Govern Cataluña

El nuevo frente judicial que perturba a Pere Aragonès

ERC y Junts tratan de proteger a cargos bajo amenaza de cárcel y ruina por las causas abiertas contra el ‘procés’

El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado por el director general del Diplocat, Albert Royo, (a su derecha),  en 2017.
El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado por el director general del Diplocat, Albert Royo, (a su derecha), en 2017.Toni Albir / (EPA) EFE

El indulto del Gobierno a los presos del procés no será, si llega, el final de los problemas judiciales para el Govern de Pere Aragonès. El Ejecutivo catalán nace con la angustia de otros procesos penales que amenazan con la cárcel y la ruina económica a los dirigentes de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya que, bajo el mandato de Carles Puigdemont, estuvieron más involucrados en el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Unas 50 personas aguardan un horizonte sombrío de juicios y multas millonarias que, en caso de concretarse, jamás podrían pagar por sí mismas. Los partidos han tratado de cuidar a sus militantes más destacados nombrándoles para ocupar cargos públicos o ascendiéndoles en la estructura de la Administración catalana. Esquerra y Junts lanzan así un doble mensaje: a los suyos les ofrecen un colchón económico ante la tempestad que acecha; de cara al exterior dejan claro que apoyan sin fisuras la herencia del procés y del 1-O.

La evolución de esas causas penales y contables, sin embargo, puede tensionar las relaciones entre los socios del Govern. Entre otras cosas porque las estrategias de las defensas se trazarán en función de los intereses particulares de cada afectado. A medio plazo, la acumulación de procesos y la necesidad de darles una respuesta —el independentismo tilda las actuaciones de la justicia de “represión del Estado”— puede acabar condicionando las políticas del Ejecutivo.

Pese a los indultos, tres frentes judiciales tienen en vilo a 50 cargos

Si los consellers del otoño catalán de 2017 fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo —o, como en el caso de Puigdemont, huyeron a Bélgica para evitarlo—, ahora son sus subordinados directos los que se sentarán en el banquillo. La titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha procesado a una treintena de personas —secretarios, directores generales, altos cargos, funcionarios y empresarios— por organizar el referéndum de independencia. Más de la mitad se enfrentan a penas de cárcel por malversación y, además, tuvieron que depositar una fianza de cinco millones de euros. Las aportaciones de ciudadanos a la llamada caja de solidaridad les ayudaron a capear el temporal. Pero sus responsables temen que la nueva ola de multas desborde la capacidad de ese fondo creado para resistir las multas derivadas del procés. Esa caja está casi vacía.

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El segundo frente que más preocupa al independentismo lo lidera el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador del uso de fondos públicos. Este tribunal mantiene abierto un procedimiento por los gastos de la “acción exterior” del Govern entre 2011 y 2017 que puede desembocar en multas estratosféricas. Otras 40 figuras políticas, algunas de primera fila —los expresidentes Artur Mas y Puigdemont; los exvicepresidentes Neus Munté y Oriol Junqueras; el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell— han sido citados a finales de junio para conocer las cuantías que deben entregar.

“Multas así son tu muerte civil”, lamenta el exjefe del Diplocat

De este proceso surge el tercer frente judicial que atenaza al Govern. La Fiscalía apreció indicios de delitos en los gastos en el exterior y trasladó una denuncia al juzgado. Ahora, la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, Carmen Garcia, investiga adjudicaciones “a dedo” que sirvieron para internacionalizar el conflicto político en Cataluña. La mayoría de los 10 investigados tienen relación con la cartera de Acción Exterior, incluido el exconsejero Raül Romeva, ya condenado a 12 años de cárcel por el Tribunal Supremo por el procés.

Los responsables de la diplomacia catalana son los más afectados, ya que aparecen simultáneamente en las dos causas penales de Barcelona y en la del Tribunal de Cuentas. Uno de los más afectados es Albert Royo, que dirigía en 2017 el Diplocat, un consorcio creado por la Generalitat para influir y dar a conocer Cataluña en el mundo, pero que, según las investigaciones judiciales, sirvió para impulsar el procés.

Royo, de 43 años, está procesado por malversación e investigado por los contratos “a dedo”. Solo a él el Tribunal de Cuentas podría reclamarle en unas semanas hasta 4,5 millones de euros. Y se ve superado por los acontecimientos: “Tengo la sensación de ser víctima colateral, de que esto se me lleva por delante”.

En pareja y con un hijo, Royo, que ahora trabaja por su cuenta como consultor en asuntos internacionales, trata de no hacer demasiados planes. “Te amargan la vida, vives bajo la espada de Damocles. Las multas que nos piden son imposibles de devolver, supone tu muerte civil”, afirma. El juzgado de instrucción 13 ya embargó su cuenta —”la dejaron a cero”, subraya— hasta que la caja de solidaridad salió al rescate, aunque ahora ve necesario otro esfuerzo para rescatar a “segundas y terceras filas”, como él mismo se define.

”A la intemperie”

Royo trabajó en la Comisión Europea hasta que le nombraron para dirigir Diplocat en 2013. “No soy un político, sino un profesional independiente. Siento que somos los que estamos más a la intemperie”, dice, al tiempo que critica una ofensiva judicial que ha apartado de la vida pública a gente como él. Sin carnet de partido, carece del paraguas con el que tanto Junts como Esquerra han tratado de proteger a sus dirigentes. Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, muchos de los altos cargos del Govern fueron destituidos. El Ejecutivo de Quim Torra, en 2018, les restituyó en el cargo, les premió con un ascenso o les buscó salidas en la Administración.

Antoni Molons (secretario de Comunicación por Junts), Francesc Sutrias (director general de Patrimonio por ERC) o Rosa Vidal (interventora de la Generalitat), por citar solo algunos ejemplos, fueron ratificados. Joaquim Nin (Junts), que había sido secretario de Presidencia de Puigdemont, fue designado vicepresidente de la Diputación de Tarragona.

Está por ver qué ocurre con esos y otros altos cargos en el nuevo Ejecutivo de Aragonès. Los nombramientos que se han dado a conocer hasta ahora apuntan a que se seguirá en la misma línea. El nuevo president ha premiado incluso con departamentos a cargos de ERC a quienes considera “represaliados” por la justicia. Natàlia Garriga, la nueva consejera de Cultura, era directora de servicios de Vicepresidencia y Economía en la etapa de Oriol Junqueras. Garriga está procesada por malversación. Roger Torrent, consejero de Empresa, está siendo investigado por desobediencia por permitir la tramitación en 2019, como presidente del Parlament, de una moción sobre el procés. Y Tània Verge, titular de Feminismos e Igualdad, fue juzgada (y absuelta) por formar parte de la sindicatura electoral que debía velar por la transparencia del 1-O.



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