Junts y ERC negocian un Gobierno que mantenga el desafío al Estado

La suerte está echada a favor de un nuevo Gobierno independentista en Cataluña. Esquerra Republicana (ERC) y Junts quieren reeditar su alianza de poder, esta vez con los republicanos como hermano mayor. La coalición naufragó en la anterior legislatura por sus desavenencias, pero la batalla contra el que consideran su enemigo, el Estado, puede más que las diferencias ideológicas. El acuerdo de esta semana para investir presidenta del Parlamento autónomo a la candidata de Junts, Laura Borràs, a pesar de estar imputada, abre la puerta al pacto para elevar a Pere Aragonès (ERC) como presidente de la Generalitat.

El independentismo se considera más legitimado porque en las elecciones catalanas de febrero aumentó su mayoría de diputados —cuenta con 74 de los 135 escaños del Parlament— y porque superó por primera vez el 50% de los votos escrutados —aunque solo el 26% del censo, porque la abstención fue altísima—. ERC, Junts y la CUP quieren reactivar la carrera independentista, siguiendo la estela del procés, el periodo que empezó en 2012 y finalizó en octubre de 2017, cuando el entonces presidente Carles Puigdemont —que días después se fugaría a Bélgica— declaró la separación unilateral de España y el Gobierno central intervino la Generalitat.

Los tres partidos, según aseguró a finales de febrero en Catalunya Ràdio el dirigente de ERC Sergi Sabrià, comparten la estrategia base para “preparar el embate definitivo y desbordar los límites autonómicos”. Borràs, en su discurso inaugural como presidenta de la Cámara, resumió la filosofía de la entente nacionalista: “La legislatura que empezamos ha de marcar un punto de inflexión en el avance hacia la independencia de Cataluña porque así lo han querido y decidido más de la mitad de los ciudadanos”, dijo. La misma elección de Borràs como presidenta también es una declaración de intenciones: está siendo investigada por adjudicar contratos a dedo. Si finalmente es inhabilitada, la Mesa del Parlamento, de mayoría separatista, podría abrir un nuevo frente de desobediencia a la justicia.

El pleno de investidura del presidente de la Generalitat se celebrará el 26 de marzo. ERC y Junts tienen dos semanas para consensuar el reparto de las consejerías y de organismos tan importantes como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el ente que engloba TV3 y Catalunya Ràdio. Puigdemont, líder de Junts, advirtió el viernes en El Punt Avui que no podía darse por hecho que vaya a producirse el acuerdo: “Antes de hablar de cargos tenemos que hablar de qué haremos. Esto no va de repartir consejerías sino de saber a qué dedicaremos este 52% de los votos en los próximos cuatro años”, afirmó. El 52% es el porcentaje de votos escrutados en las elecciones que fueron a parar a formaciones independentistas, incluido el PDeCAT, que no consiguió entrar en el Parlamento.

Un referéndum de autodeterminación reconocido por el Estado y por la UE, además de una ley de amnistía que exculpe a los condenados en el juicio del procés: estas son metas asumidas por los tres partidos del nacionalismo catalán. El camino difiere sobre todo en que Junts es más proclive a mantener la vía unilateral. Puigdemont hizo hincapié el viernes en uno de los puntos que más fricción generan entre Junts y ERC: la negativa de los posconvergentes, a diferencia de ERC, a secundar propuestas del Gobierno de PSOE y Podemos. Para Puigdemont, ambas formaciones deben actuar al unísono en el Congreso, algo a lo que se resiste ERC.

Otro escollo para la alianza independentista es el pacto que deben suscribir con la CUP. La formación anticapitalista deberá decidir si entra en el Ejecutivo o, lo más probable, si se mantiene fuera de él. Aragonès insistió este sábado en la necesidad de negociar el Gobierno entre los tres partidos “lo antes posible”. La voluntad de ERC es que la CUP esté en la Generalitat. La selección de las personas que ocupen las carteras también puede ser un contratiempo. En concreto, nombres de los sectores más de derechas de Junts, como el de Ramon Tremosa, actual consejero de Empresa, pueden no ser del agrado de la CUP.

La influencia del partido de izquierda radical ya se notó durante las dos semanas de vandalismo callejero en febrero, tras las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. ERC y Junts no solo evitaron hasta el último momento condenar la violencia urbana, sino que también anunciaron futuros cambios en los equipos antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica.

La distribución de responsabilidades ejecutivas entre ERC y Junts será un campo en el que las discusiones serán arduas. La capitana de Junts en el Govern, previsiblemente asumiendo la vicepresidencia, será Elsa Artadi. Los dos partidos deberán consensuar si Artadi será la máxima responsable económica de la Generalitat, tal y como lo ha sido Aragonès cuando ERC fue socio menor en el Ejecutivo saliente.

Los republicanos no renuncian a mantener la responsabilidad económica, por lo que contemplan que Artadi sea vicepresidenta pero con otras competencias; en concreto, según fuentes de ERC a EL PAÍS, la cartera de Relaciones Internacionales. La política exterior de la Generalitat ha sido motivo recurrente de polémica por su actividad propagandística a favor de la independencia. Dejar las relaciones internacionales del Govern en manos de Junts daría aún mayor influencia al núcleo de Puigdemont en Bélgica.

Hay consejerías que son particularmente sensibles porque suponen un desgaste mayor para el partido que las ocupe: el Departamento de Salud, que debe hacer frente a la pandemia, y el Departamento de Interior, responsable de la policía catalana. La titular de Salud es Alba Vergès, de ERC, que ha estado en el ojo del huracán durante el año de alarma sanitaria. Los dos últimos consejeros de Interior han sido de Junts y han recibido una presión constante por el dilema entre tener que dar apoyo a los Mossos d’Esquadra en el cumplimiento de la ley y las directrices políticas de su partido, que es partidario de las movilizaciones urbanas para protestar e incluso desobedecer decisiones judiciales contrarias a sus tesis.

Los sueldos más altos de España

La Generalitat catalana tiene más de 300 altos cargos que suponen una suculenta fuente de ingresos para los partidos en el Gobierno. El último president, Quim Torra, tenía asignada una retribución anual de 153.235 euros brutos. Los consejeros del Ejecutivo catalán reciben unos emolumentos de 115.000 euros. Más de 180 de estos puestos de responsabilidad de la Generalitat ganan más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que su vicepresidente Pablo Iglesias: el primero obtiene un sueldo anual de 84.845 euros brutos y el segundo percibe 79.746 euros.

ERC y Junts tienen sobre la mesa una propuesta para limar diferencias y que puede transformar la red de altos cargos del Govern: la idea es crear en cada departamento una cúpula formada por el consejero, que sería de un partido, y un segundo responsable que sería representante del otro socio. EL PAÍS informó el 8 de marzo de que esta posibilidad debe ser todavía analizada por los equipos negociadores. Esta fórmula, que algunos analistas han visualizado como la introducción de un viceconsejero, ya fue aplicada para consensuar mejor la toma de decisiones en el Gobierno catalán entre 2006 y 2010, el del tripartito formado por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), ERC y los ecosocialistas de ICV.