Los restauradores catalanes podrán romper su contrato de alquiler si están más de tres meses cerrados

La posibilidad de reducir hasta un 50% los alquileres que pagan los establecimientos comerciales, hoteleros y de restauración en Cataluña que se han visto afectados por los cierres y otras medidas de distanciamiento social provocadas por el coronavirus ha entrado en vigor este jueves con la publicación en el DOGC del decreto ley aprobado por el Govern el pasado martes. El articulado de la norma incluye otras medidas que van en la línea de apoyar a los operadores comerciales. La más significativa es que bares y restaurantes, además de centros de ocio nocturno, podrán poner fin a sus contratos de alquiler si, en los próximos doce meses, acumulan más de tres meses sin poder abrir a causa de medidas tomadas por la Generalitat para evitar la propagación de la covid. “Puede optar a desistir del contrato sin penalización a partir del momento en el que se llegue a esa circunstancia los tres meses”, señala el documento publicado en el Diario Oficial de la Generalitat.

El articulado del decreto incluye también en las rebajas forzadas en los contratos los gastos generales que, sobre todo en el caso de los centros comerciales, acostumbran a incluirse en las cláusulas de los contratos y que van sujetos al pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), servicios de limpieza y de seguridad o de mantenimiento en general. Asimismo, los operadores que hayan negociado con carácter previo a la aprobación de esta norma un descuento con sus arrendadores podrán igualmente reclamar un descuento superior si les beneficia el decreto autonómico.

Los contratos que quedan afectados por el decreto del Govern son aquellos que se hayan firmado a partir de 1995 y el decreto manifiesta que las actividades beneficiadas por él son el comercial, incluyendo actividades culturales, docentes, deportivas y recreativas y servicios como la estética, los hoteles o la restauración. El sentido del decreto, argumenta el Departamento de Justicia, es “aplicar un criterio distributivo de las consecuencias negativas que se derivan de las prohibiciones, suspensiones y restricciones impuestas para evitar la propagación de la pandemia”.

El único porcentaje de reducción que fija la Generalitat es el del 50%, mientras que deja a decisiones más de la negociación las afectaciones sobre reducciones de horarios por un toque de queda, la reducción de aforos para preservar la distancia de seguridad o la anulación del consumo en barra. La automatización de las rebajas se llevarán a cabo en el plazo de un mes a partir de que el inquilino requiera la negociación.

Más de 366 millones de pérdidas

La medida es del agrado del sector de la restauración, que el martes se apresuró a considerarla “histórica”, pero ha levantado ampollas en la patronal Foment del Treball y en las compañías que se dedican al alquiler de establecimientos comerciales. Jordi Ruiz, abogado de Fieldfisher Jausas, considera muy posible que se produzca una lluvia de recursos a la Generalitat por un decreto que muchos especialistas en Derecho consideran que confisca derechos contractuales.

La Cámara de Comercio de Barcelona, en su último informe de coyuntura, calcula que las dos semanas de cierre de la actividad forzada a bares y restaurantes generará una caída de la facturación al sector de entre 366 y 539 millones de euros, por lo que reclama una ayuda directa de la Generalitat de 103 millones de euros.