Los recursos y la mala planificación amenazan la consulta de Colau

La promesa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de celebrar consultas ciudadanas quedará, en el mejor escenario, en una sola convocatoria con solo cuatro preguntas, dos impulsadas por el mismo gobierno. Los recursos de administraciones y entidades junto con las denuncias de asociaciones y la desconfianza de la oposición, además de la mala planificación, amenazan una multiconsulta que no se celebrará, como estaba previsto, en mayo. El gobierno acusa a Agbar de boicotear una iniciativa que preguntará sobre la municipalización del agua.

El pleno municipal extraordinario previsto para mañana abordará una multiconsulta que incluirá dos preguntas de iniciativa ciudadana y otras dos propuestas del equipo de gobierno. Se votarán las preguntas (que pasarán si tienen mayoría simple) y se votará también si las formaciones acatarán lo que diga la ciudadanía en cada pregunta.

Antes de llegar al poder, Colau criticó que su antecesor, Xavier Trias, no había impulsado ningún tipo de consulta ciudadana y se comprometió a revertir esa situación. Pero el mandato se saldará con una sola convocatoria, porque el año que viene, al ser electoral, no se podrá repetir. Tras hacer público el reglamento del multireferéndum en marzo pasado —al estilo de los que se celebran en Suiza— los actores económicos e institucionales han puesto en cuestión las intenciones de la exlíder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

A principios de marzo, tres propuestas ciudadanas presentaron las 15.000 firmas necesarias para someter sus preguntas a la futura multiconsulta. Tras revisar la documentación, el Consistorio comprobó que la propuesta que pedía la compra del gimnasio de Sant Pau no consiguió validar las firmas necesarias. Sí lo consiguieron la iniciativa que promueve cambiar de nombre de la plaza del esclavista Antonio López por Idrissa Diallo —el primer fallecido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca— y la que propone preguntar a la ciudadanía sobre la remunicipalización del agua.

Pero los ataques a la multiconsulta comenzaron antes incluso de conocerse las iniciativas. A principios de año, la Delegación del Gobierno de Cataluña y la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público presentó un recurso contra el reglamento. La asociación de Abogados Catalanes por la Constitución interpuso también un contencioso contra esta normativa municipal y Aguas de Barcelona (Agbar), un recurso de alzada contra la pregunta sobre la municipalización.

Además, el Ayuntamiento tuvo que paralizar el concurso de la organización de la consulta después de que el Tribunal catalán de Contratos del Sector Público suspendiera el proceso de contratación. El tribunal adoptó la decisión después de que una empresa andaluza recurriera el procedimiento al entender que las empresas de fuera de Barcelona estaban en inferioridad de condiciones. El Ayuntamiento decidió asumir con personal interno la organización de la consulta.

El ejecutivo mantiene que el multireferéndum se hará, pero a principios de la semana pasada se conoció que la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), con sede en Madrid, había denunciado al Consistorio, ante Fiscalía, por un presunto delito de revelación de secretos. Les acusaban de ceder los datos del padrón —con menores de edad, porque está previsto que voten los mayores de 16 años— para celebrar el multireferéndum. Martín Miralles, portavoz de ATCD, explica que la entidad la integran “un grupo heterogéneo de personas de diferentes ideologías” y que denunció porque “el padrón no puede utilizarse como censo”.

Los recursos no han paralizado el proceso pero, por el momento, han conseguido que la oposición en el Consistorio mire con recelo el proceso participativo. Solo el equipo de gobierno presentará dos preguntas. Una sobre si el solar contiguo al hotel del Rec Comtal se mantiene para viviendas públicas o se destina a equipamientos o zona verde. Y la segunda, a los vecinos de Sant Martí, sobre si se aumenta la vivienda social en el planeamiento del 22@.

La concejal de participación, Gala Pin, mantiene que “el proceso de participación está amparado en la carta municipal. Hay una empresa que está intentando que la ciudadanía no tome partido sobre una pregunta —refiriéndose a la municipalización del agua— y ataca a la autonomía institucional”.

El presupuesto inicial de la consulta es de cerca de 900.000 euros y según el secretario municipal el Consistorio es competente para la celebración amparándose en el artículo 35 de la carta municipal de la ciudad.