OPERACIÓN VOLOH

A la caza del contable de Waterloo

La Guardia Civil examina las cuentas del ingeniero Jaume Cabaní para averiguar si la estancia de Carles Puigdemont en Bruselas se financia con dinero público

Carles Puigdemont participa en un acto del Consell per la República.
Carles Puigdemont participa en un acto del Consell per la República.Albert Garcia

Víctor Terradellas, hombre de confianza del expresident Carles Puigdemont que intentó sumar a Rusia a la causa independentista, apenas recuerda su nombre. Le basta con saber que el tipo, ingeniero industrial de profesión, es “un patriota de piedra picada” que, además, posee “un gran cerebro”, por lo que es el candidato idóneo para poner en marcha una de las iniciativas soñadas por Puigdemont desde su refugio belga de Waterloo: crear una plataforma de criptomonedas. “¿El Cabaní?”, le refresca la memoria su interlocutor, David Madí, uno de los principales detenidos la semana pasada en la Operación Voloh, sobre el desvío de fondos públicos al independentismo y la presunta corrupción gestada a la sombra del procés.

Esa conversación puso a los investigadores sobre la pista de Jaume Cabaní Massip, de 45 años. El ingeniero administró —junto al empresario Jaume Matamala— CatGlobal, una sociedad creada en Bélgica para recaudar fondos con los que sufragar los gastos en Waterloo de Puigdemont y de los exconsellers huidos, como él, de la justicia. El Consell per la República —una especie de gobierno paralelo— defiende que todos los gastos (abogados, seguridad, logística, mantenimiento de los autodenominados “exiliados”) se cubren con aportaciones privadas. La web del Consell informa de que tiene 91.535 registrados, que pagan un mínimo de 10 euros anuales. La cifra queda lejos de los 10 millones de euros que Puigdemont creía necesarios.

Pero la financiación de Waterloo siempre ha generado suspicacias. La hipótesis de trabajo de los investigadores —no confirmada por ahora— es que parte del dinero procede de subvenciones públicas de organismos de la Generalitat que son desviadas de manera ilegal. Y ahí aparece de nuevo la figura del ingeniero Cabaní. En septiembre de 2017, cobró 10.594 euros de la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catalanas —una entidad que recibe subvenciones públicas— por un supuesto mantenimiento informático. La Guardia Civil sospecha que es una factura falsa y que el trabajo no existió. Esa cifra no pudo entregarse para sufragar gastos de un Consell per la República, que ni siquiera existía. Pero Cabaní ha abierto una vía para seguir el rastro del dinero.

El organismo se puso en marcha a principios de 2018 en Bruselas y allí se instaló, arropando a Puigdemont, el “patriota” Cabaní. “Mi pasión es mi país”, había escrito en la revista de la Fundación Eduard Soler, donde trabajó. Fue nombrado administrador de la entidad sin ánimo de lucro CatGlobal, hasta que dejó el cargo en abril de 2019. Durante ese periodo, señala el sumario judicial, fue el “gestor de los intereses” del expresident. Y tuvo un papel en el proyecto de criptomonedas y de creación de una “república digital” al estilo de Estonia, donde Cabaní tiene una sociedad llamada Catalitza Oü.

Cabaní fue titular de hasta cinco cuentas bancarias en el extranjero: tres en Bélgica y dos en Alemania, país al que el juez que dirige el caso ha pedido información. La Guardia Civil sospecha que en esos depósitos recibió “dinero público” y soportó "gastos relacionados con Waterloo. Desde una de las cuentas belgas, Cabaní pagó, por ejemplo, los honorarios de dos de los abogados de Puigdemont, Paul Beckaert y Till Dunkell. También hizo una transferencia que los investigadores vinculan a la celebración del cumpleaños de la fugada exconsejera de Agricultura Meritxell Serret.

La Guardia Civil sospecha que Cabaní convirtió los ingresos en criptomonedas, que vendió para obtener nuevos beneficios: una de sus cuentas refleja pagos de la empresa Payward. También señala que los donativos de CatGlobal los gestionó “a través de pasarelas de pago” como Nationbuilder y Stripe Payments. Los investigadores añaden que las actividades de Cabaní son siempre “opacas” y le sitúan en una “posición de máxima relevancia”, al nivel de Matamala. Fuentes cercanas al Consell per la República rebajan su peso político y subrayan que lleva más de un año fuera de Bruselas. Un correo de la directora de Òmnium (entidad con la que Cabaní también trabajaba) da fe de su peso: “Es quien montó la oficina de Waterloo y todo lo que deriva de ella”.

Los “100 muertos” de Terradellas

Las afirmaciones de Víctor Terradellas sobre la intervención de Rusia para apoyar una eventual república catalana han servido al independentismo para ridiculizar la Operación Voloh, que investiga esos contactos rusos pero también casos de presunta corrupción al amparo del procés. En una conversación de más de 40 minutos con el empresario de ERC Xavier Vendrell —considerado miembro del “estado mayor” que ayudó al Govern a organizar el referéndum ilegal del 1-O—, Terradellas dice que, en los momentos más tensos de 2017, Rusia ofreció 10.000 soldados y pagar la deuda catalana si Cataluña reconocía a Crimea. Terradellas, hombre de confianza de Puigdemont y durante años responsable de relaciones internacionales de la vieja Convergència, va más allá en su charla, que grabó a espaldas de Vendrell. Repasando los momentos clave del otoño catalán de 2017 —la conversación tiene lugar en mayo de 2018—, dice que al expresident le dio miedo a la hora de la verdad. Y fantasea con lo que pudo haber pasado. “El presidente se cagó (...) dice, no quiere ser responsable de que maten a gente, y no quiere ser responsable ni que te defiendan como a una urna, pero necesitas 100 muertos”. Tras elucubrar sobre el papel de la OTAN ante la eventual llegada de un “barco ruso” a las costas catalanas, Terradellas apela a la necesidad de sacrificarse para lograr la independencia de forma efectiva. “Metes a un millón de personas en la plaza de Sant Jaume [sede de la Generalitat] y tendrán que matar para entrar”. Vendrell, su interlocutor, le responde: “Se nos pasó el arroz. No hubo cojones”.


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