La agenda catalana del Gobierno avanza tímidamente con algunos pactos y poco dinero

El parón en la ampliación de El Prat también ha supuesto un contratiempo en la llamada agenda para el reencuentro, el plan con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera desinflar al secesionismo. Son 44 puntos que recogen la mayoría de los incumplimientos históricos reivindicados desde Cataluña. La inversión de 1.700 millones de euros en el aeródromo es muy vistosa, pero el Ejecutivo central sí ha avanzado en otros puntos: el pago de la compensación por el incremento en la plantilla de los Mossos; que la nueva ley de Educación blinde el catalán en la escuela o sacar del congelador la Comisión Bilateral. También descarta debatir ahora la financiación autonómica.

El documento fue presentado por Sánchez en 2020 y está dividido en cinco bloques. En el primero, sobre diálogo político, el Gobierno ha avanzado, según los dirigentes catalanes, abriendo “vías de negociación para debatir sobre el futuro de Cataluña” (la mesa de diálogo) o con la concesión de los indultos.

En el segundo bloque, el Gobierno se compromete a reformar el sistema de financiación autonómica. Esta semana, sin embargo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aplazó su solución a los próximos años. El Gobierno también se comprometió a mejorar el objetivo de déficit de las autonomías, cosa que hizo en febrero de 2020 para atender la pandemia.

En el apartado de la mejora de la cooperación, Sánchez se comprometió a “reducir la conflictividad institucional” e impulsar la Comisión Bilateral. Ese foro está en marcha, pero no se pudo evitar, por ejemplo, el recurso de constitucionalidad contra la ley catalana de tope de los alquileres. Eso sí, el Ejecutivo central no hizo uso de su prerrogativa de suspensión automática.

El Gobierno de Sánchez también apoya la candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno en 2030, una propuesta donde Junts y ERC no parecen ir unidos.

En el apartado de política social, sobresale el compromiso de sacar adelante una ley educativa “que afecta al modelo de escuela catalana”. ERC dio el visto bueno a la llamada ley Celaá porque consideraba que blindaba la inmersión lingüística. Pese a ello, la justicia tumbó los proyectos lingüísticos de dos centros de Cataluña y les obligó a que un mínimo del 25% de las clases fueran en castellano. La gestión desde Cataluña del 0,7% de IRPF destinado a fines sociales sigue en estudio.

El quinto apartado es el de infraestructuras. Aparte de El Prat, el Gobierno estudia el traspaso de la gestión de las Cercanías de Renfe. Los accesos viarios y ferroviarios del Puerto de Barcelona están en la fase de elaboración del proyecto constructivo.