El Gobierno levanta la intervención financiera a Cataluña

El Gobierno central ha comunicado a la Generalitat el levantamiento de la intervención financiera que mantenía a su política de gasto desde 2015, en época prereferéndum independentista y del Partido Popular. La medida supone para el Ejecutivo autonómico no tener que remitir cada mes las facturas pagadas al Ministerio de Hacienda. El final de esa fiscalización llega en dos fases ya que en 2018, con el Estado ya gobernado por el PSOE, se decidió dar más manga ancha al no exigir los controles previos de pago.

Hasta ahora el Departamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda de la Generalitat ha tenido que mostrar los certificados de gasto mensuales elaborados por el interventor general de la Generalidad, así como remitir otros documentos adicionales de información de la contabilidad autonómica y de todo su sector público. Este farragoso ejercicio será el que la Generalitat se podrá librar a partir de ahora. Es uno de los puntos que ERC negoció con el PSOE en la tramitación presupuestaria y que finalmente fue aceptado para la aprobación de las Cuentas del próximo año.

La supervisión económica y financiera a la Generalitat se produjo como una fórmula extraordinaria creada en noviembre de 2015 para evitar que recursos públicos autonómicos pudieran acabar con fines secesionistas. Era una medida adicional a la que las comunidades autónomas conectadas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) tenían que seguir para conseguir el rescate económico del Estado a través de créditos con bajos tipos de interés. Para ello se exigía al interventor general de la Administración autonómica que diera fe de la “legalidad” de los pagos. El control fue incluso más duro durante los meses de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la intervención completa a la Generalitat después de la celebración del referéndum ilegal, durante los cuales la Generalitat no pudo ingresar los anticipos del sistema de financiación autonómica.

Las medidas tomadas por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegaron después de que el Govern anunciara su intención de crear estructuras de Estado como prólogo al referéndum. Hablaba entonces de su propia Hacienda catalana, con más funciones que las que tiene la actual, y una suerte de Seguridad Social que nunca llegaron a cristalizar.

Pero también existían otras razones, según explicaron, para tomar esa medida extraordinaria. Una, la supuesta ocultación de un gasto de 1.300 millones de euros en obra pública. Pero sobre todo, la pésima situación por la que atravesaban las cuentas autonómicas, que todavía no se habían recuperado de la caída de la recaudación vinculada a la crisis económica, y una calidad de su crédito que las agencias de calificación situaban a la par que el bono basura.

De esa situación aún hoy la Generalitat no ha podido salir. Las tres agencias de calificación que le ponen nota a su deuda aún no ven una mejora de la situación y fían su situación al apoyo estatal. A eso se añade que el ejercicio pasado la Generalitat incurrió en un déficit del 0,56%, cinco veces más de lo permitido, si bien también computó el impago de más de 900 millones de euros de deuda en la actualización del IVA. Un año antes sí había logrado respetar las tres reglas de la ley de estabilidad presupuestaria (déficit, deuda y gasto), lo que le permitió subir un escalón, librarse del FLA y conectarse al más laxo Fondo de Facilidad Financiera.