La nueva cúpula de los Mossos se fractura a los nueve meses de suceder a Trapero

La nueva cúpula de los Mossos d’Esquadra se ha fracturado nueve meses después de suceder en el cargo al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. El actual jefe del cuerpo, Josep Maria Estela, exige al Departamento de Interior que cese a su segundo, Eduard Sallent, entre acusaciones de deslealtad, según diversas fuentes policiales consultadas. En el cuerpo se ha instalado la idea de que Estela es oficialmente el responsable de los Mossos, pero que en realidad Sallent es el jefe en la sombra. Fuentes del Departamento de Interior aseguran que Sallent es una persona de su total confianza, le definen como una pieza “clave”, niegan que se vayan a producir cambios y confían en que la situación entre ambos se reconducirá.

El 20 de diciembre de 2021, el consejero del Interior, Joan Ignasi Elena, cesó a Trapero como jefe de los Mossos. El mayor había sido absuelto por la Audiencia Nacional por la actuación de la policía catalana en el referéndum ilegal de 2017 y restituido en el cargo. En una decisión envuelta en la polémica, Elena lo apartó apenas un año después, junto a mandos considerados de su confianza. En su lugar, colocó a Josep María Estela, un discreto comisario de los Mossos que hasta entonces ejercía como jefe en Tarragona, con un segundo, Eduard Sallent, que ya había estado al frente como máximo responsable de la policía catalana. Una nueva estructura “coral”, en la que también incluyó a una mujer, la intendenta Rosa Bosch.

Nueve meses después, la apuesta del actual Departamento de Interior está en crisis. En julio, según diversas fuentes policiales consultadas, Estela se reunió con responsables de Interior y les planteó la destitución de Sallent. Tras las vacaciones de verano, insistió en la necesidad de cesar a su segundo, con el que no se entiende, si quieren que siga dirigiendo los Mossos d’Esquadra. La decisión recae en el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), que todavía se recupera de una operación urgente de vesícula.

La mala sintonía se palpa en el ambiente, explican diversas fuentes policiales. Desde el ejemplo más trivial —los dos comisarios se fueron a la vez de vacaciones en agosto— hasta cuestiones de más calado, como que Sallent haya quedado fuera de los tribunales que deben elegir a la nueva hornada de mandos de las oposiciones en marcha de inspectores, intendentes y comisarios. “Es vox populi, Estela no quiere que Sallent pueda elegir a los suyos”, explican fuentes policiales.

Los mandos de los Mossos consultados refieren detalles pequeños del día a día, de decisiones vinculadas a los recursos humanos, al decreto reestructuración del cuerpo que se está perfilando o a la gestión de la comunicación, como elementos que han ido socavando la relación entre los dos jefes. Uno con una trayectoria más operativa, como es el caso de Estela, ve en su segundo, con una carrera más de despachos, cierta porosidad que permite una mayor injerencia política en cuestiones que a su juicio no deberían tenerla, explican esas fuentes. “Hay decisiones que se ha encontrado hechas sin que nadie le consultase”, resumen fuentes policiales. “Tienen distintas visiones y tiempos”, indican fuentes de Interior. Estela es un hombre fuerte del consejero, mientras que Sallent es persona de total confianza del director de la policía, Pere Ferrer, y del jefe de gabinete, Raül Murcia.

Las consecuencias de esa falta de entendimiento, lamentan responsables de los Mossos, es que el cuerpo no acaba de despegar después de haber vivido la peor etapa de su historia y verse al borde de la disolución con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En cinco años, los Mossos han cambiado seis veces de jefe, contando la repetición de Trapero. “No les da tiempo a ponerse al día”, lamentan otros mandos policiales, que aseguran que el lógico deseo de impulsar cada uno su proyecto ha instalado a la policía catalana en cierta provisionalidad.

Hasta donde deben llegar los políticos en su gestión es una cuestión delicada, de gran calado y profundidad en los Mossos d’Esquadra. Después de verse abocados a un duro proceso penal, un cuestionamiento público y una inequívoca utilización política durante el procés, la mayoría de los comisarios se unieron en una defensa numantina de sus competencias. Hasta el punto que diversas fuentes de Interior han criticado las dificultades de dirigir a la policía catalana.

Uno de los argumentos esgrimidos por el equipo de Elena para cesar a Trapero fue precisamente su supuesta impermeabilidad ante las directrices políticas. Una cuestión decisiva fue la gestión del protocolo de desahucios de la policía catalana. La consejería de ERC quería restringir al máximo la intervención de los antidisturbios, limitándola a los casos que se lo ordenasen los jueces, mientras que el mayor defendía que los expertos policiales podían enviarlos por decisión propia, según su propio criterio técnico. En todo caso, insisten fuentes policiales, un protocolo de trabajo no debería estar sujeto a directrices políticas. Ese protocolo sigue nueve meses después sin ser aprobado.

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