El Govern quiere mantener las limitaciones a las VTC pero abre la puerta a que circulen el doble de coches

La Generalitat ultima el decreto que debe entrar en vigor el próximo 1 de octubre para dar cobertura a la actividad de las licencias VTC, los vehículos con conductor, que en ciudades como Barcelona tienen al sector del taxi en pie de guerra, porque les ven como competencia desleal. En esa fecha finaliza la vigencia del decreto firmado en 2018 por el Gobierno central, conocido como Decreto Ábalos, que suponía un periodo indemnizatorio para los VTC que operan en las ciudades. El precio de estos permisos en Barcelona ronda en el mercado secundario los 35.000 euros, mientras que la licencia de taxi supera los 120.000. Desde el próximo 1 de octubre las competencias sobre la regulación del sector pasan a las comunidades.

El decreto que prepara el departamento de Políticas Digitales y Territorio, de dos años prorrogables a otros dos, pretende mantener las actuales condiciones a las VTC, a la espera de las sentencias que deben resolverse en el Tribunal Supremo o tribunales europeos. Mientras, la idea es redactar una nueva Ley de Movilidad. El decreto provisional mantiene la precontratación de VTC en las plataformas como Cabify o recientemente Bolt con 15 minutos de antelación y abre la puerta a que circulen el doble de vehículos con licencia VTC.

Actualmente en Cataluña hay 4.000 licencias VTC de las que entre 2.570 y 3.000 tienen autorización para operar y coche. Y de éstos solo 1.455 prestaban servicio en el último recuento del Ministerio, de febrero pasado. El Govern entiende que si no han operado durante la vigencia del Decreto Ábalos, no lo harán ahora. Pero podrían hacerlo, saltando de casi 1.500 a 3.000 VTC en la calle.

Los taxistas han reaccionado airados al proyecto. “Si no hay limitaciones, nos echamos a la calle y volvemos a la Gran Via”, ha asegurado este lunes el líder de Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez. El taxista ha revelado que solo desde 2021 ha habido 3.700 multas, “el 95% a Cabify, por incumplir condiciones como la precontratación de 15 minutos, captar clientes en la calle o estacionar en la vía pública: “¿Se han estado pasando la normativa por el forro y ahora los van a blanquear? No lo vamos a aceptar, vamos a la guerra”, ha asegurado evocando la huelga que en 2019 mantuvo bloqueada la Gran Via con taxis durante seis días. El Govern asegura que envió un comunicado a las empresas recordándoles sus obligaciones, pero que las sanciones corresponden al Área Metroplitana de Barcelona.

La Generalitat calcula que de los 1.455 VTC que circulan la mitad responden a la modalidad tradicional de los vehículos con conductor: realizan transportes para empresas a aeropuertos, trabajan para empresas, bodas, hoteles... y se reservan con 24 horas de antelación. El taxi no les ve como competencia, como sí ocurre con los que trabajan para plataformas como Cabify, Uber (que se marchó de Barcelona tras el último decreto pero ahora opera con taxis tradicionales) o, recientemente, Bolt.

En el decreto que prepara el Govern se mantienen los 15 minutos de precontratación y como novedades obliga a los conductores de VTC a contratar el mismo seguro de responsabilidad civil que los taxistas, que es más costoso; y a tener un año de permiso de conducir. Otra novedad es que el vehículo esté operando en los últimos seis meses. El texto mantiene la autorización por parte del departamento y que los ayuntamientos o Área Metropolitana de Barcelona fijen cuestiones como el descanso o los horarios. Y autoriza a los entes locales a que puedan exigir formación específica.

En lo que el futuro decreto no entra es en la proporción que siempre han exigido los taxistas de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Ahora, con 10.500 taxis en el área de Barcelona y 12.300 si se incluye toda Cataluña, la proporción está muy alejada de la petición de los taxistas: es de 1 a 7. Una de las sentencias que han llegado al Tribunal Supremo sobre la cuestión es leída por los dos sectores de forma contraria; unos entienden que avala el 1/30 y otros que no. La discrepancia ha llegado a los tribunales europeos.

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