El cierre de la hostelería afecta a más de 200.000 trabajadores en Cataluña

Justo cuando algunos empezaban a recuperarse, aunque tímidamente, los trabajadores de la restauración en Cataluña vuelven a sufrir un duro varapalo. Con la entrada en vigor este viernes del cierre de bares y restaurantes decretado por el Govern para contener la epidemia, el sector advierte de que 200.000 empleos penderán de un hilo. El Departamento de Salud de la Generalitat ha avisado de que la medida ayudará a frenar la curva epidémica, pero no a bajarla. La transmisión seguirá disparada.

“Ha sido un jarro de agua fría”, lamenta Francisco Galván, responsable de Hostelería del sindicato Comisiones Obreras (CC OO). En Cataluña, según los últimos datos de afiliación a la seguridad social, hay 148.510 trabajadores en régimen general que se incluyen en la división económica de “servicios de alimentación y bebidas”, es decir, básicamente bares y restaurantes.

Además de estos trabajadores asalariados, hay 49.848 personas que desarrollan su actividad en esta división económica pero bajo el régimen de autónomos, ya que son a la vez los propietarios de los locales. Y, según la Asociación de Empresas de Distribución y Logística de Bebidas y Alimentación de Cataluña, la cifra total se eleva a 300.000 personas si se tienen en cuenta los trabajadores del sector de la distribución.

Todos estos trabajadores ya sufrieron un parón sin precedentes el pasado mes de marzo con el estado de alarma, que disparó el número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) al cesar la actividad completamente. En el acumulado del año, los expedientes registrados en este ámbito han sido 19.829 y los trabajadores afectados 116.834.

Germán Fuganti es uno de estos empleados que en marzo entró en un ERTE, del que no ha salido desde entonces. “Tengo contrato en un restaurante del barrio del Poble Sec que depende mucho del turismo. Con el desconfinamiento, el sector no se ha recuperado igual, y en nuestro caso solo han vuelto a trabajar los dos socios propietarios. Los cuatro empleados, de los que solo quedamos dos, no hemos sido convocados para volver a trabajar”, explica.

Con el ERTE y sin la posibilidad de hacer horas extra ni tener propinas, calcula que los ingresos le han bajado un 45%, y ha tenido que llegar a un acuerdo para bajar el alquiler de su habitación. “Esta situación que es un poco extrema te empuja a reinventarte, y yo he intentado potenciar una de mis pasiones, que es el yoga. Ahora estoy enfocándome hacia la enseñanza y estoy cursando un curso de formación para ser profesor”, explica.

“Muchos restaurantes no han podido reanudar la actividad al 100%, pero ahora que empezaba a repuntar, esto es un paso para atrás, y muchos locales no van a aguantar. Está claro que tiene que primar la salud de las personas, pero va a ser duro, porque tememos que no serán solo 15 días”, destaca Galván, de CC OO. En hostelería, incluyendo a los trabajadores de hoteles, hay en España 253.000 personas en ERTE todavía. Los sindicatos recuerdan que el convenio de hostelería está caducado y tiene que renegociarse este noviembre, y denuncian que la patronal se escuda en la pandemia para no reanudar las conversaciones.

El Govern asume que un nuevo cierre de la restauración es una medida “difícil y dolorosa”. Pero no queda más remedio. La curva epidémica en la comunidad está desbocada y es preciso frenar la transmisión: la incidencia acumulada a 14 días es de 272 casos por 100.000 habitantes y la velocidad de transmisión (la Rt, que mide a cuántas personas contagia un positivo) está en casi 1,4, muy por encima de lo que recomiendan las autoridades sanitarias (menos de 1) para mantener a raya la transmisión.

“La gran decisión fue si hacíamos medidas más suaves o no y la opinión mayoritaria era que con eso no salíamos. Es estrictamente necesario que podamos frenar la curva. Ojalá me equivoque y consigamos que la curva empiece a descender, pero creemos que estas medidas servirán para frenarla”, admitió el jueves el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

El Govern dejó este jueves al sector en vilo casi hasta última hora de la tarde. No se sabía si, finalmente, el paquete de medidas —que contempla también restricciones de aforo, al 30% los locales comerciales y al 50% los gimnasios, y el cierre de parques de atracciones y servicios de estética que requieran contacto físico, excepto las peluquerías— iba a entrar en vigor esta pasada madrugada, tal y como habían anunciado, o se retrasaba a la espera del beneplácito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La consejera de Salud, Alba Vergés, insistía al mediodía que las medidas tenían que tomarse cuanto antes, que no se podía esperar, pero los vaivenes jurídicos apuntaban lo contrario.

El Govern pretendía obtener el aval judicial a sus medidas antes de aplicarlas. Pero el escrito presentado el jueves por la mañana al TSJC tenía diversas carencias: contenía errores formales (no tenía “firma ni número de decreto ni fecha”, según el tribunal) y no mencionaba cuáles de las concretas actividades suspendidas o cercenadas podrían afectar a derechos fundamentales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC pidió a los servicios jurídicos, pasado el mediodía, que las aclarase y así lo hicieron, pero demasiado tarde para obtener una resolución el mismo jueves. El TSJC comunicó a los servicios jurídicos que tendría lista una resolución al respecto este viernes.

Un sector en vilo

En un comunicado que puso fin a horas de especulaciones que mantuvieron en alerta al sector de la restauración, el Govern confirmó finalmente que las medidas se publicarían en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) alrededor de la una de la madrugada del viernes, momento en el que entrarán en vigor “de manera inmediata”. Así, tras horas de incertidumbre, el Gobierno de Pere Aragonès aclaraba que las medidas debían tomarse “con urgencia” para hacer frente al incremento de contagios en Cataluña y “cortar la expansión lo más pronto posible”.

“Las medidas se toman para preservar el sistema sanitario y garantizar atención a enfermos covid y no covid. Lo que no nos puede pasar es lo que ocurrió en la primera ola. Es por eso que tomamos medidas duras, drásticas y contundentes”, justificó Argimon. Las restricciones están encaminadas a limitar la movilidad y las interacciones sociales, los dos principales factores que están detrás de los contagios. “Estas medidas servirán para frenar esta escalada creciente de la curva. Los hospitales ya están viendo este movimiento de un incremento de pacientes ingresados. Pensemos en ellos. No podemos fiarlo todo al entorno asistencial. Es estrictamente necesario que podamos frenar la curva”, insistió el jueves el secretario de Salud Pública.

Según el Govern, la resolución del DOGC incluye, no obstante, una disposición que “dejará en suspenso”, hasta que se pronuncie el TSJC, los tres aspectos que, a criterio del Gobierno catalán, podrían afectar a derechos fundamentales: la prohibición de las reuniones de más de seis personas, la suspensión de la actividad presencial en las universidades y la reducción de aforo en las actividades de culto.

Con todo, la decisión del TSJC, sea cual sea, no era en absoluto necesaria para que el Gobierno catalán apruebe el decreto con las nuevas medidas. Ni siquiera en las medidas que pueden afectar a derechos fundamentales. El Ejecutivo, sin embargo, ha pretendido obtener el visto bueno de la justicia antes de activar unas medidas polémicas que han despertado la ira del sector de la restauración. No en vano, sus responsables ya han anunciado su intención de recurrir ante la justicia el cierre de los locales al considerarlo excesivo.

Argimon advirtió el jueves de que, pese a la dureza de las medidas actuales, dentro de 15 días la curva epidémica seguirá elevada y no descarta más restricciones a corto plazo para seguir conteniendo la curva.

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