Junts vuelve a forzar el aplazamiento de la reforma de la ley de Política Lingüística en el Parlament
La Junta de Portavoces finalmente no incluye el debate en el orden del día del pleno de la próxima semana
La reforma de la ley de Política Lingüística sigue empantanada. La modificación de la norma para equilibrar la presencia del catalán y el castellano en la escuela (sin fijar porcentajes, como pide la justicia) no se debatirá y votará en el pleno de la próxima semana. Junts ha vuelto a forzar un segundo aplazamiento, ante el debate interno sobre el cambio que inicialmente promovió junto al PSC, ERC y los comunes.
“Si retrasar la aprobación sirve para encontrar el consenso ante la urgencia que tenemos para el catalán en la escuela, lo haremos para facilitar el acuerdo”, aseguran en las filas republicanas. La propuesta registrada conjuntamente por los cuatro grupos inicialmente llegaría al pleno de antes de Semana Santa, pero Junts solicitó postergarlo hasta el que comienza el próximo día 26. Los de Carles Puigdemont ahora fuerzan otra prórroga.
La propuesta fue presentada el pasado 24 de marzo, modificando el texto de 1998 para garantizar que el catalán sigue siendo la lengua vehicular en la escuela pero introduciendo la idea que el castellano también debe tener una presencia en los términos que fije el proyecto lingüístico que elaborará cada uno de los centros. La ley, hasta ahora, no hacía una referencia clara sobre el castellano.
Esta reforma fue uno de los argumentos que el departamento de Educación dio al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en respuesta a la ejecución de la sentencia que fijaba un 25% de clases en castellano en todo el sistema escolar. El tribunal respondía así a la dejadez de la Generalitat de legislar sobre lo que consideraba “la presencia adecuada” del castellano.
El grupo de Junts en el Parlament se descolgó del acuerdo tras el rechazo de algunos sectores a la reforma, que entendieron como el fin del modelo de inmersión. La formación pidió congelar la tramitación hasta que se lograra un “consenso político y social” sobre el texto. Entidades como Òmnium Cultural expresaron sus dudas sobre el alcance de la ley, pero aceptaba que la escuela tiene que reconocer y conocer todas las lenguas “de acuerdo a la realidad sociolingüística de cada centro”, que es precisamente el espíritu del pacto entre ERC, Junts, En Comú Podem y socialistas.
La CUP, por su parte, ha dado hoy apoyo a la Plataforma Pública i en Català, que defiende el modelo de inmersión. Esta constituida por los sindicatos USTEC-STEs (mayoritario en el sector educativo), Intersindical-CSC, Coordinadora Obrera Sindical (COS), el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). La ANC también rechaza la reforma legal y protestará la próxima semana ante el Parlament, coincidiendo con la sesión plenaria.
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