La carrera de obstáculos ‘verde’

Cataluña no cumplirá los objetivos de la UE de generación de energías renovables en 2020 y afronta los de 2030 con los mismos problemas del pasado

Cataluña está en la pugna territorial por captar una fábrica de celdas de baterías que dé nueva vida a una industria de la automoción lanzada hacia el coche eléctrico. Pero en esa carrera se produce una paradoja: quiere ser un abanderado europeo de los vehículos cero emisiones cuando está a la cola en España en la generación de energía verde. Las comarcas catalanas se han quedado muy atrás: apenas tienen instalada una capacidad de 3.500 megavatios (MW), un 7,4% de la potencia instalada en el conjunto de España, muy por debajo tanto de su peso en términos de PIB (19%) como de población (16%).

El continuo debate sobre cómo se debían implantar parques eólicos y fotovoltaicos dejaron rezagada en Cataluña una actividad en la que llegó a ser pionera. Tras años de parón, sin que se levantara un nuevo parque especialmente por trabas administrativas, el Govern aprobó en 2019 pasado un decreto para desencallar proyectos y acelerar la implantación de molinos de viento y huertos solares. Pero ese proceso podría haber hallado ahora un nuevo escollo en el acuerdo de investidura de ERC y la CUP, en el que se establece “una moratoria para los grandes proyectos de impacto territorial negativo”. El punto de partida es uno de los peores posibles. La comunidad apenas logró en 2019 que el 9,9% del consumo bruto de energía tuviera fuentes verdes, según las estadísticas homologadas de la Unión Europea. Es solo la mitad del objetivo marcado por la Unión Europea para 2020. Suspendido en el primer objetivo, su esfuerzo deberá ser mayor para alcanzar los siguientes hitos: instalar 10.000 MW en 2030 y 48.000 MW en 2050.

Cataluña a la cola en España en la generación de energía verde

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, admite el retraso. “Estamos muy rezagados respecto a otras regiones europeas pese a que estamos haciendo un trabajo ingente”, dice. Desde la modificación normativa de hace dos años, la Generalitat ha recibido propuestas para instalar más de 9.500 MW entre energía eólica y fotovoltaica, aunque de esa potencia presentada poco más del 30% se ha descartado definitivamente por ocupar espacios ya asignados para otros proyectos o espacios protegidos y un porcentaje similar tendrá que asumir modificaciones para continuar en el proceso. Cataluña es, con diferencia, la comunidad con más zonas vetadas para la implantación de centrales de renovables.

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Calvet asume el sobreesfuerzo necesario especialmente para “gestionar las tensiones territoriales y logísticas” que suponen el reto de asumir la transformación energética hacia una plena descarbonización. Y contrapone ese esfuerzo para lanzar las energías verdes con un discurso histórico que va en la línea de acabar con las centrales nucleares existentes en Tarragona. “No nos podemos permitir ninguna moratoria [a las renovables], al revés, tenemos que acelerar”, afirma sobre el acuerdo entre ERC y CUP.

El acuerdo entre ERC y CUP establece una moratoria de los grandes proyectos

Entre 2005 y 2018, las emisiones de gases invernadero en Cataluña se redujeron un 23%, según datos de la Generalitat. La lectura podría ser optimista siempre y cuando se obviara la hendidura en el consumo que dejó la crisis iniciada en 2008. Lo cierto es que a partir de 2015 la contaminación ha vuelto a crecer y que el único ahorro en consumo energético, defiende José Enrique Vázquez (presidente del Grupo de Gestores Energéticos), ha sido el que ha llegado de la mano de mejoras tecnológicas y no de un discurso social consolidado. “Decíamos no a las nucleares y ahora decimos no a las renovables. El objetivo de transición energética de la Generalitat no se cumplirá y ahora se plantea una moratoria. El problema es el mensaje que se está lanzando”, dice.

“Actuar contra la emergencia climática no será neutro”

”La Administración tiene clara cuál ha de ser la línea de actuación y el sector privado, también. Entre la ciudadanía falta concienciación; hay que pensar en conjunto”, defiende Esther Izquierdo, presidenta del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña, también pesimista —”estamos lejos”, dice— respecto a la posibilidad de conseguir los objetivos dictados por Bruselas. Izquierdo enumera una larga lista de actuaciones en las que hay que incidir: desde trabajar la eficiencia energética en el parque residencial a impulsar las cubiertas fotovoltaicas en la industria o impulsar la movilidad sostenible, que también pasa por el transporte público.

La unidad que reclama Izquierdo es, incluso, uno de los puntos débiles de los movimientos ecologistas, con corrientes internas contrapuestas sobre la necesidad de acelerar o no la implantación de energías renovables. Ecologistas en Acción celebrará en abril un cónclave para intentar llegar a un punto de consenso entre los grupos que han defendido históricamente el cierre de las nucleares, más proclives a la instalación de molinos de viento, y los que inciden más en la protección paisajística y de la fauna, más reacios a una implantación masiva. “Sobre todo queremos que las decisiones se tomen por y para la ciudadanía. Queremos un modelo descentralizado, basado en el autoconsumo y pequeñas y medianas plantas de generación, donde se prioricen las comunidades energéticas locales ciudadanas y se tenga en cuenta el coste social y ambiental de las nuevas instalaciones. Hay que aprovechar para cambiar el modelo energético, mas allá de la transición de las fuentes de energía. Pero, más aún, es indispensable plantear un debate profundo sobre el modelo económico”, explica Lourdes Berdié, de Ecologistas en Acción.

El modelo de renovables genera diferencias en grupos ecologistas

“Es incompatible hablar de emergencia climática y pensar que actuar será neutro. Se tendrá que transformar el paisaje. Parece que todavía tenemos que llegar a un punto de madurez que tienen otros países a los que, parece, nos queremos parecer”, contrapone Calvet.

El retraso acumulado durante años, sin embargo, complica mantener reflexiones excesivamente prolongadas. No solo por las obligaciones marcadas desde la Unión Europea, sino por los procesos de construcción de infraestructura eléctrica que fija Red Eléctrica de España. El director general de Energía de la Generalitat, Manel Torrent, lo explica así: “Si no instalamos energías renovables con cierta agilidad, llegaremos al punto en que el conjunto del Estado español cumplirá con sus objetivos en este ámbito sin la participación de Cataluña. Esto implica que no harán falta más centrales eólicas ni fotovoltaicas y, por tanto, tampoco se invertirá en nuevas infraestructuras para evacuar renovables a la red. En consecuencia, ya no se podrían implantar más renovables en Cataluña y deberíamos hacer la transición energética importando la electricidad. Es posible que empecemos a ver proyectos de instalaciones de renovables en comunidades colindantes que vengan a evacuar en subestaciones de Cataluña”.


Sobre la firma

Dani Cordero

Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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