Un aeropuerto y unos Juegos Olímpicos para salir de las trincheras del ‘procés’

El Gobierno y la Generalitat forman por primera vez una alianza que rompe con la división política vivida en la última década de órdago independentista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en junio en La Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en junio en La Moncloa.Andrea Comas

Tras una década de conflicto, las aguas de la política están volviendo a su cauce en Cataluña. Hace pocos meses parecía difícil superar las trincheras cavadas durante la carrera del nacionalismo catalán para separarse de España. Ahora, los partidos independentistas que ostentan la Generalitat, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, se han unido por primera vez con el Gobierno y con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) para tirar adelante dos proyectos de envergadura: la ampliación del aeropuerto de El Prat y la candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en los Pirineos.

El triunvirato entre ERC, Junts y los socialistas ha provocado duras críticas de sus socios de izquierdas, la CUP por el lado nacionalista y los Comunes para el PSC. Tanto la CUP como los Comunes se oponen a la ampliación del aeropuerto y son reacios a la candidatura de los Juegos. La CUP ha advertido de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no tendrá su apoyo si mantiene la ampliación de El Prat. “Es una línea roja”, dijo la diputada Mireia Vehí en Catalunya Ràdio. “La sumisión al Estado para perpetrar este atentado ambiental y económico es sumisión al régimen del 78, de ERC y de Junts”, tuiteó Dolors Sabater, líder de la CUP en el Parlament. Illa, que es el jefe de la oposición, ha ofrecido en numerosas ocasiones el apoyo del PSC a Aragonès para que no dependa de los anticapitalistas, con la condición de que sea para tirar adelante proyectos clave para Cataluña y que “unan a los catalanes”, en palabras del dirigente socialista. Los acuerdos de la semana pasada van en este sentido.

Una alianza con estos protagonistas parecía una quimera hace tan solo tres meses, cuando Cataluña todavía tenía un gobierno interino. La Generalitat carecía de liderazgo desde enero de 2020, cuando el expresidente de la Generalitat Quim Torra dio por finalizada la legislatura por los conflictos entre Junts y ERC. La pandemia del coronavirus ocupó después el escenario y el procés quedó en un segundo plano. Pero la herida causada por la frustrada independencia unilateral no había desaparecido: el Tribunal Supremo inhabilitó a Torra en septiembre de 2020 para ocupar cargos públicos por incumplir las órdenes de la Junta Electoral Central. Durante las elecciones generales de 2019, Torra se empeñó en mantener en la fachada del palacio de la Generalitat una pancarta denunciando que en España había “presos políticos y exiliados”.

En octubre de 2020 se produjo el primer aniversario de la sentencia del Supremo que en 2019 condenó a los dirigentes independentistas a penas de cárcel de hasta trece años por sedición, malversación y desobediencia. También estaba vivo el recuerdo de las dos semanas de altercados que siguieron a la sentencia, alentados en un primer momento por ERC y Junts. Las elecciones autonómicas del pasado febrero se desarrollaron desde la negación del rival. El candidato del PSC, Salvador Illa, reiteraba que el independentismo había fracturado la sociedad catalana y se negaba a compartir Ejecutivo con partidos independentistas; por su parte, el nacionalismo catalán firmaba un documento en el que se comprometían a no permitir bajo ningún concepto que los socialistas estuvieran en la Generalitat porque los consideran responsables de una represión autoritaria contra el independentismo.

Las semanas de negociaciones para revalidar la coalición entre ERC y Junts estuvieron acompañadas de la habitual retórica épica. Ambas formaciones y los anticapitalistas de la CUP suscribían acuerdos en los que especificaban que la legislatura sería la del “embate definitivo” para alcanzar la independencia. Desde que Pere Aragonès fue investido en mayo como presidente, la idea del “embate”, tantas veces repetidas en las semanas previas, ha desaparecido de los discursos del Govern. Al mismo tiempo, el Gobierno se preparaba para aprobar los indultos para los nueve dirigentes independentistas en prisión.

