Aragonès y los comunes cierran el acuerdo presupuestario con la promesa de actualizar las ayudas sociales

El Gobierno de la Generalitat y el partido Catalunya en Comú Podem han oficializado este jueves el acuerdo que permitirá tener la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos catalanes del próximo año. En la formalización del acuerdo no ha asistido el consejero de Economía, Jaume Giró (Junts). Los comunes ya habían mostrado su apoyo a las cuentas después de que la CUP decidiera apartarse de la negociación, pero el acuerdo incluye algunos cambios reclamados por el partido de Jéssica Albiach con respecto al proyecto inicial, sobre todo en el campo de la fiscalidad y de la sanidad. Uno de ellos es el compromiso del Govern de actualizar el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), un baremo que se utiliza para marcar el tope de distintas ayudas sociales, y que está congelado desde hace 11 años, con lo que las prestaciones no han podido incrementar en todo este tiempo.

La negociación del acuerdo ha sido controvertida desde el primer momento, cuando fue Aragonès quien tomó la iniciativa de buscar como muleta parlamentaria a los comunes pese a la oposición de Junts, que llegó a ausentarse en algunas reuniones. La semana pasada el consejero Giró presentó algunas enmiendas de carácter fiscal que son las que justo están en el centro de la negociación, si bien hoy se ha ausentado del acto. La portavoz del Departamento de Economía y Finanzas ha restado importancia a esa falta y ha asegurado que será él quién defienda las cuentas en el pleno que las aprobará el próximo jueves.

Actualización de prestaciones. El compromiso del Govern responde a una larga reivindicación de las entidades sociales y los sindicatos pero su cumplimiento no será inmediato. El acuerdo con los comunes supedita este compromiso a que la Generalitat coordine la gestión del Ingreso Mínimo Vital, una prestación estatal que está teniendo una implementación muy baja, y que se complementa con la catalana Renta Garantizada de Ciudadanía, con lo que su coordinación es necesaria para que sea más eficiente. La Generalitat lleva meses reclamando la gestión del IMV, pero todavía no se ha concretado cómo se hará.

Cuando Giró presentó el proyecto de presupuestos en el Parlament, el sector social advirtió que, una vez más, no se contemplaba una actualización del IRSC. Este baremo es la cuantía que la administración autonómica fija anualmente como tope para permitir el acceso de los ciudadanos a distintas ayudas sociales. Es lo que establece el perímetro de personas a las que se dirige una prestación, y se creó en 2006 para superar el baremo estatal (IPREM). La ley marcaba que tenía que actualizarse anualmente en los presupuestos, pero no se ha actualizado ni de acuerdo con el IPC, pese a distintas mociones parlamentarias que lo reclamaban. Ahora, por primera vez, el IPREM, que sí que se ha ido actualizando, ya supera al baremo catalán. Desde 2010, el IRSC está congelado en 569 euros al mes en 14 mensualidades, o 664 en 12 mensualidades. Con él se calcula el tope de ingresos que una familia puede tener para que se le conceda, por ejemplo, la renta garantizada de ciudadanía, y también es el baremo para calcular la prestación: una familia de un miembro recibirá el 100% del IRSC, porcentaje que irá aumentando si hay más miembros. Por lo tanto, la congelación del baremo no solo limita la gente que puede pedir la ayuda, sino que impide que esta sea mayor.

Fiscalidad. El Gobierno aprovechará la ley de Acompañamiento que se debatirá también en el pleno del jueves para modificar a la baja los tramos de los impuestos del tramo autonómico del impuesto de la renta, lo que supondrá rebajas para los contribuyentes que ingresen menos de 35.000 euros anuales brutos (equivalente a una base imponible de menos de 33.000 euros). Los mayores beneficiados serán las rentas más bajas. Quienes acrediten hasta 12.450 euros verán como su tipo aplicable se reduce del 12% al 10,5%. De hecho, son estos contribuyentes el origen de la modificación fiscal, ya que el Govern lo que pretende revertir es la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre que eliminaba una deducción aprobada en 2020 para este colectivo.

Entre las medidas también se introducen otros pequeños cambios en las deducciones para familias monoparentales, que se equipararán al resto por sus contratos de alquiler y cuando tengan un hijo o adopten. Asimismo, la el impuesto de Sucesiones equipara a las personas acogidas al trato que actualmente reciben los hijos de personas finadas.

Refuerzo en salud. El acuerdo prevé dar un mandato al departamento de Salud para que internalice la prestación del servicio de atención telefónica 061, y también pide que se evalúe si podría internalizarse el 112, el teléfono de emergencias. El proyecto también incluye un refuerzo en la atención a la salud mental y a las adicciones, con un incremento de 80 millones de euros para hacer políticas en este ámbito y el refuerzo de profesionales. También se desplegará un servicio de prevención del suicidio en el mismo teléfono 061.

Otro de los aspectos sanitarios destacados es el compromiso de recuperar la actividad asistencial sanitaria en los temas que no tengan relación con el coronavirus, una actividad que ha sufrido una desatención durante la pandemia. Así, se destinarán 60 millones de euros a la recuperación de la actividad diagnóstica y control de enfermedades, y 100 millones para el incremento de la actividad quirúrgica. También se incidirá en la salud bucodental con el despliegue de la ley 12/2020 que garantiza la atención pública a la población infantil y a los adultos vulnerables, con un incremento de 40,5 millones.

Infraestructuras. El acuerdo contempla la reserva de partidas iniciales para implantar servicios de tranvía en las comarcas del Bages, la Costa Brava, el Pirineo y del Ebro. Asimismo, en las enmiendas introducidas se obliga al Govern a finalizar el despliegue de los servicios de Rodalies en Lleida y a estudir una mejora de los servicios en el Penedès.

Vivienda. El acuerdo con los comunes incluye, en materia de vivienda, algunas de las reivindicaciones que puso la CUP sobre la mesa cuando formaba parte de la negociación. Una de ellas es llegar a los 1.000 millones de euros en políticas de vivienda, 251 millones más de lo que preveía el proyecto de presupuestos inicial. Esta partida adicional servirá para aumentar el parque público mediante el tanteo y retracto o la construcción de nuevas viviendas. El Govern también incrementará con 3,2 millones de euros la aportación al Consorcio de la Vivenda de Barcelona, tras las quejas del Ayuntamiento por cubrir más de lo que le corresponde.