Laura Borràs afronta su primera prueba como presidenta del Parlament con la gestión de la investidura

Laura Borràs puso una condición para ser presidenta del Parlament: nombrar al curtido abogado y exdiputado Jaume Alonso Cuevillas como secretario de la Mesa. Con ese movimiento busca dotarse de solvencia jurídica para una legislatura que la propia dirigente de Junts ubicó en el enfrentamiento con el Estado y sus “injerencias”. Ahora llega su primera prueba de estrés: gestionar el pleno de investidura del president.

El proceso para elegir al jefe del Govern está pautado por la ley de Presidencia y el reglamento parlamentario. La norma fija un plazo de 10 días, tras la constitución de la Cámara, para que la presidenta, ”una vez consultados los representantes de los grupos, proponga un candidato al pleno”. El elegido necesita la mayoría absoluta (68 diputados) para ser investido. Si no lo logra, se convoca otra votación donde basta la mayoría simple. La celebración de la primera votación fallida, además, activa los dos meses de plazo antes de volver a convocar elecciones, sin cerrar la puerta a intentar otras candidaturas.

La ronda de consultas solo comienza cuando todos los grupos estén conformados. ERC formalizará este lunes el trámite (es el único que falta, aunque el plazo expira el miércoles) y Borràs podrá abrir los contactos. “Si existe el apoyo para uno de los candidatos, el pleno será en el límite de lo que marca el reglamento”, explicó Borràs el pasado jueves. Pero Junts busca ganar tiempo y presionar más a ERC. Una de las fórmulas que sopesan es imitar el procedimiento propuesto por los letrados cuando se inhabilitó a Quim Torra por desobediencia y la mayoría independentista optó por no proponer otro candidato. Tras la ronda, Borràs formalizaría que no hay candidato. Ese “acto equivalente” a una investidura fallida haría correr el reloj.

El temor ese movimiento fue uno de los ingredientes que motivó a ERC y la CUP a anunciar este domingo un preacuerdo de investidura, al margen de Junts. El independentismo se arriesgaban además al llegar a la ronda sin un candidato conjunto (74 de 135 diputados). Anticapitalistas y republicanos suman 42 apoyos, uno más que PSC y comunes. Eso descabalga las opciones del socialista Salvador Illa de poder ir al debate de investidura.

El PSC, con dos puestos en la Mesa, también hizo sus deberes y ubicó allí a Ferran Pedret, su experto en técnica parlamentaria. La falta de acuerdo secesionista les había abierto una ventana de oportunidad. Primero, la ley fija la obligación de “proponer un candidato”. El informe jurídico creen que respondía a una casuística y el acto equivalente es una respuesta extrema.

Ese dictamen, no vinculante, también esboza el papel del líder de la Cámara en la designación del aspirante: se limita a constatar si “hay un candidato con ciertas posibilidades” de ser investido, incluso sin “la certeza” de su éxito. La del PSC, además, no era una “candidatura instrumental”, sino de una que aspira a gobernar. Si Borràs no presenta un nombre, muy posiblemente todo termine en los tribunales.