Jueces y ‘mossos’ intentan cerrar la herida

“Mira, esto es como en la vida. La confianza se cuece a fuego lento, pero se rompe en un minuto. Y luego cuesta horrores recuperarla”. Quien habla es una curtida juez de instrucción de Barcelona. Como algunos de sus colegas —en la ciudad son 33, cada uno con sus filias y fobias—, ha dejado de confiar plenamente en los Mossos d’Esquadra. La deriva del proceso independentista ya le había hecho arquear la ceja, pero la inacción de la policía catalana ante el referéndum del 1 de octubre —que una juez había ordenado impedir— la sintió como una intolerable traición. Los teléfonos entre la comisaría y el despacho judicial dejaron de sonar. Los jueces cerraron sus puertas a los uniformes. Algo muy delicado se quebró. “Y ojo, toca recomponerlo, porque ellos y nosotros estamos aquí para quedarnos”, agrega la magistrada con más perspectiva.

Aunque la herida aún está fresca, mossos y jueces se proponen cerrarla. Llevará tiempo, pero el relevo en la cúpula policial puede acelerar la cicatrización. “La sensación de deslealtad la hemos tenido con los mandos. En especial, con [Josep Lluís] Trapero”, agrega otro juez de Barcelona que el viernes —antes de que el Parlament declarase la independencia y de que el Senado, en respuesta, autorizara la aplicación del artículo 155 de la Constitución— participó en una junta de magistrados de instrucción para abordar las relaciones con los Mossos.

En el encuentro quedó claro, según las fuentes consultadas, que la “traición del 1 de octubre” y la posterior desconfianza de los jueces ha tenido ya consecuencias prácticas. “Algunos colegas ponen en manos de la Guardia Civil y la Policía Nacional asuntos que antes encargaban a los Mossos”, explica el magistrado, sin dar cifras. No se les ha apartado de investigaciones en curso, pero sí se les ha relegado en otras nuevas y “especialmente delicadas”. “No es que llevemos menos casos, no es un número significativo. Pero sí se ha construido un muro que antes no existía, una capa dura y difícil de atravesar”, matizan fuentes de la policía autonómica, que aluden a una “burbuja”, un estado de ánimo en los pasillos de la Ciudad de la Justicia.

Donde los Mossos han notado una reducción “drástica” de los casos que les encargan es en la Fiscalía de Barcelona, comandada por Ana Magaldi, que ordenó no enviar a fiscales a dar formación a la Escuela de Policía. “Si teníamos una quincena al mes, ahora quizá tenemos uno o ninguno”, estiman fuentes policiales. Muchas son peticiones de datos o citaciones. Con otras fiscalías provinciales la relación no es tan complicada; con la Fiscalía Anticorrupción se mantiene la buena sintonía; en la Audiencia Nacional, los asuntos de crimen organizado están congelados.

Los Mossos se desplegaron en Barcelona en 2005 y su aterrizaje no fue fácil de digerir para los jueces. “Algunos siempre se han sentido más cómodos con los cuerpos del Estado. Esos son ahora los primeros que nos relegan”, apuntan fuentes policiales. Pero, aunque quisieran ningunearlos a perpetuidad, los magistrados lo tienen difícil. Hay, al menos, dos límites. Por un lado, la escasa capacidad operativa de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña. Por el otro, el hecho de que, para los delitos ordinarios (como los robos), “los Mossos tienen la competencia exclusiva”, recuerdan fuentes judiciales.

Visitas informales

Hay signos de distensión, gracias sobre todo a la labor de relaciones públicas puesta en marcha por los Mossos. Algunos mandos han intensificado sus visitas a los juzgados, a veces informales, para mejorar la relación y recordarles que no les han “fallado nunca” en las investigaciones. En una reunión se recomendó a los policías aprovechar investigaciones en marcha para hacer esas visitas.  La ruptura, sin embargo, ha sido profunda y ha dejado secuelas. Un agente cuenta lo que ocurre en ocasiones cuando los mossos acuden a los despachos: “Hay excusas para no recibirte, o no se ponen al teléfono, o piden que cualquier petición sea por escrito”. “Vamos a verles con ánimo constructivo, pero está siendo difícil”, añade. Ante la reticencia de algún magistrado, han optado por no insistir para no “importunar”, y dejar una distancia “terapéutica”. En otros juzgados, subrayan, la relación “sigue igual”, o sea, sin problemas.

La desconfianza eclosionó ya el 20 de septiembre, con las detenciones de varios altos cargos de la Generalitat por los preparativos del referéndum: la secretaria judicial de instrucción 13 tuvo que salir por la azotea del Departamento de Economía, mientras en la calle una multitud impedía su salida. “A partir de ese momento, todos los inputs que nos llegaron eran negativos”, explica una fuente policial, quien agrega que ya antes había un caldo de cultivo, una especie de tensión contenida provocada por el procés.