Los afectados por el ‘caso Pegasus’ buscan acreditar ante el juez que el CNI les espió

José Antonio Cruz puede acabar siendo una víctima colateral del caso Pegasus. Es probable que, en las próximas semanas, al titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona se le acumule el trabajo. Los abogados de los afectados por el espionaje a través del software Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO, han manifestado este mediodía su intención de que ese magistrado amplíe la investigación que ya tiene abierta para incorporar a buena parte de los más de 60 independentistas que, presuntamente, fueron víctimas del hackeo de sus teléfonos móviles. Las querellas se dirigirán contra la empresa, aunque el objetivo declarado es que se acredite, en sede judicial, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dirigió un espionaje que consideran “masivo” e “ilegal”.

En octubre de 2020, el magistrado Cruz abrió diligencias tras una querella presentada por el expresidente del Parlament Roger Torrent y el exdiputado autonómico Ernest Maragall, ambos de Esquerra Republicana, por los delitos de interceptación ilegal de las comunicaciones y espionaje informático. Torrent y Maragall, que fueron espiados gracias a una vulnerabilidad de WhatsApp entre abril y mayo de 2019, se querellaron contra NSO Group y contra el exdiretor del CNI Félix Sanz Roldán. El juez, sin embargo, rechazó citar a Sanz Roldán y, como única diligencia y con el aval de la Fiscalía, envió comisiones rogatorias a Israel y a Irlanda (sede de Whatsapp). Ha pasado año y medio y aún no ha recibido respuesta de las autoridades de esos países, por lo que la instrucción está encallada.

Una investigación de 21 meses de Citizen Lab, un laboratorio de ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá) ha revelado ahora que más de 60 políticos independentistas, pero también activistas y abogados de la órbita secesionista, fueron espiados a través de Pegasus. Fuentes del CNI admitieron a EL PAÍS que compraron el software y para espiar a algunos de ellos, pero que lo hicieron siempre bajo control judicial, como marca la ley. Esas mismas fuentes pusieron en duda el trabajo forense desarrollado por Citizen Lab.

Aunque hay muchas incógnitas aún por resolver, para el independentismo el caso es un escándalo mayúsculo que merece toda la contundencia. También, en los tribunales. Hace unos días, el Parlament aprobó la presentación de una denuncia por un espionaje que ha alcanzado a los cuatro últimos presidentes de la Generalitat. Este viernes, en un “acto unitario” en la Universidad de Barcelona, cuatro abogados han anunciado -sin concretarlas demasiado- las acciones judiciales que llevarán a cabo en nombre de los afectados.

El contraataque en los tribunales aún está en fase embrionaria y ni siquiera está claro cuántas querellas habrá ni quiénes, de entre los afectados, las presentarán. Los cuatro abogados que han participado en el acto se repartirán el trabajo: Gonzalo Boye actuará en nombre de los afectados de Junts, Andreu van den Eynde, de los de Esquerra; Benet Salellas, de los de Òmnium y la CUP; y Antoni Abad, de los de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La idea, en cualquier caso, es presentar ampliaciones de querella para que sean asumidas por el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, que ya mantiene abierta una causa por los mismos hechos aunque por ahora circunscrita a Torrent y Maragall. Fuentes de las defensas han señalado que las querellas se dirigirán por ahora solo contra NSO Group y que pedirán al juez que obligue a la empresa a aclarar a qué empresas gubernamentales españolas ha vendido el software. El objetivo final es obtener una respuesta sobre el papel del CNI u otros servicios de inteligencia.

“Hace año y medio que tenemos un proceso abierto. El juez y el fiscal ven delito y están investigando si lo que se hizo es ilegal”, ha explicado en el acto Van den Eynde, él mismo víctima del espionaje de Pegasus. “Esto pone en entredicho lo que dijo la ministra”, ha señalado en alusiones a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que justificó el espionaje, dentro de la legalidad -o sea con autorización del Tribunal Supremo- a líderes del independentismo. “La investigación judicial ha de subir ahora un escalón. No solo son Torrent y Maragall, hay un espacio político de más de 60 personas. Hay que presionar técnicamente a los jueces para que investiguen”, ha añadido Van den Eynde.

Gonzalo Boye, abogado entre otros de Carles Puigdemont (y también, según el informe de Citizen Lab, víctima del hackeo del móvil) ha insistido en que el espionaje es “un delito de manual” y ha advertido de que habrá “consecuencias jurídicas”, tanto en España como en el resto de Europa. El penalista Benet Salellas, por su parte, ha expresado que no tiene “ninguna duda” de que el CNI ha participado en el espionaje y se ha preguntado si está “justificada la afectación masiva a ciudadanos con la única argumentación de proteger al Estado”.

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