El Govern aprueba “proteger jurídicamente” a los profesores ante “los ataques” por el catalán

El Govern ha aprobado este martes un acuerdo para “proteger jurídicamente” a los docentes ante “los ataques ilegítimos” y la “exigencia de responsabilidad” en referencia a las últimas sentencias que obligan a impartir el 25% de lengua castellana en el aula. Este objetivo se concreta en poner a disposición del profesorado los servicios de asesoramiento y de defensa jurídica en caso de que lo necesiten. “Lo que queremos es proteger por todos los medios a las personas que trabajan en las escuelas ante los ataques ilegítimos que puedan sufrir”, aseguró en rueda de prensa la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, después del Consell Executiu.

Asimismo, el documento aprobado prevé “exigir responsabilidades” por la vía que corresponda -política, penal o administrativa- a todo aquel que “ataque” a “personas o colectivos por la defensa y uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones”. Plaja admitió que con el acuerdo se busca “institucionalizar” y “formalizar” el compromiso con la defensa del catalán como lengua vehicular en las escuelas que explicitó recientemente el presidente Pere Aragonès o el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.

En menos de un mes y en plena polémica por las sentencias que obligan a la Generalitat a dictar al menos un 25% de clases en castellano, se han producido dos cambios de calado en la cúpula del Departamento de Educación. Este martes, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publica el cese de Mònica Pereña Pérez, hasta ahora subdirectora general de plurilingüismo. El pasado 29 de noviembre, había hecho lo propio con quien fuera su superior, Mayte Aymerich. En ambos casos, la Administración catalana ha desvinculado estos movimientos del litigio sobre la inmersión lingüística y ha justificado el cese de Pereña como un “cambio operativo”.

Pereña, de perfil técnico, ocupaba el puesto desde 2011, cuando Educación estaba en manos de Irene Rigau, de la extinta Convergència i Unió. A su cargo tenía dos servicios clave en la enseñanza: el de apoyo y recursos lingüísticos y el de lenguas extranjeras y de origen. Diplomada en la enseñanza del francés y licenciada en filología catalana de la Universidad de Barcelona, tenía una dilatada carrera en la Generalitat. El Departamento no aclaró si se trató de un cese por petición propia y se ha limitado a explicar que el movimiento es “un cambio operativo”.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que los ceses de Pereña y Aymerich no estaban relacionados. En pasado mes de noviembre, Aymerich, entonces responsable de Currículum, cesó en el cargo de manera intempestiva, si bien varias fuentes aseguran que no tenía buena relación personal con el consejero Josep Gonzàlez-Cambray. La decisión respondía a su deseo a comenzar a preparar su regreso a la política municipal, pues ya había sido alcaldesa de Sant Vicenç del Horts por Esquerra Republicana entre 2015 y 2019. Generó varias suspicacias que el relevo sucediera justamente después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a fijar un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano para así blindar su condición de lengua vehicular y desde el Departamento se insistiera en que no se modificaría el modelo de inmersión.

La Generalitat reemplazó rápidamente a Aymerich por la psicóloga Susana Naranjo, también de perfil técnico y que se desempeñaba como directora de los Serveis Territorials de Barcelona Comarques. Tanto su cargo como el de Pereña son claves en la fórmula que finalmente diseñe la Generalitat para cumplir con la sentencia del TSJC.

Precisamente el TSJC fijó este martes un 25% de educación en castellano en un instituto de Vila-seca (Tarragona), al estimar parcialmente un recurso de una familia del centro que pedía la escolarización en catalán y castellano en proporciones equivalentes. La sentencia, consultada por Europa Press, ha fijado en el curso y clase del hijo de la familia que se incluya el castellano como lengua vehicular, que fija en un 25% y para lo que “deberá efectuarse la adecuación del proyecto lingüístico” del centro. La familia había presentado en enero de 2020 un recurso contra una resolución del Departamento de Educación que desestimaba una solicitud de modificación del proyecto lingüístico del instituto.