Colau ya rebajó sus planteamientos: accedió a rebajar el plan inicial y a renunciar a blindar todas las calles que en el futuro querría convertir en ejes verdes. Además, aplazó la regulación de las aperturas de negocios turísticos como las tiendas de alquiler de patinetes o consignas. Esta tarde se negarán a rebajar el plan y defenderán unas restricciones (Sant Antoni y Girona) sobre las que entienden que no pueden dar marcha atrás. “Nos están haciendo un chantaje para que se de marcha atrás en la protección del tejido vecinal vigente desde 2018 en barrios como Sant Antoni”, apuntan fuentes de los comunes.

En toda esta disputa han tenido un gran peso las presiones de asociaciones de comerciantes como la del paseo de Gràcia, que han exigido por carta que la restricción se limite a las calles ya pacificadas. Varias de estas asociaciones (Pelai, avenida de Gaudí o Rambla de Catalunya) han escrito al consistorio exigiendo que las limitaciones no vayan más allá de las 11 vías pacificadas. Las cuatro de la Superilla (Consell de Cent, Borrell, Rocafort, Enric Granados, Girona), la avenida Mistral, carretera de Ribes, avenida Gaudí, Tamarit, Aldana y Parlament.

En la oposición, ERC ha argumentado su reserva de voto defendiendo todavía mayores restricciones en zonas que ven saturadas como el entorno de la Sagrada Família. Junts ha visto “dos partidos en el Gobierno a la greña, con discrepancias en temas no menores y un barco a la deriva que va directo a las rocas de las elecciones”, en palabras de Jordi Martí, que ha defendido limitar las restricciones a las calles peatonales. Desde Ciutadans, Paco Sierra ha ironizado con lo que entiende que es un rechazo de los comunes a la actividad económica y ha alertado de que conseguir licencias de obras en el Eixample “es un sin dios”. Oscar Ramírez, del PP, ha asegurado que la gentrifiación “la ha generado el modelo de ciudad de los comunes, la superilla”. Y Valents también se han mostrado en contra de las restricciones del plan de usos.

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