Cataluña moviliza solo la mitad de los fondos europeos transferidos por el Estado

Hace dos años que el Consejo Europeo aprobó el manguerazo de 750.000 millones de euros (140.000 millones para España) para ayudar a sacar a la economía comunitaria del agujero en el que le metió la crisis de la covid. Pero a esas ayudas les está costando llegar y de momento existe la percepción de que son apenas una lluvia fina incapaz de luchar contra una recuperación con demasiados interrogantes. Cataluña es un buen ejemplo. La Generalitat apenas ha podido movilizar hasta ahora 777 millones de euros, un 48% de los recursos correspondientes al fondo Next Generation que le ha transferido el Estado hasta el momento, según sus últimos datos a 14 de julio,

La movilización de esos recursos por parte del Gobierno catalán tampoco significa que hayan llegado ya a pie de calle, sino que se han abierto las convocatorias y licitaciones necesarias para que los interesados opten a ellas. El Gobierno central asegura haber ejecutado ya los 1.022 millones de euros que tenía que inyectar directamente en Cataluña en el bienio 2021 y 2022 a través de los diferentes programas de actuación articulados desde los ministerios. Cataluña tendría que recibir un total de 3.171 millones de euros en el periodo 2021-23, de los que 2.426 millones los gestionará directamente la Administración autonómica. De esa cuantía total, de momento habrían llegado 1.629 millones hasta ahora.

“Existe un decalaje entre la transferencia del dinero y la ejecución”, aclara Mariona Sanz, directora general de Fondos Europeos de la Generalitat. Sanz defiende que la Administración autonómica está trabajando sobre el calendario previsto, pero también admite la necesidad de adaptar los tiempos, porque desde que se anuncia la transferencia en las conferencias sectoriales con las comunidades a que se desarrolla toda la reglamentación pasan meses. Y a eso se añade la curva de aprendizaje de poner en marcha todos los programas. “A partir de ahora creo que todo avanzará mucho más rápido”, sostiene Sanz, “porque activar todos los mecanismos ha sido farragoso”.

El retraso que está experimentando la Generalitat lo conoce a la perfección la Administración del Estado. El pasado año apenas había gastado 2.400 millones de euros de los fondos europeos incluidos en el Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia, apenas una décima parte de lo previsto. El Ejecutivo lo argumentaba por el retraso acumulado por la Comisión Europea, que no aprobó el plan hasta julio pasado, y porque articulaba la activación de esas ayudas a través de entes y empresas públicas como Adif, Tragsa, Puertos del Estado o IDAE, encargados de crear las regulaciones, abrir los concursos y acabar decidiendo quién se quedaba esos recursos.

Algo similar está sucediendo en la Generalitat, que empezó a recibir el primer paquete de recursos a finales del año pasado, cuando pudo empezar a desarrollar toda la normativa necesaria y adaptarse al nuevo sistema de reparto y a los nuevos criterios fijados en Bruselas. El método ha cambiado. Antes se repartían las ayudas en función de lo que los demandantes gastaban, mientras que ahora se reparten en función de una serie de criterios fijados por la Comisión y, en el caso de que estos no se cumplan, esas subvenciones se tendrán que devolver. La gestión de la tesorería, en este caso, no es ningún problema. El Govern ha optado por que sean organismos autónomos como Infraestructures.cat, el Instituto Catalán de Energía y otros los que repartan los recursos existentes mediante convocatorias propias.

Hasta el momento se han realizado 37 convocatorias de ayudas de las 56 previstas y 12 licitaciones de las 37 pendientes. Hay plazo hasta el próximo ejercicio para llevarlas a cabo. De ahí salen los 777 millones movilizados de un conjunto de un total de 1.629 millones de euros de transferencias ya efectuadas. En el caso de la Generalitat, se trata sobre todo de recursos que movilizará la propia Generalitat a través de sus departamentos (se financiará con esos fondos desde el plan de educación infantil hasta el plan de choque de Formación Profesional) o subvenciones para, sobre todo, los contribuyentes. En este último paquete destacan las ayudas para la rehabilitación de edificios siempre y cuando tengan un componente de eficiencia energética o la colocación de placas fotovoltaicas.

La Generalitat ha quedado exenta del reparto de ayudas a empresas, que el Gobierno central está empezando a articular. En ese pilar de las subvenciones descansa gran parte de la conversión económica e industrial sobre la que se ha depositado tanta confianza en los fondos europeos. Sobre todo a través de los denominados proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, más conocidos por sus siglas PERTE.

Hay múltiples empresas que esperan participar en esas convocatorias milmillonarias, entre las que destacan la reconversión de la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) para adaptarse a la fabricación de coches eléctricos o el proyecto para que desde el Barcelona Supercomputing Center (BSC) se participe en la creación de chips desde Europa.

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