El nuevo reglamento para convocar consultas en Barcelona pide recoger 90.000 firmas

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobará el próximo viernes el nuevo reglamento de participación ciudadana. Ya tiene asegurados los votos del gobierno (comunes y PSC), de ERC y Junts. El nuevo texto es, de hecho, una versión del primero que redactaron los comunes y que la justicia anuló tras recibir un alud de recursos, lo que impidió celebrar una consulta ciudadana sobre la municipalización del agua. Ahora, la principal novedad es que para convocar una consulta las entidades promotoras deberán reunir casi 90.000 firmas (88.700), seis veces más de las 15.000 previstas en el reglamento inicial.

Tanto el consistorio como las asociaciones ven prácticamente imposible la celebración de una consulta antes de finales de este mandato, dentro de un año. El reglamento prevé poderlas celebrar hasta seis meses antes de la fecha de las elecciones, en mayo, pero los plazos son muy ajustados. En el anterior mandato, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau había anunciado que celebraría una semana “multiconsulta” los meses de mayo de todos los años salvo los electorales. Esta posibilidad no queda recogida en el texto.

Entidades de la ciudad como la Federación de Asociaciones Vecinales (FAVB) o el Consejo de Asociaciones consideraron este miércoles “imposible” reunir un número tan elevado de apoyos. “Supone que las organizaciones que quieran convocar deberían detener su actividad para dedicarse únicamente a la recogida”, lamentó el vicepresidente de la FAVB, Albert Recio. “No nos podemos ni imaginar lo que supone, es absolutamente imposible [reunir tantas firmas]”, añadió Joan Manuel Parisi, del Consejo de Asociaciones.

El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, aseguró que el nuevo reglamento tiene “absoluta solidez jurídica” y recordó “el alud de recursos que recibió el reglamento en 2017 cuando fue aprobado en el pleno con un gran consenso político”. Fueron más de diez Contenciosos y 50 recursos presentados en distintos juzgados. Entre ellos de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (que también se querelló contra la alcaldesa por subvenciones a entidades afines) o la Cámara de concesionarios, que representa a empresas que gestionan bienes públicos como el agua, señaló Serra. La nulidad llegó en una sentencia de octubre de 2018.

En un 90% el reglamento es igual, defendió Serra. Para esquivar nuevos recursos, el nuevo reglamento bebe de la Ley de Consultas del Parlamento de Cataluña, “que fija un número de firmas mucho más elevado del que fijaba el original del Ayuntamiento”. Además, se amplía de dos a tres los meses de tiempo para recabar apoyos. Otra fórmula prevista para convocar una consulta es que la apruebe dos tercios del pleno municipal.

Otra cuestión que podría dificultar la celebración de una consulta es que, en última instancia y de acuerdo a la Ley de Bases del Régimen Local, si se consultara por una cuestión que afectara a toda la ciudad, el Consejo de Ministros debería darle el visto-bueno.

“Se podría hacer una consulta sobre la municipalización del agua”, aseguró el concejal de Derechos de Ciudadanía, pero habría que volver a recoger firmas o conseguir una mayoría de dos tercios del pleno, porque en su día decayó con la anulación del reglamento. “No es imposible, materialmente no es imposible”, mantuvo.

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