Los grandes caseros de centros comerciales han llegado a acuerdos con un 63% de sus inquilinos

La crisis del coronavirus obligó a cerrar todas las tiendas, salvo las de alimentación y productos esenciales, y eso ha puesto en serios apuros a muchos comerciantes. Sin poder hacer caja en ocasiones durante más de dos meses y medio, las dificultades para seguir pagando la renta del local se han multiplicado. En ese contexto, el Gobierno sacó a finales de abril un decreto que, a similitud del de vivienda, obligaba a los grandes propietarios a aceptar una moratoria para aliviar la situación de los arrendatarios, aunque la norma también contempla la posibilidad de otros acuerdos. Ahora, los grandes caseros de centros comerciales señalan que, casi un mes después de la finalización del estado de alarma, han alcanzado ya pactos que modifican los términos iniciales del contrato con un 63% de sus inquilinos.

En un comunicado publicado este viernes, once grandes tenedores de superficies comerciales en España —entre los que se incluye la mayor socimi del país, Merlin Properties, o gigantes europeos del sector como Unibail Rodamco Westfield y Klépierre— aseguran que “durante las últimas cuatro semanas, los propietarios han venido negociando tanto con grandes operadores como con multitud de pequeñas y medianas empresas para buscar soluciones que faciliten la adaptación de los negocios a los condicionantes de la nueva normalidad”.

La nota no detalla en qué consisten esos pactos, aunque sí señala que se han adoptado “en aplicación del espíritu” del real decreto del pasado abril. En esa norma, el Ejecutivo señalaba que, en ausencia de otro tipo de acuerdo, los propietarios debían aceptar una moratoria de pago de hasta cuatro meses. Posteriormente, las cantidades no satisfechas se prorratearían para ser devueltas durante los dos años siguientes. No obstante, arrendadores y arrendatarios tienen margen para negociar otro tipo de medidas. Estas incluyen, según una fuente de ese foro de propietarios, “distintas soluciones” además de las moratorias; y van desde las “bonificaciones” (bajadas de la renta) hasta la puesta en marcha de operaciones de “estimulación de la venta”, como reformas de los espacios o acciones de mercadotecnia.

El lobby de grandes propietarios, once empresas que conjuntamente gestionan más de 150 centros comerciales en toda España y que durante el confinamiento se unieron para trasladar algunas de sus reivindicaciones, asegura que “esta tendencia de consecución de acuerdos seguirá creciendo en las próximas semanas”. Por ello, previenen al Gobierno contra “cualquier otra solución desequilibrada” en materia de alquileres comerciales, lo que a su juicio “podría debilitar a toda la cadena de valor del comercio y, en el caso de los propietarios de centros y parques comerciales, podría incluso generar la quiebra si se produjese una situación de impago generalizada”.

Por último, los firmantes del comunicado recuerdan que, además de las medidas encaminadas a “aliviar la tesorería de los inquilinos”, la epidemia de coronavirus les ha llevado a poner en marcha otras para mantener correctamente sus instalaciones y adaptarlas a las nuevas recomendaciones sanitarias. Su objetivo, aseguran, es “contribuir a la salvación del tejido empresarial y de los puestos de trabajo existentes en el sector”, que cifran en 740.000 empleos en toda España, entre directos e indirectos.

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