Hacienda constata que Girona pagó un millón de euros anuales de más por el agua por “irregularidades”

Los vecinos de Girona, Salt y Sarrià de Ter pagaron, al menos desde el año 1993, un sobrecoste de más de un millón de euros anuales por la factura del agua. Las irregularidades en la gestión del servicio provocaron un aumento “artificial” en las tarifas que acabaron pagando los usuarios, según constata la Agencia Tributaria en un informe remitido al juez que investiga un fraude millonario en la gestión de este servicio esencial.

EL PAÍS ha accedido a informes de Hacienda y de la Guardia Civil que obran en la causa y que constatan las malas prácticas --y los posibles delitos-- cometidos por los responsables de Girona SA, una sociedad privada que cuenta con el 80% de la participación de la empresa mixta Agissa, que gestionaba el suministro de agua en los tres municipios gerundenses hasta que le fue retirado por orden judicial en 2017. Las irregularidades se prolongaron al menos hasta 2013, cuando una primera denuncia de la asociación Aigua és Vida fue el prólogo de la que, dos años más tarde, llevó la CUP a la Fiscalía Anticorrupción y destapó el escándalo.

Con el fin del secreto del sumario, los informes judiciales han salido a la luz. La Agencia Tributaria constata que Girona SA se benefició a costa del erario público de enormes sumas de dinero. Sus responsables fingieron que Agissa era prácticamente deficitaria cuando la realidad es que obtenía beneficios cercanos al millón de euros anuales. El problema es que ese dinero se canalizaba hacia Girona SA por una supuesta prestación de servicios que resultaron ser falsos. El resultado: “Las tarifas del agua se han incrementado artificial e irregularmente, en distintas ocasiones, de manera que permitieran recaudar más de un millón de euros, cada año, por encima de lo que habría sido necesario”.

Hacienda constata que se han pagado “cientos de miles de euros” cada año a Girona SA por “servicios que no han sido efectivamente prestados” y señala que las irregularidades se remontan al primer contrato, de 1993. Agissa ha estado pagando a la empresa privada por muchos supuestos servicios (empresa especializada, gestión y explotación del saneamiento) por los que no debería haber pagado.

Girona SA y sus responsables --que están siendo investigados en la causa-- han actuado durante años “en beneficio propio”. El análisis de abundante documentación prueba la magnitud del fraude, según las conclusiones de los investigadores.

La Guardia Civil constata que Girona SA utilizó “recursos materiales y humanos” de Agissa en beneficio propio: furgonetas, ordenadores, pero también el pago de nóminas de trabajadores de la empresa privada. Incluso propició que otras empresas vinculadas utilizaran un laboratorio que era propiedad de la sociedad mixta a un precio, además, más económico que el de mercado. Ese uso fraudulento provocó a su vez un “sobredimensionamiento en medios” disponibles para el laboratorio.

Con todas esas maniobras, Girona SA logró “ir creciendo como sociedad”, lo que le permitió comprar diversos inmuebles. Uno de ellos, en la calle Ciutadans de Girona, lo alquiló posteriormente a Agissa, con lo que siguió obteniendo beneficios. Pese a que contaba con una “estructura mínima” (dos directivos y cinco trabajadores) cargó “numerosos gastos de representación y publicidad”. El beneficiario de buena parte de esos gastos fue Joan Llobet, apoderado de Girona SA. Llobet presuntamente cargó a la sociedad alojamientos en hoteles, billetes de AVE y de avión, la asistencia a eventos deportivos y comidas. Muchos de esos viajes y desplazamientos resultaron ser falsos.

La Guardia Civil constata además el pago, con recursos de la sociedad mixta, de “obsequios” para miembros del consejo de administración de Girona SA y sus familiares, pero también para “cargos públicos y funcionarios” de los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter. Estos cargos están “relacionados con la adjudicación de los servicios” del agua y la concesión de las sucesivas prórrogas de los contratos.

Los investigadores también se pronuncian sobre la supuesta “responsabilidad” de los consistorios en el entramado. Critican que la selección del socio privado en 1992 ya fue “opaca” y que las condiciones pactadas favorecían al socio privado. La fiscalización de los servicios prestados, además, fue “deficiente”. La situación solo cambió a partir de 2013 --cuando la asociación Aigua és Vida destapó algunas irregularidades-- y, especialmente, tras la denuncia en 2015 de la CUP ante la Fiscalía Anticorrupción, que destapó el caso. Las consecuencias para los ayuntamientos, vaticinan los investigadores, serán nefastas, con unas instalaciones sobredimensionadas y con menor valor. El Ayuntamiento de Girona, insiste, debería haber sido “consciente” de la “improcedencia de la prórroga” concedida a Agissa en 2013.

La Agencia Tributaria, en sus conclusiones, añade que “no consta” que los ayuntamientos “participaran directamente en la comisión de las presuntas irregularidades”, pero sí subraya igualmente la “dejación de funciones de control” y los indicios sobre el “creciente conocimiento” que fueron adquiriendo sobre algunas de esas irregularidades.

Los administradores de Agissa eran Narcís Piferrer y Xavier Ballell, directivos de Girona SA que “orquestaron un sistema” para dirigir la sociedad mixta en beneficio de la privada. Ambos tenían un férreo control “económico y financiero” sobre todo lo que ocurría en Agissa.

Las irregularidades están en lo que Girona SA hizo, pero también en lo que dejó de hacer. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil constatan que los contratos se incumplieron de forma “flagrante” desde 1992. Los planes de inversiones para mejorar el servicio no se cumplieron. La sociedad dejó de invertir un total de 11,1 millones de euros, según consta en la documentación.

El edil de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Girona, Martí Terés, que ha recordado que están personados en la causa, ha asegurado que están “atentos al curso judicial de este caso, pero no nos toca a nosotros valorar el trabajo del juez”.

Terés, también ha apuntado que los tres ayuntamientos esperan que durante el primer trimestre de este año puedan asumir la gestión conjunta del ciclo del agua con la creación de una nueva sociedad, aunque la primera opción fue la empresa pública Trargissa --que ya gestiona la depuradora y los residuos-- y liquidar Agissa, de la que se rescindió el contrato en octubre de 2020. Los consistorios reclamarán indemnizaciones por “daños y perjuicios” a la parte privada por el incumplimiento del contrato. Las conclusiones de dos informes técnicos de la secretaría del Ayuntamiento de Girona cuantificaron que la parte privada dejó de invertir 10 millones de euros en 20 años.