La Fiscalía pedirá prisión y una elevada inhabilitación para Laura Borràs pero excluye la malversación y el fraude

La Fiscalía está dando los últimos retoques al escrito de acusación contra la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por las irregularidades en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo de la Generalitat que presidió entre 2013 y 2018. Borràs fue procesada hace apenas unos días por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por cuatro delitos de corrupción. El escrito del ministerio público, sin embargo, excluye dos de esos delitos: malversación y fraude. La Fiscalía solicitará en todo caso penas de prisión para la presidenta de Junts, por el delito de falsedad documental, y elevadas penas de inhabilitación para ejercer cargo público por el de prevaricación, según han informado a EL PAÍS fuentes al corriente del escrito.

El pasado marzo, el TSJC procesó a Borràs por haber fraccionado de forma ilegal contratos de la ILC con el objetivo de favorecer a un colaborador suyo, el informático Isaías H. La líder de Junts recurrió entonces con éxito para disponer de algo más de tiempo y para que se practicaran nuevas diligencias. Este tiempo ha servido, sin embargo, para que uno de los cuatro investigados, el funcionario Roger E., haya aportado nuevas pruebas ―dos archivos de audio y unas auditorías del Departamento de Cultura― que refuerzan los indicios contra Borràs. Tras dictar un nuevo procesamiento, que la deja a un paso del banquillo, Borràs recurrió de nuevo para que la juzgue un “jurado popular”, en una estrategia orientada a ganar tiempo, puesto que la apertura de juicio oral puede suponer, en aplicación del reglamento del Parlamento catalán, que pierda su condición de diputada.

Esta vez, la Fiscalía no ha querido esperar a que el tribunal resuelva un recurso que, según coinciden todas las fuentes consultadas, tiene muy escasas probabilidades de prosperar, porque la ley del jurado excluye explícitamente el delito de prevaricación. El planteamiento general de la acusación estaba ya formado desde hacía meses, pero el escrito ha tenido que pasar estos días el filtro de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, tal y como prevé el estatuto de la institución. Ahora está en manos de la Fiscalía Superior de Cataluña, que ultima los últimos retoques para presentarlo este mismo jueves.

La acusación, coinciden las mismas fuentes, deja finalmente fuera dos de los delitos que implican penas de prisión. El más destacado, por la gravedad de la pena que comportaría, es la malversación (de cuatro a ocho años de cárcel e inhabilitación). Este delito castiga a “la autoridad o funcionario” que sustraiga caudales públicos. Borràs fue directora de la ILC entre 2013 y 2018 y, como tal, era la máxima responsable de contratación de ese organismo dependiente del Departamento de Cultura. La Fiscalía considera que, pese a las irregularidades en la contratación, Isaías H. ejecutó los trabajos que se le habían encomendado (el portal web de la institución) y, por tanto, no hubo desvío de fondos públicos. El otro delito excluido es el fraude administrativo, que castiga a las autoridades que “se concierten con los interesados” para “defraudar” a un organismo público. De nuevo, la clave de que el ministerio público haya dejado fuera este delito ―castigado con penas de dos a seis años de cárcel y también con inhabilitación― es que no se aprecia perjuicio al erario público.

Borràs sí será acusada por la Fiscalía por el tercero de los cuatro delitos, que también implica penas de prisión: un delito continuado de falsedad en documento mercantil. El Código Penal lo castiga con una pena de entre tres y seis años de cárcel; en esa horquilla estará lo solicitado por el ministerio público; la falsedad incluye también una pena de inhabilitación de dos a seis años. Los indicios de este delito en la causa son abundantes, según considera la Fiscalía y según dejó acreditado el TSJC en el auto de procesamiento del pasado mayo. La investigación “muestra la confección y posterior presentación por parte de Isaías H. de presupuestos atribuidos a personas físicas y jurídicas que han negado su intervención en estos documentos, así como la realidad de la oferta que reflejaba cada uno de los presupuestos”. La elaboración de los documentos “obedecía al propósito de Isaías h. y Laura Borràs de simular una concurrencia de ofertas en los expedientes de contratación de los servicios relativos a la página web de la ILC”, aseguró el magistrado.

Los correos electrónicos intercambiados entre la presidenta del Parlament y su colaborador muestran ese concierto entre ambos y son la base, también, del otro delito que incluirá la acusación: el de prevaricación administrativa, también en su modalidad continuada. Este delito castiga a la “autoridad o funcionario público” que dicte una “resolución arbitraria” a sabiendas de su injusticia. Prevé una inhabilitación para cargo público de entre 9 y 15 años.

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