Borràs promete seguir “el trabajo de Forcadell” como líder del Parlament

La constitución, ayer, del Parlamento de Cataluña permitió certificar dos cosas: que el choque institucional con el Estado continuará y que, por mucho que el independentismo quiera mantener el poder de la Generalitat, la relación entre ERC y Junts es tan tóxica que impide augurar la durabilidad del Ejecutivo que negocian. Laura Borràs fue elegida presidenta de la Cámara y pronunció un discurso en el que ninguneó a sus socios, aseguró que blindará la Cámara ante “cualquier injerencia exterior”, específicamente la “judicial”, y se comprometió a continuar la labor de Carme Forcadell, la expresidenta condenada por desobediencia y sedición.

La que fuera candidata de Junts en las pasadas elecciones del 14-F, y que está imputada por presunta corrupción, es desde ayer la segunda autoridad catalana. De ahí que su discurso, con mínimas referencias a la independencia pero radical contra el Estado, sentara mal en las formaciones constitucionalistas. Para Borràs, el Parlament es un objetivo más de la “guerra sucia del Estado contra Cataluña”. El socialista Salvador Illa lamentó que se use la Cámara como “herramienta de confrontación” y no para mejorar la vida de los ciudadanos.

Borràs logró la presidencia en segunda vuelta. Ahí solo era necesaria la mayoría simple que garantizaron los votos de Esquerra y Junts. La CUP, la tercera pata del acuerdo que busca sostener el futuro Govern, votó en blanco. “El Estado español no solo ha renunciado a dialogar: está dispuesto a decidir sobre qué no pueden dialogar los otros. Especialmente está dispuesto a decidir sobre qué y qué no se puede dialogar aquí”, dijo la exdiputada en el Congreso.

FOTOGALERÍA: La constitución del Parlament de Cataluña

La Mesa del nuevo Parlament, el órgano rector de la Cámara, tiene mayoría independentista. Además de Borràs, por Junts estará el exdiputado en Madrid Jaume Alonso Cuevillas; los republicanos Anna Caula y Ruben Wagensberg, y Pau Juvillà, de la CUP, que llega por primera vez a la Mesa. El PSC tendrá dos sillas (Eva Granados y Ferran Pedret) y, dado el calibre del discurso de ayer, tendrán trabajo para frenar iniciativas que claramente contravengan las advertencias del Tribunal Constitucional.

La Fiscalía se querelló el pasado 1 de marzo contra los miembros de los partidos independentistas de la Mesa en la anterior legislatura. Les acusa precisamente de desobedecer al Constitucional al permitir un debate sobre la autodeterminación y de reproche a la Monarquía. El Constitucional anuló las resoluciones al considerar que esos temas no son de competencia autonómica. ERC, Junts y la CUP respondieron entonces a ese movimiento de la Fiscalía anunciando que someterían al pleno una resolución reivindicando que en la Cámara “se pueda hablar de todo”. El aterrizaje de Borràs facilita el debate de ese texto y lo ofrece como el primer foco de conflicto institucional.

.

Pero los choques no serán solo con el Ejecutivo central o el Poder Judicial. Borràs aprovechó para marcar territorio frente a sus socios de ERC. La dirigente de Junts evitó calculadamente referirse a su directo antecesor, Roger Torrent, y se dijo heredera de Carme Forcadell, expresidenta de la Cámara y uno de los rostros principales del procés . Forcadell fue condenada a once años y medio de prisión por un delito de sedición. “Mi objetivo es continuar el trabajo donde ella lo dejó, porque ningún tribunal y ninguna cárcel nos hará renunciar a nuestras ideas”, dijo Borràs.

No fue el único dardo a los republicanos, con quienes Junts sigue las negociaciones para sacar adelante un Ejecutivo antes del 26 de marzo. En la constitución de la Cámara, la Mesa de edad decidió no aceptar la delegación de voto del diputado de Junts Lluís Puig, exconsejero del Govern de Carles Puigdemont y huido de la justicia en Bélgica. Ernest Maragall (ERC) estaba en minoría frente a los representantes del PSC y Vox. Ningún representante de Junts pidió la palabra en ese momento para objetar la decisión, pero Borràs aprovechó su discurso posterior para decir que Puig “recuperará pronto su derecho a voto”.

En ERC enmarcaron la decisión de Borràs de no mencionar a Torrent en su derecho a la libertad de expresión. El malestar, sin embargo, era evidente. “Ha sido el parto de la burra”, asegura una fuente de la dirección de los republicanos cuando se le pregunta sobre cómo fueron las negociaciones para lograr el acuerdo para la Mesa del Parlament. Los republicanos entienden que su voto a Borràs implica la luz verde a que Junts vote a Pere Aragonès como presidente del Govern. Borràs tiene ahora diez días para realizar la consulta entre los grupos y proponer un nombre. Salvo la CUP, que se niega a dar “cheques en blanco”, hay optimismo sobre el acuerdo entre los independentistas. Aunque los cuchillos vuelen con menos pudor que en el inicio de la legislatura de 2018.

La presidenta del Parlament cobrará 140.677 euros anuales y le esperan unos días de gran protagonismo por su decisión sobre la investidura. También mira el tiempo judicial. Está investigada por prevaricación, fraude en la administración, malversación y falsedad después de que troceara supuestamente un contrato para otorgárselo a dedo a un amigo. Si el Tribunal Superior de Cataluña, una vez reciba el caso, opta por abrirle juicio, quedará suspendida automáticamente del cargo.