El independentismo rebaja la unilateralidad pero mantiene la desobediencia

La música que tocan los partidos independentistas catalanes suena diferente, pero los instrumentos son los mismos. Mientras que Esquerra Republicana (ERC) y los anticapitalistas de la CUP ponen el foco en la celebración de un referéndum de autodeterminación, Junts per Catalunya (Junts) sube el tono marcando como objetivo alcanzar la separación de España por la vía unilateral. Pese a ello, el partido de la candidata Laura Borràs introduce difíciles condiciones para ejecutar su plan. Las tres formaciones sí coinciden en sus programas electorales en defender la desobediencia institucional y civil como herramienta para presionar al Estado.

Junts, el partido de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra, establece como meta que el independentismo supere el 50% de los votos en las elecciones autonómicas del 14 de febrero. Si esto se produce, Junts se compromete a “activar” la declaración unilateral de independencia de 2017. Esto implica, según este partido nacionalista, reconocer en el Parlamento autonómico al llamado Consejo por la República como “Autoridad Nacional” que debe conducir a Cataluña a hacer efectiva la nueva república. El Consejo por la República es un ente con sede en Bélgica, donde Puigdemont reside para evitar ser juzgado por los hechos de 2017 en torno a la independencia unilateral. Los partidos independentistas y sus organizaciones de la sociedad civil pretenden convertir este consejo en un poder paralelo fuera del marco legal español. Junts apuesta por la vía unilateral pero al mismo tiempo anuncia que solicitará “la intervención de los organismos europeos para conseguir un referéndum acordado y vinculante”.

El programa electoral de Junts establece que la vía unilateral puede requerir “la resistencia y desobediencia institucional para contrarrestar cualquier subestimación o intromisión del Estado”. “Finalmente, cuando la ciudadanía, las instituciones y el Consejo por la República estén preparadas”, reza el texto, “se procederá a activar la Declaración de Independencia, a movilizar al país para su defensa pacífica y democrática”.

Los dirigentes del nacionalismo catalán han liderado en el pasado reciente múltiples actos de desobediencia de la legalidad: la consulta de independencia de 2014, el referéndum ilegal de 2017 y la posterior declaración de independencia o los altercados de 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés: la ocupación en 2019 del aeropuerto de El Prat, el bloqueo de autopistas, de estaciones de tren, de la frontera con Francia y el vandalismo en las principales ciudades catalanas.

Contra España y la UE

La CUP incide en la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación, pero acompañándolo de la insubordinación frente al Estado y la Unión Europea. Los anticapitalistas, que han sido claves en los últimos gobiernos catalanes como apoyo desde la oposición, remarcan que estos planes deben activarse tras superar la crisis sanitaria por el coronavirus. “El independentismo debe liderar los consensos sociales en torno a los derechos sociales, civiles y políticos que no tienen salida en el marco legal español y de la UE”, apunta el programa de la CUP, “y debe hacerlo no solo desde un planteamiento de denuncia, sino también con un planteamiento de desobediencia civil, institucional y de organización popular”.

ERC es, de estos tres partidos nacionalistas, el que expresa posiciones más moderadas. Para la organización que preside Oriol Junqueras, la insubordinación sería necesaria si los poderes legislativo y ejecutivo centrales no aceptan negociar un referéndum: “Ante nosotros tenemos un Estado autoritario que no se homologa con las democracias más avanzadas y que no nos lo pondrá nada fácil. Ante esto, la apuesta por la democracia, el diálogo y el reconocimiento político del conflicto son nuestras mejores armas, sin renuncias a la desobediencia civil y a la unilateralidad si una mayoría democrática lo avala”. Para ello, los republicanos plantean numerosos condicionantes: “Este escenario exigirá un apoyo muy mayoritario y su operatividad y eficacia dependerá siempre de la acumulación de apoyos, electorales pero también institucionales, sociales, económicos y mediáticos”. El único partido independentista con representación parlamentaria que no contempla la unilateralidad, el PDeCAT, tiene pocas posibilidades de conseguir algún diputado, según las encuestas.

Reforma constitucional

Las fuerzas políticas contrarias a la independencia se dividen entre los que plantean una reforma federal y un desarrollo de las competencias propias Cataluña –el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y En Comú Podem– y los partidarios de que el régimen autonómico actual no varíe –Ciudadanos y el Partido Popular. En Comú Podem, la formación hermana de Podemos en Cataluña, es la que va más allá: defiende el derecho de autodeterminación y que la Constitución sea reformada con una disposición adicional específica para blindar las competencias de Cataluña y su reconocimiento como nación. Además, considera que Cataluña debe tener una Constitución propia. Los socialistas no ahondan en un trato especial para Cataluña sino en una descentralización para todas las comunidades autónomas según sus necesidades, por ejemplo un mayor nivel de gestión de impuestos. Las medidas específicas que plantea el PSC se enmarcan dentro de los márgenes del actual Estatuto de Cataluña, pero también incluye trasladar a Barcelona sedes de instituciones del Estado, sin precisar cuáles, más allá de la reiterada idea de localizar el Senado en la capital catalana.

El PSC recuerda que se posiciona a favor de una reforma constitucional aunque, a diferencia de las elecciones de 2017, no considera que ahora pueda abrirse este proceso “si no se supera la polarización política presente”. Los comunes y el PSC, que forman parte del Ejecutivo central, basan su plan para resolver el conflicto político en Cataluña en las mesas de diálogo ya existentes entre Gobiernos y partidos. También coinciden en ampliar el porcentaje de impuestos como el IRPF o el IVA que gestione la Generalitat, o en la necesidad de que tire adelante una ley de lenguas para reconocer la pluralidad lingüística del Estado.

El PP, que no ha hecho público su programa electoral, sobre el encaje de Cataluña en España indica que quiere “normalizar la presencia del Estado y de los símbolos nacionales en Cataluña” y que el Gobierno incremente las inspecciones en el sistema educativo catalán. Ciudadanos busca que la Generalitat participe en los organismos y entes de relación entre el Gobierno y las comunidades autónomas en los que el actual Ejecutivo catalán ha evitado tener presencia. El partido que lidera Inés Arrimadas concede que el sistema de financiación de Cataluña debe ser reformado para que sea “más justo, que garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las comunidades autónomas en función de sus necesidades reales”.