Girona reclamará 13,2 millones al suministrador de agua durante 28 años

El Ayuntamiento de Girona reclamará 13,2 millones de euros a Girona SA, el socio privado que contaba con el 80% de la empresa mixta Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa) que se ha encargado de la gestión del agua en estos tres municipios desde 1992. Los informes técnicos y jurídicos para la liquidación del contrato, que se hará el próximo día 23, han cuantificado el coste total de los “daños y perjuicios”, entre ellos falta de inversión y mantenimiento en la red y el cobro de alquileres.

En octubre de 2020 se resolvió el contrato con AGISSA, pero les obligaron a seguir dando la prestación del servicio de agua potable. El contrato se resolvió por una serie de incumplimientos, entre los que están 4,6 millones de falta de inversiones o una falta de reposición valorada en 5,4 millones de euros (1992-2012). Con la finalización de esta sociedad, el próximo 23 de octubre, a estas cantidades deben sumarse otras como 1,5 millones por incumplimiento de las obligaciones que tenían de forma contractual en materia de oficinas y estructura y perjuicios patrimoniales –Girona SA ha cobrado hasta ahora 6.000 euros al mes de alquiler a la empresa mixta- o 1,6 millones por la no dotación de personal directivo al que se habían comprometido y dotado de presupuesto, plantilla que nunca llegó.

“La falta de reposición ha provocado por ejemplo que un 33% de los 148 kilómetros de red no se hayan sustituido y sean todavía de fibrocemento, que es un material susceptible a los cambios de presión y genera muchas más averías, fugas y problemas de mantenimiento en barrios, por ejemplo, como Sant Narcís sud”, ha detallado el edil de Sostenibilidad, Martí Terés.

Una vez se supere el pleno extraordinario del próximo 4 de noviembre, el consistorio votará la reclamación del dinero a Girona SA. Terés no descarta que recurran esta reclamación y se acabe en el contencioso administrativo, como ya hicieron presentando recurso contra la resolución del contrato de octubre de 2020. Todo ello estará supeditado, según el edil, a que se resuelva el tema penal que instruye el Juzgado número 2 que todavía está pendiente de las declaraciones de algunos testigos.

Cuando finalice la instrucción el juez deberá decidir si manda o no a juicio a los ex dirigentes de Girona SA. La investigación judicial de este caso tuvo su origen en una querella presentada por la CUP. Para Terés, el “pecado original” se produjo en 1992 cuando se “adjudicó a dedo” sin concurso público el servicio. También ha recordado que fue Carles Puigdemont, el alcalde del momento, quien encargó informes sobre la operativa de la empresa mixta que han permitido descubrir toda la serie de irregularidades y reclamar por ellas.

A partir de que se disponga de la nueva empresa pública, en unos 2 meses, El Ayuntamiento intentará revertir la falta de reposición y de inversiones en la red. “Tenemos años por delante para ello, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados y nos toca reclamar estos 13′2 millones a quien gestionó el servicio, nos parece que el socio privado debe hacer frente a estas responsabilidades, no solo con la administración, sino también con los abonados, que han financiado todo este servicio durante muchos años”, ha insistido Terés.

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