El principal órgano consultivo de la Generalitat avala la constitucionalidad de la ley de lenguas oficiales

El Consejo de Garantías Estatutarias, el principal órgano jurídico consultivo de la Generalitat de Cataluña, ha emitido este martes un dictamen, aprobado por unanimidad, en el que considera ajustada a la Constitución y al Estatut la proposición de ley sobre el uso de las lenguas oficiales en la escuela pactada hace diez días por ERC, Junts, En Comú Podem y el PSC. El dictamen, que no es vinculante, fue solicitado por Vox, Ciudadanos y el PP, y su aprobación abre la puerta a que el pleno del Parlament apruebe este miércoles la ley.

El informe señala que la nueva norma recoge como lengua vehicular de la enseñanza solo el catalán, mientras define como lenguas de “uso curricular y educativo” al catalán y al castellano. Esa referencia al catalán como única lengua vehicular va acompañada del reconocimiento del castellano, por primera vez, como lengua “curricular”, lo que según el Consejo le da rango de lengua de aprendizaje. El Consejo de Garantías Estatutarias sostiene que el uso curricular de una lengua “supone reconocer la posibilidad de que se extienda sobre todo el conjunto de elementos que integran el sistema educativo” y apunta que “es obvio” que con esa condición el castellano podrá ser usado en otras “asignaturas o áreas” más allá de la de Lengua Castellana. No precisa, sin embargo, si esas asignaturas serían troncales, como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Diversas sentencias del Tribunal Constitucional, el Supremo y del TSJC obligan desde hace años a que ambas lenguas, castellano y catalán, sean “vehiculares”. La última sentencia emitida al respecto por el TSJC dictamina que al menos un 25% de las materias, y al menos una de ellas troncal, deben ser impartidas en castellano para que esa vehicularidad se cumpla. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre si la proposición de ley pactada por ERC, Junts, PSC y En Comú Podem supone o no el acatamiento de la sentencia.

El informe del Consejo de Garantías Estatutarias, de 30 páginas, sostiene que el apartado 2 del artículo 1 de la proposición de ley, que omite al castellano como lengua vehicular, no vulnera los artículos 3 (el castellano es la lengua oficial en toda España) y 27 (libertad de enseñanza) de la Constitución, así como tampoco los artículos 6 (el catalán es la lengua preferente y normalmente utilizada en el aprendizaje) y 37 (garantías de los derechos estatutarios) del Estatuto catalán. Además, sostiene que la no inclusión de porcentajes ―la reforma legal no menciona el 25% ordenado por el TSJC― tampoco infringe los cuatro artículos citados.

Tras una agónica negociación, los cuatro grupos pactaron el contenido de la nueva ley en un juego de equilibrios y haciendo lecturas diferentes sobre qué quería decir “curricular”. Los tres partidos soberanistas ―ERC, Junts y En Comú Podem― aseguraron que el acuerdo blindaba el modelo de inmersión (en el que la única lengua vehicular es el catalán), mientras el PSC sostenía que el concepto “curricular” era sinónimo de “vehicular y de aprendizaje”. El dictamen señala que vehicular, según la proposición de ley, sólo es el catalán, pero que el castellano, siendo “curricular”, podrá ser utilizado más allá de la asignatura de Lengua Castellana (sin entrar en si se usará en asignaturas troncales o en otro tipo de áreas).

La socialista Alicia Romero ha expresado su satisfacción con el informe, que establece que el catalán es el centro de gravedad del sistema educativo y que el castellano es una lengua de aprendizaje. “Esperamos que mañana se apruebe con la solemnidad que merece este acuerdo”, ha dicho, recordando que 106 de los 135 diputados avalan la nueva ley.

Ausencia de porcentajes

El dictamen del Consejo ―integrado por nueve consejeros, seis a propuesta del Parlament y tres del Govern― apunta además que ni el Tribunal Constitucional ni las sucesivas leyes orgánicas de educación han fijado nunca porcentajes para el uso de las lenguas. “Es opción de política educativa legítima, pero no es la única”, expone, y remarca que esa decisión corresponde al legislador: “Entender lo contrario conduciría a atribuir a los tribunales una facultad de decisión política que sobrepasa la función jurisdiccional que les otorga la Constitución”.

David Cid, portavoz de En Comú Podem, ha pedido a PP, Vox y Ciudadanos que dejen de hacer “el ridículo” generando “falsas polémicas”. “Hemos hecho el trabajo para proteger el catalán. Es un texto robusto. El consenso es la mejor respuesta a la crispación”, ha dicho. Marta Vilalta, de ERC, ha celebrado también el texto, que considera que resguarda la escuela catalana: “Hay un gran consenso y hemos preservado el catalán como instrumento de cohesión y no de enfrentamiento”. La CUP discrepa de la visión del resto de grupos soberanistas y sostiene que el dictamen reconoce que la nueva ley ha generado un nuevo marco lingüístico. La diputada Laia Estrada ha instado a ERC y Junts a que retiren la ley o reconozcan a sus votantes que están dando “cobertura legal y política” para acabar con la inmersión y dar pie a la segregación lingüística.

En el otro lado del hemiciclo, la bancada de la derecha ha refrendado su intención de recurrir la ley al Constitucional. Lorena Roldán, del PP, ha afirmado que la nueva norma solo aspira a burlar la sentencia del 25%, y Nacho Martín Blanco, de Ciudadanos, ha arremetido contra el PSC y ha insistido en que el castellano solo puede ser vehicular si se acata el 25% de horas lectivas en castellano. Los tres partidos han solicitado un nuevo dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el reciente decreto elaborado por el Govern que también omite la aplicación de porcentajes.

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