Representantes del sector sanitario y económico avalan el certificado vacunal en Cataluña

Cataluña está a las puertas de alcanzar el 70% de toda su población vacunada, la cifra que a lo largo de gran parte de la pandemia se determinó como necesaria para conseguir la inmunidad de grupo. Los expertos, sin embargo, consideran que esta se alcanzará con entre un 85% y un 90% de la población vacunada por la virulencia de la variante delta, según los cálculos del Departamento de Salud de la Generalitat. Para alcanzar esta cifra, el Gobierno catalán necesita completar la pauta de vacunación contra la covid a más de un millón de personas, un objetivo que, al ritmo actual de 210.000 dosis administradas a la semana, puede requerir cerca de dos meses y medio si la frecuencia de pinchazos no disminuye aún más.

La vacunación ha decaído semana tras semana en Cataluña desde principios de julio. El Departamento de Salud contemplaba inocular 500.000 dosis a la semana con la vuelta a la normalidad de septiembre y el fin de las vacaciones, pero de momento no se alcanza ni la mitad, a la espera de recuperar la actividad. Por este motivo, el Govern anunció el martes que estudia incentivos para que las personas sin inmunizar se vacunen. Un día después, representantes del sector sanitario y económico van más allá y abren el debate sobre la idoneidad de implantar el pasaporte de vacunación para acceder en espacios comunitarios. La medida, sin embargo, requiere un equilibrio ético, sanitario y legal de difícil encaje. La mayoría de los representantes consultados por EL PAÍS avalan esta herramienta siempre que cuente con un consenso generalizado y que se aplique en todo el Estado.

Jaume Sellarès, vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), advierte que la instauración de un certificado es más legítima ahora que hace unos meses porque hay vacunas disponibles para todos. “Cuando antes solo había dosis para una parte de la población, era cuestionable aplicar un certificado covid para entrar en los restaurantes, por ejemplo, porque una parte de la sociedad quedaba fuera”, razona, “pero ahora la vacunación está abierta a todos y es una decisión individual que afecta a terceras personas”.

Pocos han sufrido las restricciones para evitar los contagios como los usuarios y familiares de las residencias. Las salidas, las visitas y el contacto personal han sufrido limitaciones a lo largo de la pandemia hasta el punto de que la mayoría de estos hogares han ido perdiendo usuarios por la falta de garantías para recibir visitas en situaciones de muchos contagios. “Es fundamental que todo el mundo que entre en un hogar de ancianos esté vacunado: profesionales, usuarios y familias”, pide Cinta Pascual, directora de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), patronal mayoritaria de residencias. Pascual explica que numerosas familias reclaman que sus allegados no estén atendidos por personas sin vacunar, y a su vez lamenta que algunos usuarios regresen al centro tras una salida en la que han estado en restaurantes u otros espacios públicos con el riesgo que conlleva. “La vacuna no lo garantiza todo, pero nos ofrece una seguridad. Un certificado garantiza que hemos hecho lo que toca”, insiste.

Certificado internacional

El pasaporte covid se usa actualmente en países como Francia o Italia, donde por ejemplo no está permitido acceder en bares, restaurantes o museos sin la pauta de vacunación completa. En España, sin embargo, la justicia lo tumbó en Canarias, Galicia, Canarias y Andalucía, esta última con la intervención del Tribunal Supremo, que entendió que faltaban argumentos para aplicar esta discriminación. El catedrático en Derecho Administrativo, Joan Manuel Trayter, alerta de que el certificado parece esconder la intención de que la vacuna sea obligatoria. “Ahora no lo es”, recuerda, “y el certificado es una manera indirecta de obligar a la gente que se vacune porque se está limitando la actividad social”. Trayter entiende que los jueces son “prudentes” y que este tipo de decisiones requiere “leyes orgánicas”. “Se necesita un consenso entre los partidos políticos muy amplio y hay que justificar esta idea muy bien”, apunta. Desde el sindicato Metges de Catalunya, su secretario general, Xavi Lleonart, coincide en parte con Trayter: “Existe un frágil equilibrio entre obligar a acreditar el estado vacunal para entrar en un local y el derecho de las personas que entran en este local a estar en un entorno seguro. Estamos más por la labor de convencer que de obligar”.

