¿Vuelve el sentido común?

Al día siguiente de que la huelga del 23-M mostrara las limitaciones de la defensa numantina de la inmersión lingüística y de las llamadas a la desobediencia en el asunto del 25% de castellano en las escuelas, los partidos de gobierno independentistas (ERC y Junts) y la oposición de izquierdas no independentista (PSC y comunes) decidieron dar un paso histórico en la regulación de las lenguas oficiales en el sistema educativo por medio de una modificación exprés de la Ley de Política Lingüística. Si tras el plantón de Junts esta modificación logra abrirse camino, será la primera vez en la historia reciente de Cataluña que la legislación catalana reconozca con todas las letras que el castellano también es lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo, en los términos que establezca el proyecto educativo de cada centro y siempre de acuerdo con la necesidad de asegurar el pleno dominio de las dos lenguas oficiales al finalizar la escolaridad obligatoria.

En la proposición de ley registrada el 24 de marzo de 2022 resuenan las palabras del Tribunal Constitucional en aquella lejana sentencia de 1994 que validó el papel del catalán como “centro de gravedad” del sistema educativo “siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente, de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad autónoma”. La legislación catalana nunca excluyó expresamente el castellano como lengua docente, pero la verdad es que tampoco lo reconoció explícitamente, a diferencia de lo que ocurrió con las lenguas extranjeras, que según la Ley de Educación vigente pueden utilizarse “para impartir contenidos curriculares”.

Si esta modificación de la Ley de Política Lingüística llega a buen puerto la legislación catalana se podrá alinear con tres elementos que hasta ahora campaban por separado: las exigencias constitucionales, expresadas ya en 1994, mucho antes de las sentencias del 25%; las instrucciones que el Departamento de Educación envía a los centros educativos, que prevén la posibilidad de impartir contenidos curriculares en castellano; y la realidad de muchos centros, en los que ya se utiliza con normalidad el castellano como lengua vehicular sin que ello ponga en peligro la adquisición del catalán por parte de todos los alumnos. Y hay todavía un bonus track: después de la aprobación de la Ley de Educación de Baleares, la modificación de la Ley de Política Lingüística permitiría que los tres grandes territorios del ámbito lingüístico catalán, con expresiones más o menos explícitas, reconozcan de manera simultánea el papel del castellano como lengua de enseñanza y aprendizaje por primera vez en la historia de la España autonómica.

Al parecer, Junts no ha resistido la presión de su ala más recalcitrante ni las acusaciones de alta traición que le han llovido desde el independentismo más ardiente. El reconocimiento del castellano como lengua de enseñanza en la Ley de Política Lingüística es una victoria del sentido común; en esta encrucijada histórica, Junts deberá aclararse y decidir si opta por la confrontación o lo hace por la inteligencia.