Cataluña no es capaz de reducir el periodo de pago a sus proveedores
La Generalitat abona sus facturas a 49 días, muy por encima de los 30 días previstos por Hacienda
La Generalitat de Catalunya se ve impotente para reducir los plazos de pago a sus proveedores. Cada mes supera los 30 días fijados por el Ministerio de Hacienda para el conjunto de las administraciones. En julio, último dato publicado por el Gobierno central, el promedio se situaba en los 44,7 días y en agosto, la estadística más reciente que tiene el Ejecutivo autonómico fue de 49,2 días. Apenas cuatro meses en los últimos dos años ha logrado dejarlo por debajo de los 40 días y en los dos últimos recuentos mensuales se ha situado como la segunda comunidad autónoma con los peores recuentos, solo superada por Baleares (53 días en julio), aunque desde el Departamento de Economía de la Administración autonómica se leen esos datos como variables en función del resto de comunidades autónomas. La media de pago en el conjunto de comunidades se sitúa en los 31,4 días.
Atrás han quedado las quejas que los proveedores sanitarios y sociales afloraron hace seis años, cuando sufrieron los problemas de liquidez que tenía la Generalitat. Hoy, acostumbrados a cobrar en esos plazos en torno a los 40 días, se sienten en una posición de comodidad respecto a los 70 y 90 días que podían tardar en cobrar entonces, cuando denunciaron una situación crítica para el sector. Desde la Unión Catalana de Hospitales, la patronal del sector, se afirma: “El gasto ordinario se está cobrando habitualmente”. Pero demandan “celeridad” en el pago de otras facturas sobrevenidas por la pandemia del coronavirus, ya que el impacto del gasto en centros de salud y sociales “es importante” y son gastos que también que tendrá que asumir la Generalitat.
Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Hacienda muestran un ligero incremento del pago medio de cinco días en el ámbito sanitario en plena crisis del coronavirus. De hecho, la situación ahora no es mucho peor a la existente antes del inicio de la pandemia, cuando tanto el Gobierno como el conjunto de las autonomías iniciaron una carrera para adquirir productos sanitarios de primera necesidad para dotar a los centros sanitarios. En mayo se alcanzó un máximo de 56 días para pagar las facturas del ámbito sanitario y en agosto era de 51,7 días. En el caso de las empresas que ofrecen productos y servicios al sector público educativo, éstas cobraban a 44,95 días, mientras que las entidades de carácter social están siendo mejor tratadas: 29,4 días, por debajo del límite de Hacienda.
Problema que viene de lejos
El problema, en todo caso, no procede de la pandemia. Es anterior. En 2017 el Gobierno del Partido Popular se vio obligado a modificar la fórmula de cálculo del pago a proveedores. No fue por voluntad propia, sino por la advertencia lanzada desde la Comisión Europea. Bruselas le echaba en cara que su metodología enmascaraba la realidad del pago de las administraciones a sus proveedores, al no contabilizar los primeros 30 días, los que pasaban entre el registro de entrada de una factura hasta su conformidad. De esa forma la morosidad de las administraciones públicas pasaba los exámenes con mejor nota.
Modificada la regla, el Gobierno catalán admitió que tendría que realizar un sobreesfuerzo de trabajo interno para rebajar esas ratios de pago hasta los 30 días de límite fijados por el Gobierno. Agilizar la tramitación de facturas y sobre todo su automatización, señalaban entonces, era la única forma de conseguir reducir las estadísticas. Pero esos planes no se han cumplido. El Departamento de Economía que dirige Pere Aragonès defiende que el principal problema de ese problema se encuentra en el sistema de financiación autonómica, que supone “gestionar unos recursos limitados mientras la factura sanitaria sigue creciendo”. Y defienden que en los próximos meses, entre octubre y diciembre, el pago medio mejorará al coincidir con la liquidación de recursos vinculados al modelo de financiación, aunque cuestionan que sea posible conseguir la mejora que se logró en la segunda mitad de 2018, cuando se pasó de los 49 días de agosto a los 34,9 de diciembre, aunque después volvieran a elevarse los plazos. “No hay margen”, señalan las mismas fuentes consultadas.
El Govern no ha logrado mejorar las estadísticas pese a gobernar este año con unos Presupuestados renovados y con un techo de gasto superior a ejercicios superiores ni a los ingresos que le ha transferido el Gobierno en forma de anticipos a cuenta del modelo de financiación, y los fondos social, sanitario y el Covid-19.
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