Las decisiones de los tribunales llevan a Toni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del hospital Clínic de Barcelona, a pedir un debate “extenso”. “Necesitamos un consenso y un marco legal”, demanda. Trilla cree que el certificado es una garantía de seguridad sanitaria. “Si vamos a un restaurante nos gusta saber si todo el mundo está vacunado o no”, ilustra. El epidemiólogo considera que esta herramienta “es un gran incentivo”, y pone de ejemplo a la gente que se vacunó para viajar en verano: “La gente venía preocupada por si tendría la validación a tiempo para ir por Europa”. La jefa de epidemiología del hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, considera que la situación excepcional actual de pandemia requiere a su vez medidas excepcionales. “Un certificado puede parecer una obligación, pero es que nos encontramos en una pandemia mundial sin precedentes”, argumenta. Campins entiende que no sería descabellado plantear que la vacuna obligatoria, aunque “como última opción”. “Si a finales de septiembre el ritmo de vacunación no ha sido bueno, tendremos que plantear medidas más drásticas para garantizar la protección, y el certificado de vacunación es una buena opción”, argumenta.

“Si en septiembre el ritmo de vacunación no es bueno, tendremos que plantear medidas más drásticas para garantizar la inmunización”, cree una epidemióloga

La protección de la vacunación es clara, según las evidencias científicas. Un estudio realizado en Los Ángeles (Estados Unidos) demuestra que los inmunizados tienen 29 veces menos riesgo de hospitalización que los que aún no se han pinchado, y un riesgo cinco veces menor de infectarse. “Es muy difícil poder justificar el negacionismo e ir en contra de las evidencias científicas”, reflexiona Antoni Sisó, presidente de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic). Sisó también cree que el certificado de vacunación sería un “incentivo” para vacunarse, pero alerta de su complejidad. “Es una medida controvertida desde un punto de vista ético, pero es necesaria”.

El profesor del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB, Fernando García entiende que el pasaporte covid puede discriminar negativamente la voluntad individual, pero que a su vez “el contrapeso es muy grande porque se protegen a los terceros”. Por esta razón, García acepta la el interés del certificado de vacunación. “No veo mal que se aplique, y eso que tengo dudas con el pasaporte covid de la Unión Europea. Su fin prioritario era permitir los viajes por Europa, y convirtió un poco a la Unión en una torre de marfil de países con acceso a las dosis, mientras que los otros países no tenían disponibilidad a las vacunas. Aquí ahora hay para todos”.

“El contrapeso del certificado es muy grande a pesar de vulnerar derechos individuales porque se protegen a terceros”, argumenta un experto en bioética

García también pone sobre la mesa si se requiere un certificado para utilizar el transporte público, y precisa que su uso “no implica que la vacuna sea obligatoria, pero sí la incentiva”. El experto diferencia cuatro tipo de perfiles de personas que de momento no se han vacunado: “Los antivacunas, que son menos de los que parecía; los dudosos, que no lo tienen claro; los apáticos, que no están interesados; y las personas que no tienen acceso al sistema sanitario y que viven en bolsas ajenas”.

El Gremi de Restauració y la patronal del sector nocturno, Fecasarm, aceptan con matices el certificado de vacunación. “Estamos a favor si se usa en situaciones epidemiológicas adversas y nos permite aumentar el aforo en el interior de los locales”, asegura un portavoz del sector de la restauración. Joaquim Boadas, presidente de Fecasarm, reclama el uso de una herramienta que facilite el acceso con test negativos también a clientes internacionales.