El “infierno” de la residencia Bertran i Oriola

Carmen Blanco, Pilar Riera y Carmen Maldonado son tres de las personas que murieron en la residencia de mayores Bertran i Orla de Barcelona, gestionada por Eulen. La Generalitat ha abierto un expediente sancionador al centro. Antes, lo intervino porque detectó irregularidades. El virus se expandió sin control entre sus 92 residentes. Eulen mantiene que han fallecido 21 usuarios por la covid-19. Las familias lo elevan a 42, y aseguran que solo seis de los internos no han sido infectados. La mayoría de los afectados han denunciado al centro ante la Fiscalía y no dudan en calificar de “infierno” lo que sus seres queridos vivieron allí en la etapa más dura de la pandemia. Este diario ha tratado, sin éxito, de conseguir la versión de Eulen.

Carmen Blanco murió el 6 de abril en una cama de la residencia Bertran i Oriola. Tenía 82 años y seis hijos. Enriqueta López, acusa de “negligentes” a los responsables del centro, donde ingresó a su madre, con párkinson, hace tres años, después de quedarse ciega. Vivía en un cuarto piso sin ascensor. “Desde el primer momento vimos que faltaba higiene, la fisioterapeuta aparecía cuando aparecía, la comida era pésima…”, denuncia. La familia iba cada día a ver a Carmen, hasta que el 12 de marzo la Generalitat dio la orden de confinar las residencias. “La primera semana, llamábamos por teléfono y una auxiliar nos decía que mi madre estaba bien. La segunda semana, nos dijeron que si no se ponían en contacto el centro con nosotras es que estaba bien”.

Enseguida llegaron las noticias de trabajadores de baja. “Llamé mil veces a la Generalitat y nunca me atendieron”, recuerda. Con las tecnologías como únicas aliadas, sospechaban que dentro se vivía “un infierno”. “Veíamos vídeos y fotos tomadas a escondidas donde observábamos que en la sala de estar estaban poniendo camas con ancianos enfermos. En el comedor, no se respetaban las distancias... Antes de la pandemia, he visto a empleados cambiar pañales de varios ancianos con los mismos guantes, imaginaos ahora”, lamenta López.

El 30 de marzo murió la “señora Angelina”. Una semana después, falleció Carmen. “El 3 de abril una de mis hermanas habló con mi madre por última vez. Estaba bien. El 6 de abril nos llamaron diciendo que había muerto. Luego vinieron otros. El que no moría por la covid lo hacía por desatención. Los pocos trabajadores que había en la residencia trabajaron sin protección, mezclaron ancianos contagiados con no contagiados. Ha sido una masacre”, afirma López.

Josep Maria Clevillé de 67 años tenía a su madre, Pilar Riera, de 93, ingresada en la residencia desde hacía tres años. “Faltaban recursos. Si se tenía que tomar un laxante y no estaba dentro de las pastillas que ella se tomaba, nadie se las daba. Yo iba a verla diariamente. Vi cómo daban de comer a otros y limpiaban cacas de ancianos con los mismos guantes. Era un desastre porque el personal no podía con todo”. En dos videollamadas, Clevillé observó a su madre junto a trabajadores sin mascarilla. Un familiar, dice, entregó 70 al centro. “¿Sabes qué directriz dio la directora a los empleados? Que no se la pusieran que asustarían a las abuelas”, afirma.

“Mi madre tenía un teléfono móvil. El 6 de abril me dijo sus últimas palabras: ‘Tete, estoy bien, no sufras’. Al día siguiente, una doctora me dice que está agonizando. Me planté en la residencia, me tuvieron tres horas en el vestíbulo y me dieron unas batas de plástico, mascarillas y material de protección. Pude verla seis minutos. Murió el 8 de abril”, explica. Emocionado, ataca con dureza a la residencia: “Mi madre ha pasado por una guerra, una postguerra, el franquismo y ha trabajado toda su vida. Tenía un seguro médico privado y estaban informados de que en caso de enfermedad debían contactar con la mutua. Ha acabado muriendo por desatención por una insuficiencia respiratoria. Han sido verdaderos asesinatos”.

Carmen Maldonado, de 93 años, con alzhéimer, llevaba seis en la residencia. Al menos dos comidas siempre las hacía con uno de sus hijos. “El 1 de abril me di cuenta de que tenía que sacar a mi madre como fuese de allí. No pude. El 15 de abril nos dicen que había dado positivo en una prueba que al principio me quisieron cobrar”, recuerda Verónica Gálvez. Murió cinco días más tarde. “Después de su muerte pude leer informes médicos donde además del covid decían que se había caído de una silla. Nadie me informó. En la residencia había humanos aunque Eulen buscara ganar el máximo a costa de no gastar en recursos”, denuncia.