Sin rastro de delito en la muerte de ancianos en residencias

La Fiscalía de Barcelona no ve imprudencia y archiva las denuncias de familias por el “abandono” de sus mayores y por la negativa a llevarles al hospital en lo peor de la pandemia

Núria Verdú, que perdió a su padre durante los primeros meses de la pandemia, posa con una foto de ambos. Foto: Joan Sánchez
Núria Verdú, que perdió a su padre durante los primeros meses de la pandemia, posa con una foto de ambos. Foto: Joan SánchezJoan Sanchez (EL PAÍS)

A Núria Verdú le disgusta que la fiscalía haya dado carpetazo a su denuncia. El escrito de 13 páginas que ha recibido le indica que nadie —ni la directora de la residencia, ni los médicos, ni la Generalitat— cometió un delito en la muerte de su padre por coronavirus. Ocurrió el 9 de abril de 2020, pocas horas después de que fuera trasladado de la residencia Fort Pienc de Barcelona al hospital de Sant Pau. En el decreto de archivo consta la documentación analizada: partes diarios del personal del centro, historial clínico, correos electrónicos, comunicaciones con el Sistema de Emergencias Médicas —el 061— para pedir el traslado. Incluso la declaración, como testigos, de los médicos del hospital, quienes confirmaron que el tratamiento ofrecido por la residencia fue correcto, y que ellos habrían hecho lo mismo.

Núria sigue pensando que “no hicieron todo lo que pudieron” por salvar a su padre y que, en lo peor de la pandemia, muchos residentes fueron “abandonados a su suerte”. Pero ha obtenido cierto consuelo. Las explicaciones de los médicos sugieren que el hombre, de 82 años y con patologías previas, solo “sufrió unas horas”, el tiempo que se quedó sin oxígeno antes de ser trasladado. Núria, abogada de profesión, se siente satisfecha por que se haya investigado a fondo. “Al menos se lo han trabajado. Agradezco ese esfuerzo”.

La Fiscalía de Barcelona recibió casi 50 denuncias —homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, lesiones— relacionadas con muertes de ancianos en residencias. La mayoría ocurrieron en marzo, abril y mayo de 2020, cuando España se vio sumida en una situación “extremadamente complicada”, que afectó “de forma particularmente grave” a los hogares de ancianos, según fuentes del ministerio público. Los escritos reflejan la rabia, la impotencia y la indignación de los familiares, que han buscado en la justicia penal un paliativo al dolor. No han encontrado, tal vez, la respuesta que esperaban.

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De las 32 diligencias abiertas (se agruparon los expedientes de un mismo centro), 19 fueron archivadas directamente porque, más allá de un relato personal desgarrador, no había indicio de hechos con trascendencia penal. En el resto de los casos se abrió una investigación que contó con el apoyo de los Mossos d’Esquadra. Casi todas las denuncias han sido archivadas. Y las que aún no lo han sido correrán, con toda probabilidad, la misma suerte. ¿Por qué? Porque no puede hablarse, siempre desde la perspectiva del delito, de una imprudencia: el personal de las residencias era consciente de los riesgos que existían, no desatendieron a los ancianos, no hay un nexo causal entre su conducta y los fallecimientos.

Médicos Sin Fronteras denunció, en un informe publicado en agosto del año pasado, el “abandono” de las personas mayores y las carencias de los centros: falta de recursos, escasa supervisión sanitaria, poca coordinación con las administraciones, ausencia de planes de contingencia. Para la fiscalía, al menos en los casos analizados, las residencias actuaron, por lo general, “de forma adecuada”. Ofrecieron tratamientos acordes con los síntomas. Es cierto que sufrieron “limitación de recursos” personales y materiales, pero en definitiva hicieron lo que pudieron. El punto final de la fiscalía no impide que los familiares presenten sus denuncias en un juzgado de instrucción o exploren otras jurisdicciones (como la civil) para reclamar.

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De los casi 80.000 muertos por coronavirus en España, el 37,5% (algo menos de 30.000) fueron internos en residencias, con independencia de que fallecieran en su habitación o tras ser llevados a urgencias.

La falta de derivación a hospitales es la queja más repetida en las denuncias examinadas por EL PAÍS. En el caso de Paco (nombre ficticio), la residencia pidió su traslado hasta en cinco ocasiones. El 061 lo denegó otras tantas. Horas después, Paco murió en la residencia. Su familia denunció que, por las informaciones que recibían de la dirección, el fatal desenlace no era previsible. La fiscalía ha constatado, con la documentación aportada, que el hombre estuvo en constante observación y recibió cuidados, por lo que no cabe hablar de homicidio imprudente.

La pandemia destapó las costuras del sistema sanitario. La saturación de las UCI obligó a establecer filtros. Al examinar los protocolos del Ministerio de Sanidad y de la Generalitat, así como las comunicaciones entre residencias y hospitales, la investigación de la fiscalía revela cómo fue el proceso de toma de decisiones en la cresta de la primera ola. Es cierto, como muestran las pesquisas, que se descartó el traslado de muchos pacientes de alto riesgo (avanzada edad, patologías previas). Pero fue por “criterios médicos” y tras analizar distintos factores. Por ejemplo, si su fragilidad era compatible con medidas más “agresivas e invasivas” que recibiría en el hospital. O si el tratamiento iba a ser el mismo en un lugar que en otro. En última instancia, también se tuvo en cuenta, admite la fiscalía, la limitación de recursos sanitarios.

Además de las quejas por la falta de traslados a hospitales, hay otros dos comunes denominadores en las denuncias: la supuesta desatención a los ancianos y la escasa información facilitada a los familiares sobre su estado de salud y su evolución. A criterio de la fiscalía, las residencias ofrecieron atención básica y cuidados esenciales a los residentes. No hay indicios, en los casos analizados, de abandono. El contexto de aquellas semanas es importante: la pandemia desbordó a todos. Por eso, aunque quizá las comunicaciones no fueron ni de la cantidad ni de la calidad deseadas, las residencias procuraron “mantener informadas” a las familias y habilitaron para ello aplicaciones de mensajería y líneas adicionales.

”Todo el mundo quiere pasar página rápidamente”, opina María José Carcelén, portavoz de la Asociación Residencias 5+1, sobre la fiscalía, que archivó también una denuncia suya que representaba a 200 familiares por considerarla “prospectiva”. Coincide con ella Núria —”hay directrices para no marear más este tema”—, que sigue preguntándose muchas cosas. Por ejemplo, por qué el 3 de abril Fort Pienc informó de que mantenía el coronavirus “a raya” y, seis días más tarde, su padre murió por covid. O por qué estuvo sin saber nada de él desde el día 5 —cuando estaba con fiebre e infección— hasta que, el día 8, le anunciaron los problemas respiratorios y el traslado inminente. Pudo despedirse de él en el hospital. “Le dije que le quería. Le acaricié donde tenía ropa. Me daba miedo”. Aún se reprocha por qué no le cogió de la mano. Dos semanas después, presentó la denuncia. “Se lo debía. Todos, como sociedad, dejamos un poco de lado a los mayores”.

Sobre la firma

Jesús García Bueno

Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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