AEROPUERTO EL PRAT

El Gobierno fija para 2030 la ampliación de El Prat pero Aragonès echa el freno

El anuncio recibe una oleada de críticas por su impacto ambiental y el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, defiende que el aeropuerto puede ser “el más verde de Europa”

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.Joaquin Corchero / Europa Press

El nuevo aeropuerto de Barcelona podrá estar operativo en 2030. Así lo prevé la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que señala que el proyecto de ampliación será “muy exigente” con el respeto al entorno natural. La ministra entiende que la obra deberá compatibilizar el “crecimiento económico” con la sostenibilidad, según refirió en una entrevista en la emisora catalana Rac1. Casi a la par, el vicepresidente de la Generalitat y consejero en Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, hablaba en Catalunya Ràdio y pronosticaba que el nuevo aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat puede ser “el aeropuerto más verde de Europa”.

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Después de ambas entrevistas, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, enfrió expectativas, al anunciar que apenas se está “en el punto inicial” y que será el plan director el que determinará dónde y de qué manera se hace la ampliación, informa Blanca Cía. ”Toda la decisión se supeditará a las exigencias medioambientales que marque la Unión Europea, sin trampas ni subterfugios. Eso será irrenunciable”, dijo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se refirió al asunto. “Creo que es una muy buena noticia para Cataluña y para el conjunto de España”, señaló, y lo enmarcó en un escenario de “consolidación de la recuperación económica” en España. “Es cierto que durante estos últimos años Cataluña ha estado por detrás de esta recuperación y creo que con este acuerdo estamos sentando las bases para que Cataluña se recupere a un mejor ritmo y, por tanto, contribuya de manera mucho más importante a la recuperación económica del conjunto del país”, precisó el presidente, que recordó que, junto a la inversión en el aeropuerto de Barcelona, hay otra prevista para el de Barajas, en Madrid, informa José M. Abad.

La ristra de declaraciones de este martes salían al paso de la oleada de críticas que ha generado el pacto entre la Generalitat y el Estado para dar un espaldarazo al crecimiento del aeropuerto. Puigneró y la ministra Sánchez cerraron el lunes, en una reunión en Madrid que se intentó celebrar con total discreción, un acuerdo para apoyar el plan de Aena, que pretende invertir 1.700 millones de euros en la infraestructura para elevar su techo de capacidad hasta más allá de los 70 millones de pasajeros anuales. Ahora, el tope que fija la saturación de la instalación se estima en los 55 millones y en 2019, último ejercicio previo a la pandemia, se rozaron los 53 millones.

Las dudas que genera azuzar el incremento del tráfico aéreo en tiempos de emergencia climática se redoblan, en este caso, porque la opción que defiende Aena pasa porque el alargamiento de una pista invada la laguna protegida por la red Natura 2000 La Ricarda. El alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler (El Prat En Comu), se mostró “indignado” por las facilidades dadas al proyecto y acusa al Gobierno catalán de haber actuado con “deslealtad” y de ceder “al chantaje de Aena”. Sus compañeros de En Comú Podem, la marca catalana autonómica de Podemos en Cataluña y el partido de la alcaldesa Ada Colau, han salido en su apoyo. Jèssica Albiach manifestó que las inversiones en infraestructuras son “bienvenidas” pero critica que Gobierno central y Generalitat hayan trabado “un acuerdo hecho en secreto y de espaldas a las mesas técnicas, al mundo local y a la ciudadanía de Cataluña”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exige al presidente de la Generalitat y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que “rectifiquen” y que devuelvan el debate sobre el futuro del aeropuerto a una mesa institucional donde estén todas las partes implicadas. La alcaldesa dice lamentar “profundamente” que lunes se rompiera el “consenso” entre instituciones. Por su parte, la tercera teniente de alcalde de Barcelona, la socialista Laia Bonet, valoró positivamente la ampliación aeroportuaria. “Queremos y necesitamos diversificar la economía y por eso es clave tener al aeropuerto un hub intercontinental [aeropuerto de conexión para vuelos internacionales de largo radio]”.

También dentro de las filas de Esquerra y de Junts el tema genera controversia. El expresident de la Generalitat Quim Torra ha cargado contra el acuerdo: “Después de vivir la covid creía que nunca más tomaríamos una decisión que pudiera ir contra el medio ambiente, contra la naturaleza y la tierra, que es el legado para nuestros hijos. Me equivocaba”. En este sentido, Mireia Vehí, diputada de la CUP en el Congreso, animó a las “voces disidentes” del Govern a hacer público su rechazo al proyecto. En cambio, la patronal Foment del Treball celebró públicamente el acuerdo, lo mismo que la Cámara de Comercio de Barcelona.

Manifestación de respuesta

El encaje de manos entre la Generalitat y el Estado para apoyar la hoja de ruta de Aena ha desencadenado una cascada de respuestas críticas de entidades y colectivos opuestos al plana para ampliar las instalaciones de El Prat. Las plataformas Zeroport, Ni un pam de terra y Xarxa per la Justícia Climàtica han convocado una manifestación el próximo 19 de septiembre para escenificar el rechazo a la obra. “Menos aeropuerto, más vida”, es uno de los lemas que esgrimen. Critican que, más allá de la agresión sobre un entorno natural tan sensible como es el Delta del Llobregat, la expansión del aeropuerto es una puerta abierta para favorecer un “modelo económico precario”.

Mientras, la ministra Raquel Sánchez, que hasta el mes pasado fue alcaldesa de Gavà, uno de los municipios más afectados por el tráfico aéreo, ha insistido en que el crecimiento del aeropuerto supondrá “la mínima afectación posible” para el entorno natural. El estiramiento de la pista de mar afectaría, sobre el papel, al Delta del Llobregat y a un espacio reconocido con el sello Red Natura 2000, lo que hará exigible un visto bueno de la Unión Europea para poder actuar sobre esa zona. Según Raquel Sánchez, la garantía va a ser total: “No solo la UE es exigente, sino también el propio ministerio”. Por su parte, Jordi Puigneró defiende que el impacto medioambiental puede quedar amortiguado por los avances tecnológicos. “Saldrán nuevos tipos de combustibles y podremos tomar decisiones sobre qué tipo de aviones queremos que aterricen en El Prat”, ha alegado este martes.

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