Todo se hizo mal en la residencia de Tremp donde murieron 64 ancianos en un mes

Casi la mitad de los ancianos del geriátrico de Tremp (Lleida) fallecieron a causa de la covid-19 en apenas un mes, entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre de 2020. La muerte de 64 de los 142 residentes fue provocada por el virus, pero también por la más absoluta negligencia de la dirección del centro, que ni estaba preparado para afrontar un brote —se había saltado los planes de contingencia aprobados por la Generalitat— ni reaccionó de forma adecuada cuando el virus traspasó sus paredes.

La Fiscalía ha archivado la mayoría de las denuncias de familiares por muertes en residencias al constatar que, ante el drama desatado por la pandemia y la falta de medios, hicieron lo que pudieron. Pero el caso de Tremp es tan flagrante que el ministerio público ha llevado ante el juez a dos personas —la directora y la responsable higiénico-sanitaria— tras un año de investigación que revela cómo, durante un mes, el centro fue un escenario del horror. Los ancianos sanos eran “obligados a permanecer” con los enfermos mientras recibían un trato inadecuado: llegaron a pasar “hambre, frío y sed”, y murieron solos mientras afuera sus familiares pensaban que se encontraban bien.

La primera ola del coronavirus, que coincidió con el estado de alarma decretado por el Gobierno (de marzo a junio de 2020) fue una tragedia para residencias de toda España. Pero, por alguna razón, pasó de largo por la de Tremp, donde hubo una “incidencia nula”. Tras ese primer tsunami, las administraciones empezaron a reaccionar. La Generalitat diseñó planes de contingencia. En agosto, la directora de la residencia leridana se reunió con un responsable del Departamento de Salud. Pero incumplió todas las directrices del plan: no informó a la plantilla, no repartió el trabajo ni creó una bolsa de sustitutos, no diseñó la sectorización en tres zonas (roja, naranja y verde) ni fijó circuitos para la comida, la ropa y los residuos. Tampoco formó al personal sobre el uso de los equipos de protección individual (los EPI) ni informaba a diario sobre la situación en el centro al Departamento de Asuntos Sociales, contra lo que se le había pedido.

Cuando, el 19 de noviembre, un trabajador dio positivo por coronavirus, la residencia de Tremp estaba totalmente expuesta. La directora y la responsable higiénico-sanitaria (las dos denunciadas) dieron positivo, lo mismo que un número creciente de empleados y residentes. Lo que siguió fue el caos más absoluto: la dejación de funciones de la dirección, con una total “falta de previsión, control y supervisión”, fue clave en la rápida transmisión del virus, lo que “unido a la descoordinación sanitaria y falta de respuesta inmediata produjo el fatal desenlace”, según la denuncia presentada por la Fiscalía. Ese desenlace fue que, en un mes, el 42,95% de los residentes perdieron la vida.

La pesadilla la vivió en primera persona un técnico de Salud que, tras declararse el brote, acudió al centro. Primero, a dar instrucciones. Y después, el día 23 de noviembre, a constatar que no se había cumplido ninguna de ellas. La plantilla no solo no había sectorizado la residencia sino que, como no disponía de un control actualizado de la lista de residentes ni de su ubicación, permitió que muchos de ellos “compartieran espacios comunes como el jardín o la biblioteca”, lo que incrementó el riesgo de contagio. La comida, la ropa y los residuos seguían circulando fuera de circuitos reglamentados. Y había una “mala praxis” en el manejo de los EPI: nadie había formado a los trabajadores, que aún llevaban “sus propias mascarillas de tela o quirúrgicas”.

El 28 de noviembre, el departamento de Salud intervino la residencia de Tremp. Como no recibía “información fidedigna” a través de los canales establecidos, la Generalitat no pudo hacer “una adecuada valoración de la gravedad de la crisis epidemiológica” ni anticiparse, según la Fiscalía. Dos días después, Asuntos Sociales abrió un expediente sancionador. Cuando la Generalitat hizo públicas algunas de las deficiencias halladas, en diciembre de 2020, la Fiscalía emprendió una investigación que se ha prolongado durante un año, y que ha culminado con una denuncia que ahora está en manos de los juzgados de Tremp.

“No hubo una asistencia sanitaria real”

La Fiscalía acusa a las dos responsables de homicidio por imprudencia grave, y también de trato degradante. “Era tal la descoordinación”, dice el ministerio público, que constan registros de toma de temperatura a personas que ya habían fallecido. Es el caso de A.M.F., que murió un día 28 y, según la documentación, recibió tratamiento en los tres días posteriores. O de R.G.P., que pese a haber muerto el 3 de diciembre recibió medicación al día siguiente. Un desfase que “pone de manifiesto que no hubo una asistencia sanitaria real”.

Los ancianos no recibieron atención médica adecuada porque no se activó “ningún mecanismo de coordinación con los centros médicos”. La residencia no se desinfectó hasta el día 29 (una vez que ya había sido intervenida) y uno de los días no se ofreció cena a los residentes hasta pasada la medianoche; muchos de ellos “pasaron frío y sed”. Había “familiares con ciertos privilegios” que podían hacer visitas, mientras que a otros se les vetaba el acceso. Esos familiares, además, pasaron “días sin tener noticia” de sus seres queridos. A algunos de ellos se les informó de que sus padres o madres estaban en buen estado de salud cuando la realidad era que “ya habían fallecido”. Otros supieron de la muerte de sus seres queridos por la funeraria, por conocidos de Tremp o por voluntarios. Y a otro grupo de familiares no les quedó más remedio que entrar a la residencia y buscar a sus parientes “en las habitaciones”, donde en muchos casos “los encontraron muertos”.