La Fiscalía abre 43 diligencias a residencias catalanas para depurar responsabilidades

La Fiscalía ha abierto esta semana en Cataluña seis nuevas investigaciones penales contra los responsables de residencias de ancianos después de que, en la mayoría de ellas, no se consiguiera frenar el número de contagios durante la pandemia. Con estos seis nuevos casos, ya son 43 diligencias las abiertas por el ministerio público contra centros geriátricos catalanes donde se han contagiado por coronavirus un total de 14.940 ancianos y han fallecido dentro de las residencias, y sin ser trasladados a hospitales, 4.095 ancianos.

Carmen Blanco, con 82 años, falleció el 6 de abril en la residencia Bertran i Oriola de la Barceloneta. Este geriátrico acumula —según los cálculos de los familiares — más de 40 muertes y es uno de los que investiga fiscalía. La hija de Blanco, Enriqueta López, tiene claro lo que pasó en el interior: “Fue inhumano lo que hicieron y sabemos que había órdenes de no derivar a los usuarios al hospital. Les dejaron morir. Ahora estoy preparando la denuncia con el Defensor del Paciente y otras familias. Nadie quiere darme los informes médicos de mi madre, sé que nos costará demostrar la escabechina que hicieron pero llegaremos hasta el final”.

Por otro lado, la Coordinadora Residencias 5+1 ha presentado una denuncia conjunta contra 30 geriátricos entre los que se encuentra el Bertran i Oriola. La portavoz de la entidad, María José Carcelén, asegura que durante las peores semanas de la epidemia se “vulneró el derecho a la atención sanitaria” de los usuarios de las residencias. Carcelén, junto con otras familias, presentó en fiscalía una denuncia conjunta acusando de homicidios imprudentes, denegación de auxilio y omisión del deber de socorro a quien fuese responsable de la situación de los geriátricos. “Queremos saber quién denegó el acceso a los hospitales a los ancianos. Es una directriz que alguien dio y se repite en las residencias con carácter general. De hecho, el Sistema de Emergencias Médicas tenía una directriz que era un puro eufemismo: limitar el esfuerzo terapéutico”, denuncia Carcelén. La portavoz asegura que la coordinadora ha denunciado a 30 residencias pero sabe que otras familias también han presentado denuncias en fiscalía y estas están prosperando.

Enriqueta López sostiene que las empresas privadas que gestionan los geriátricos fueron las primeras en demostrar que no tenían “ni material adecuado ni personal preparado” para afrontar la emergencia sanitaria. “Estas residencias donde los familiares íbamos a ayudar a dar de comer a nuestros padres y donde les hacíamos compañía y ayudábamos, a la que no nos dejaron entrar cayeron porque no es normal que la ratio sea de dos gerocultores por cada dos ancianos”, lamenta.