El secesionismo más duro presiona para romper el acuerdo del Parlament sobre las lenguas

El amplio acuerdo entre PSC, ERC, Junts y los comunes para garantizar un mayor equilibrio del catalán y del castellano en la escuela presentó las primeras grietas anoche apenas 12 horas después de haberse anunciado solemnemente. Los representantes del partido que lidera Carles Puigdemont pidieron a última hora de este jueves que se trabaje por un “nuevo consenso” ante “el rechazo” entre “las entidades defensoras del catalán y la comunidad educativa” y pusieron así en peligro el acuerdo anunciado poco después del mediodía. Los republicanos, sus socios en el Govern, califican de “irresponsable” dicha actitud. La modificación legal podría salir adelante aunque los 32 diputados de Junts optasen finalmente por oponerse.

El acuerdo presentado era una reforma de la Ley de Política Lingüística, de 1998, para incluir una referencia al castellano en la educación. Varias voces del independentismo más duro, como la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí o el expresident Quim Torra no tardaron en criticar los términos del acuerdo. También lo hizo, a través de Twitter, el autodenominado Consell per la República, que preside Puigdemont desde Bruselas.

Esas críticas van en el mismo camino. Creen que el cambio acaba con el modelo de inmersión lingüística tal y como está vigente (aunque en la práctica ya se estén impartiendo más clases de castellano que la asignatura correspondiente y literatura). El pacto parlamentario, si bien no especifica que el castellano sea una lengua vehicular, introduce la idea que también debe tener una presencia en los términos que fije el proyecto lingüístico que elaborará cada uno de los centros, de acuerdo con su realidad lingüística.

En un comunicado, Junts abogó por encontrar un nuevo acuerdo con entidades y la comunidad educativa y cargó contra el PSC. “El consenso que hizo posible inmersión tiene que hacer posible preservarla”, explica. El cambio de parecer en el seno de la formación independentista llega después de una reunión en el Parlament de la cúpula del partido y el grupo parlamentario.

ERC ha respondido a sus socios con un comunicado, en el que les acusa de actuar guiados por el “partidismo”.”El acuerdo al que habíamos arribado es sólido y es el más razonable para garantizar el modelo de enseñanza en catalán”, dice la nota. “Es una irresponsabilidad actuar de esta manera”, les reprocha.

El acuerdo entre los partidos llegaba en la víspera de que hoy se cumpla el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en todas las escuelas. El Govern esperaba que la modificación legal, junto con otros cambios reglamentarios, diluyeran la aplicación de la decisión judicial.