El Gobierno y Esquerra intentan salvar la mesa de diálogo tras el choque por la ampliación de El Prat

La mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, uno de los asuntos estelares del reinicio del curso político, se está complicando mucho más de lo previsto. Después de unas semanas en las que hubo una especie de tregua, sobre todo tras la decisión de Pedro Sánchez de conceder en junio los indultos a los presos del procés y tras la primera reunión en La Moncloa entre el jefe del Ejecutivo y el president, Pere Aragonès, las conversaciones previas para concretar fecha, asistentes y agenda de la mesa de diálogo están mostrando las enormes dificultades de este proceso, según fuentes de ambos gobiernos. El anuncio que hizo este miércoles el Ejecutivo de la paralización del proyecto de ampliación del aeropuerto barcelonés de El Prat es el último escollo. Aragonès lo tildó de “chantaje” desde su cuenta oficial de Twitter.

Nadie se plantea de momento retrasar la cita, que tendría que celebrarse el jueves o viernes de la próxima semana. Y tanto el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos como ERC trabajan para salvarla, mientras en Junts son más escépticos. Pero a una semana no hay acuerdo en nada y ni siquiera está completamente cerrado que vaya a acudir Sánchez, aunque todo indica que esta es una pieza más de la negociación y si se consolida la agenda acabará asistiendo.

Fuentes del Gobierno de Sánchez insisten, como dijo él en la entrevista de EL PAÍS, en que ellos tienen la mejor voluntad para esta cita, que consideran trascendental, y que lo relevante no es si va o no el presidente, sino el contenido. Y es ahí donde el acuerdo parece muy lejano. El equipo de Sánchez está tratando de evitar que la agenda catalana monopolice el debate político, y de hecho el presidente no dijo ni una palabra sobre la crisis catalana en su solemne acto de inauguración del curso la semana pasada, pero tiene pactada la mesa de diálogo con ERC, un aliado clave para los Presupuestos y en casi todas las votaciones. Por eso ni el Ejecutivo ni los republicanos pueden permitirse un fracaso de esta primera reunión —en realidad la segunda, después de la inicial en 2020, aún con Quim Torra de president—. Por eso fuentes del Gobierno y de la Generalitat confían en que después de la Diada, el sábado, que genera una fuerte tensión dentro del independentismo, las negociaciones se acelerarán y se cerrará la agenda, fecha y asistentes en el último momento.

A esta situación ya complicada se sumó este miércoles el anuncio oficial de la paralización del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la catalana Raquel Sánchez, fue la encargada de dar por roto el acuerdo del pasado 2 de agosto ante “la pérdida de confianza manifiesta”. Sánchez, sin embargo, manifestó que ese gran desacuerdo no tiene por qué verse reflejado en la mesa de diálogo.

El vicepresident y máximo representante de Junts en el Ejecutivo, Jordi Puigneró, evitó también mezclar el nuevo desencuentro inversor con la mesa de diálogo y aseguró que sus ámbitos no se tocan. De hecho, insistió en que las puertas para seguir negociando el futuro de El Prat siguen abiertas. Sus críticas fueron por partida doble: por un lado, para el Gobierno central, por “desleal”; por el otro, para sus socios de ERC, que justamente este miércoles hicieron público que pensaban ir a la manifestación en contra de la ampliación.

Los únicos que han fijado la composición de su delegación son los republicanos. Además de Aragonès, irán la consejera de Presidéncia, Laura Vilagrà, y el consejero de Empresa, Roger Torrent. Junts, por su parte, se reserva su delegación hasta que se confirme la asistencia del presidente del Gobierno. Y La Moncloa espera a acordar la agenda para decidir quién irá, aunque sí está claro que estará Yolanda Díaz, máxima responsable política de Unidas Podemos y vicepresidenta segunda.

Pactar una metodología, más que acuerdos de contenido

Fuentes de ERC defienden que la reunión, que se tiene que celebrar en Barcelona porque así lo pactaron Sánchez y Aragonès, debería retomar el impulso del anterior encuentro, que encabezaron Sánchez y Quim Torra en La Moncloa en febrero de 2020. Más que entrar en el detalle de las propuestas (conocidas de forma oficiosa: la hoja para el reencuentro por parte del Gobierno y la celebración de un referéndum y la amnistía, por la parte catalana), los republicanos creen que de este encuentro hay que salir con una “metodología” de trabajo y un cronograma específico, condiciones básicas para que la negociación no se eternice. En el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos tampoco esperan muchas expectativas para esta primera cita, porque las posiciones están muy alejadas y el margen del Ejecutivo para avanzar en los asuntos que exigen los independentistas —amnistía, autodeterminación, referéndum en 2030— es nulo. Aun así, sería relativamente sencillo pactar esa metodología porque ya se avanzó mucho en esa línea en 2020.