Giró trata de atraer el apoyo de la izquierda con el reparto presupuestario de 3.100 millones

El Govern ha abierto este martes de forma oficial la negociación de los Presupuestos aprobando el techo de gasto para 2023 y dando la posibilidad de decidir la distribución de los 3.100 millones de euros de más con los que contará con las tres fuerzas de izquierdas presentes en el Parlament, la CUP, el PSC y los comunes. El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, se ha referido a esos partidos como posibles socios, si bien es En Comú Podem el que lleva la delantera: ha habido diferentes tomas de contacto desde julio y esta semana se podría confirmar ese acercamiento con una reunión en el Palau de la Generalitat.

Giró, un ortodoxo de las finanzas públicas acabado de aterrizar en la política, ha confirmado que se tratará de nuevo de unos Presupuestos expansivos, el límite de gasto se situará en los 33.113 millones (un 10% más) y ha lanzado una zanahoria a sus posibles aliados. La distribución de esos nuevos recursos disponibles, procedentes de las transferencias del Estado, tendrán dos focos preferentes: políticas sociales y economía productiva, en la que destacará el apoyo al pequeño comercio.

La cifra de 33.113 millones aprobada por el Govern este martes no es definitiva, puesto que puede cambiar sujeta a posibles modificaciones en la previsión de ingresos, pero marca ya la hoja de ruta con la que poder negociar con los partidos de la oposición dispuestos a colaborar en la aprobación de las cuentas. Aunque presente en la terna de candidatos, la CUP ha perdido la prioridad en las negociaciones que tuvo el año pasado, de las que cayó tras diez reuniones con el Departamento de Economía. El PSC, que envió una carta pidiendo entrar en la negociación, se verá esta semana con Giró para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

El que parece el elegido para que los Presupuestos vean la luz vuelven a ser los comunes, que de confirmarse ese extremo se convertirían en la muleta presupuestaria de la coalición ERC-Junts. Negociacion y aprobaron los de 2020 con una batería de medidas fiscales importantes y fue gracias a ellos que el actual Govern de Pere Aragonès pudo sacar adelante los de este año, en una negociación in extremis tras el colapso de las negociaciones con la CUP.

El panorama de este año para los comunes ha cambiado respecto a sus dos últimos apoyos. Asumen que no podrán forzar la creación o subida de nuevas figuras tributarias en un momento en el que Junts ha aprobado una ponencia política que persigue reducir el Impuesto de Sucesiones, la eliminación del de Patrimonio y la reducción de la presión fiscal en general. Pero tampoco quieren participar en la aprobación, como sucedió el año pasado, cuando empezaron a negociar cuando el proyecto de ley presupuestaria ya estaba en el Parlament y solo se podían presentar enmiendas, lo que limitaba el intercambio de partidas presupuestadas validadas por el Govern.

Pese a esa limitación, los comunes ven la posibilidad de entrar en la negociación a través de la actualización del indicador de renta de suficiencia (IRSC, equivalente al IPREM que utiliza el Estado). No es un tema baladí; congelado desde hace doce años ha sido largamente reivindicado por las entidades sociales. Ni desconocido para la Administración, ya que el compromiso existe desde hace un año sin que el Ejecutivo de Aragonès haya movido un dedo para resolverlo. El cambio del baremo (al alza) permitiría ampliar el número de personas que pueden acogerse al programa de renta garantizada. Desde 2010, el IRSC está congelado en 569 euros al mes en 14 mensualidades, que es el tope de ingresos que una familia puede tener para que se le conceda, por ejemplo, la renta garantizada de ciudadanía. El Idescat sitúa el umbral de pobreza en los 11.297 euros.

Convencidos de que serán de nuevo socios preferentes y claves para pactar los presupuestos, los comunes fijan otras cuatro grandes prioridades en las cuentas. David Cid, portavoz de En Comú Podem, ha pedido que sean expansivas y sin recortes; que no se rebajen los impuestos a las rentas altas -ni patrimonio ni sucesiones-; que se afronte la emergencia climática –”Cataluña no se ha construido ni un solo molino de viento en tres años”- y que el Govern construya “un escudo” contra la inflación.

Mientras, el PSC está a la expectativa y con pocas esperanzas de tener un papel en la ecuación. Los socialistas intentan digerir el enésimo portazo que les ha dado Aragonès -rechaza negociar con ellos- con la postura de Giró, que les ha convocado a una reunión. Las dos partes están intentando cuadrar las agendas. “Me sabe mal, pero creo que el president no nos quiere por partidismo”, dice la socialista Alícia Romero, que pone en valor el aumento del techo de gasto hasta en 33.000 millones. “Son muchos recursos a su disposición”, afirma la portavoz del PSC. Su objetivo es ayudar a las familias de las clases medias y trabajadoras y a las empresas por el aumento del coste de energía y las materias primas. “Se ha abierto una pequeña grieta con Giró pero le pediremos que sea sincero con nosotros”, dice Romero. “No queremos perder el tiempo y que nos mareen”.

La CUP, de momento, se mantiene en un discreto segundo plano después de que las negociaciones con el Govern de hace un año no prosperaran. Laia Estrada, diputada anticapitalista, ha sostenido este martes en el Parlament que el Ejecutivo no les había llamado todavía y que sus políticas actuales solo hacen que agudizar las urgencias sociales y la emergencia climática. “Si nos lo piden, nos sentaremos”, afirma. “Pero no confiamos en que den el giro de 180 grados en las cuentas ni en el enfoque global de la legislatura, que se sostiene con el PSC y los comunes”.

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