La Dinamarca del sur, un espejismo

Desde el puente de mando del procés –en tránsitos imaginarios desde la “Dinamarca del sur” a la actual “Generalitat republicana”–, han sido inaudibles las reivindicaciones de quienes viajan en las bodegas de la precariedad. Con el astuto Artur Mas al timón, la vieja Convergència se travistió en una suerte de vanguardia leninista, encabezando desde manifestaciones a favor de acoger inmigrantes hasta las reivindicaciones sociales más punteras. Fue solo un trampantojo para obtener rentabilidad política. Era el guion que exigía el procés. El grito “¡Dios lo quiere!”, con el que Pedro el Ermitaño llamó a combatir a los turcos selyúcidas, se trastocó en el eslogan “¡El pueblo manda!”. Los viejos convergentes aseguraban que todo venía “de abajo a arriba” y ellos eran simples y fieles intérpretes de la voluntad popular.

Han pasado los años y, tras un decenio en el que nadie sabía dónde estaba la derecha y dónde la izquierda, el tiempo ha vuelto a poner las cosas en su sitio. La Dinamarca del Sur era un espejismo.

El Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) –creado en 2006 por el Gobierno Tripartito para “hacer realidad la igualdad de oportunidades de las personas” y para acceder a cualquier prestación social– está congelado desde hace 12 años. Desde 2010 los avisos que la Taula del Tercer Sector, Cáritas, sindicatos y entidades sociales de todo tipo han lanzado desde las bodegas del barco no han sido atendidos por el puente de mando que presuntamente estaba a su servicio. Este año, incluso el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –manejado por la centralista España– ha pasado por delante del IRSC. El primero está en 579,02 euros mensuales, mientras que el genuinamente catalán –en un territorio con un alto IPC– se encuentra en 569,12 euros. Todo ello, supone en la práctica, una desvalorización de las prestaciones y un aumento de la pobreza material severa que ya afecta a cerca de 700.000 personas en Cataluña. Entre otras muchas cosas, se considera que gozan de suficiencia económica familias que en realidad están en situación de vulnerabilidad o se deniegan becas comedor o ayudas al pago de alquiler a personas que viven en la precariedad.

Desde hace varios ejercicios los Presupuestos de la Generalitat incluyen en su Disposición Adicional 17 una suerte de carta a los Reyes Magos por la que “se autoriza al Govern” a aplicar el mismo porcentaje de incremento para el IRSC que el que se fije para el IPREM. Sin embargo, no se ha hecho uso de esa prerrogativa, mientras el IPC ha subido un 29% en 12 años.

Cáritas sacó en junio los colores a un Govern que en materia de políticas sociales tiene que ponerse al día. La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) llega solamente al 28% de las personas en situación de pobreza severa, según el informe Foessa de 2022. Y ello se agrava por la racanería tanto de denegar el 69% de las peticiones de esta prestación, como por la no actualización del IRSC. De haberlo hecho, no se hubieran rechazado un 43% de las solicitudes por superar el umbral de ingresos, según datos de Comisión Promotora de la Renta Garantizada. Además, la aparición del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central –del cual la RGC es subsidiaria– ha supuesto una liberación de recursos –unos 60 millones de euros– que no se ha traducido en aumento del gasto por parte del Departamento de Derechos Sociales, según Cáritas.

Ahora es el momento para que, acabada la deriva procesista, la autoproclamada Generalitat republicana pase de las palabras a los hechos y se ponga manos a la obra en los presupuestos para 2023. Las políticas sociales necesitan un urgente aggiornamento.

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