La carpeta judicial de Borràs amenaza con estallarle a Junts en la campaña de las municipales

El ala de Junts per Catalunya que está en contra de su líder, Laura Borràs, solo tiene una fórmula para apartarla del partido: el paso inexorable del tiempo. Sus detractores creen que la también presidenta suspendida del Parlament no saldrá bien parada del juicio que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha agendado a partir del próximo 8 de febrero. Una condena la dejaría en una situación política insostenible. El problema es que el calendario judicial se sobrepone al electoral y no se descarta que la sentencia incluso pueda conocerse poco antes de la campaña de las elecciones municipales. Hay opiniones para todo, desde quienes creen que el ruido no ayudará para nada hasta los que, sin soportarla, creen que esa carpeta judicial ayudará a movilizar a los suyos en unas elecciones clave para la supervivencia de Junts.

Borràs ha logrado arrastrar a todo el partido en la defensa de su causa. A la líder del partido se le acusa de prevaricación y falsedad por haber supuestamente troceado contratos para beneficiar a un amigo, Isaías Herrero, cuando dirigió la Insitució de les Lletres Catalanes entre 2015 y 2018. Hasta ahora, la formación que preside le ha acompañado en denunciar que fue ilícito que se le suspendiera como presidenta del Parlament (tal y como recoge el reglamento de la Cámara cuando se abre juicio oral a un diputado por un delito “relacionado con la corrupción”) e incluso se avino a cambiar los estatutos para garantizar que una condena no implicaría su salida de la vida orgánica de Junts.

La versión de la defensa de la exconsejera de Cultura es que toda la causa se sustenta en una persecución de carácter ideológico, por su defensa de la independencia de Cataluña y que no hay ningún rastro de corrupción en su paso por la Institució. Esa imagen autoproyectada de mártir secesionista, sin embargo, ha topado con situaciones que no han sentado bien dentro de algunos círculos de Junts, como los gritos durante el homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Las Ramblas, el pasado mes de agosto, o el papel de Borràs en la defensa a ultranza de su principal apoyo y amigo, Francesc de Dalmases, en la polémica por las intimidaciones a una periodista de TV3.

Las ocho jornadas, de mañana y tarde, en las que el Tribunal Superior catalán abordará el juicio a Borràs (la Fiscalía pide una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, además de una multa de 144.000 euros) darán munición a una líder más débil y sola políticamente que cuando fue suspendida de la presidencia de la Cámara pero que sigue siendo importante para un importante grupo de electores de Junts. De ahí la decisión de sus detractores de resignarse a dejar pasar el tiempo para que éste se encargue de poner fin a su carrera política.

Si fuera declarada culpable y se redujera considerablemente la pena de 21 años de inhabilitación (que incluso sus opositores consideran desmesurada si se compara con la de otros casos similares), es poco probable que la líder de Junts pueda aspirar en el mediano plazo a un cargo de elección popular.

El problema es que Borràs se ha mostrado siempre muy hábil en lograr que el ruido de su situación personal termine impregnándolo todo y es ahí donde mezclar la carpeta judicial con la electoral genera preocupación dentro del partido. Algunas voces creen que sí hay cierta inquina por parte de la Justicia hacia la presidenta suspendida del Parlament y que es extraño que se persiga con esa contundencia una cuestión meramente administrativa. Ese discurso, defienden, puede ayudar en una precampaña donde Junts quiere usar su ‘pedigrí’ independentista y de confrontación al Estado frente a una Esquerra Republicana entregada al Gobierno.

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Un ala más pragmática, sin embargo, lamenta que Borràs intente utilizar la precampaña en su favor, tirando por tierra todos los intentos de centrar al partido en estas elecciones como una formación que habla de los problemas de las personas, no solo de sí misma. Junts se juega ser revalidar su estatus como el partido con más alcaldes (si logra subsumir al PDeCAT) y someter a las urnas su estrategia de confrontación también con los republicanos. El gran interrogante, sin embargo, será cuándo llegue la sentencia o, al menos, se conozca el veredicto. El TSJC podría apurar para intentar no hacerla coincidir con los comicios o postergarla, añadiendo así más agonía en un partido que sigue sin lograr encontrar su camino en la oposición.

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