La Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional investigue al entorno de Puigdemont en relación con el Tsunami Democràtic

La Fiscalía cree que el juez del caso Volhov ha intentado enviar a la Audiencia Nacional al entorno del expresidente Carles Puigdemont por sus supuestos vínculos con Tsunami Democràtic sin la “más mínima motivación fáctica y jurídica”, por lo que le insta a justificar mejor su decisión. Así lo sostiene la Fiscalía en un escrito que ha remitido al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a Waterloo, después de que en junio se inhibió de todo lo relativo en su causa a Tsunami Democràtic ante el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional, que ya iba detrás de la plataforma que organizó las protestas tras la condena a la cúpula del procés.

En su escrito, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado concluye que el auto en que el juez Joaquín Aguirre se inhibía de las investigaciones sobre Tsunami Democràtic “carece de la más mínima motivación fáctica y jurídica”, ya que no relata la calificación jurídica ni los hechos atribuidos a los investigados, entre ellos el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de CDC David Madí.

“Todo lo cual supone quebrantar el derecho de las partes no solo a conocer los hechos que se les imputan, sino también a conocer las razones por las que el juzgado se inhibe en favor de la Audiencia Nacional”, resalta el fiscal en su escrito, elaborado a raíz del recurso de las defensas para anular la decisión del juez. Maldonado entiende que en este caso se han “vulnerado” los derechos a la tutela judicial efectiva de los investigados, produciéndolos “indefensión”, ante lo que insta al juez a declarar la nulidad de su auto de inhibición, del pasado 9 de junio, y a dictar una nueva resolución “que satisfaga el derecho de las partes a conocer los fundamentos básicos” que le conducen a declinar su competencia sobre Tsunami Democràtic.

El juez puntualizó en su auto que se inhibió a requerimiento de la Audiencia Nacional, por su “competencia exclusiva y excluyente” respecto de los delitos investigados, si bien el fiscal le recrimina que no comunicara a las partes el criterio del juzgado central número 6. Por este motivo, advierte de que, ante esta situación, no se puede realizar un “control de legalidad de la actuación judicial”.

El juez Aguirre acordó enviar al juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional al exconseller de ERC Xavier Vendrell, a quien la Guardia Civil sitúa en sus informes en la cúspide de Tsunami, al exdirigente de CDC David Madí, y al empresario de la comunicación Oriol Soler, todos ellos miembros del denominado “estat major” (estado mayor) del 1-O, por sus supuestos vínculos con esta plataforma anónima.

A raíz de las escuchas telefónicas efectuadas por la Guardia Civil durante el año y medio en que la causa Volhov permaneció en secreto, el juez consideró acreditado que Vendrell ejerció una actividad de “dirección y participación directa” en Tsunami.