El acercamiento ya había empezado entre ERC y el Gobierno del presidente Pedro Sánchez. Los republicanos han dado su apoyo en el Congreso a leyes importantes para la coalición entre PSOE y Podemos: los presupuestos generales del Estado o la nueva ley de educación son los principales ejemplos. Pero en la ecuación no había aparecido Junts, hasta hoy. Prueba de ello fue la imagen del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, reunido el pasado lunes, en el marco de la comisión bilateral entre el Gobierno central y el autonómico, con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Puigneró marcó un salto cualitativo en la trayectoria de Junts, basada en el bloqueo, aunque su intervención en la comisión bilateral tuvo un precedente cinco días antes: el consejero de Economía, Jaume Giró, participó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hacía cinco años que un representante de la Generalitat no participaba en este cónclave económico entre autonomías y Gobierno central.

Los dirigentes de Junts han intentado minar periódicamente con sus intervenciones públicas la confianza en la mesa de diálogo que debe ponerse en marcha en septiembre entre el Gobierno central y el catalán. Este órgano deberá encontrar fórmulas que den salida a las demandas del independentismo, mayoritario en el parlamento autonómico. Frente al acercamiento que han protagonizado Sánchez y Aragonès, el líder de Junts, Carles Puigdemont, aseguraba el pasado julio que la mesa de diálogo es un intento de restar peso a la voluntad popular. “Un proceso de cambio de un país no se puede hacer en los despachos, sin la gente”, dijo el expresidente de la Generalitat, residente en Bélgica para evitar ser juzgado en España. Pero las andanadas recurrentes de los sectores más radicales de Junts han dado paso a las palabras positivas de Giró para resumir los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera, o a la satisfacción de Puigneró tras el anuncio del acuerdo para ampliar El Prat y conectarlo con alta velocidad a los aeropuertos de Girona y Reus.

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La Comisión Bilateral entre Gobiernos también aportó como resultado el compromiso de formar una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno. La entente suscrita implica además que la Generalitat acepta la condición impuesta por el Gobierno de que los Juegos no serán solo en Cataluña, también en Aragón. “Los Juegos de Invierno son el proyecto internacional más importante que proyectará a Cataluña en el mundo en la próxima década”, escribió en las redes sociales la consejera de Exteriores de la Generalitat, Victòria Alsina.

Horizonte 2030

El pacto de legislatura de ERC, Junts y la CUP establece dos años de margen a la mesa de diálogo —los dos años que quedan de legislatura en las Cortes Generales— para que dé los resultados que desean, es decir, un referéndum de autodeterminación y una ley de amnistía. Pasados estos dos años, las tres formaciones no descartan volver a probar la unilateralidad, aunque admiten que esta requeriría múltiples condicionantes que hoy no se cumplen, como tener un apoyo muy mayoritario de la población.

La realidad es que la Generalitat ha firmado una alianza con el Gobierno de España que va más allá de dos años, porque tanto la ampliación de El Prat como los Juegos están previstos que se materialicen en 2030, o incluso más tarde, tal y como ha dado a entender Aragonès, que ha pedido calma. El president debe hacer frente a las voces críticas con el proyecto dentro de ERC, por el impacto medioambiental de El Prat, y sobre todo tiene que lidiar con el rechazo frontal de la CUP, su socio de referencia.

Y no solo se trata de oposición por modelos económicos o medioambientales: no todo el mundo en el nacionalismo catalán ve con buenos ojos la entente con un Gobierno que siguen considerando antidemocrático. Vehí, de la CUP tildó el pasado viernes de “neoautonomista” la aproximación de la Generalitat al Ejecutivo de Sánchez, y volvió a amenazar con “aumentar la beligerancia” si continuaban por este camino. “No están dando pasos hacia la soberanía y la autodeterminación”, afirmó Vehí el pasado viernes en la agencia de noticias ACN. La presidenta del parlamento catalán, Laura Borràs, una de las voces más populistas de Junts, compartió un día después en su cuenta de Twitter un artículo del digital Vilaweb que llegaba a la siguiente conclusión: “Los primeros gestos del Govern aparcan la independencia por lo menos hasta 2030″. “Nos quieren dormidos, ¡despertemos!”, escribió, alarmada, Borràs.

Sobre la firma

Cristian Segura

Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario Avui en Berlín y posteriormente en Pekín. Es autor de tres libros de no ficción y de dos novelas. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa.

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