El Parlament condena por unanimidad “las conductas ilegales y corruptas” de Jordi Pujol

Una semana después de cumplir 90 años, el Parlament ha renegado este martes de Jordi Pujol y ha condenado por unanimidad las “conductas ilegales y corruptas” de “ocultación de patrimonio” y “defraudación de cuotas tributarias” que se atribuyen al expresidente catalán. La Cámara reclama a Pujol que devuelva los 885.651 euros que, según la Agencia Tributaria, defraudó por la fortuna oculta en Andorra, pese a que el delito contra la Hacienda Pública ya ha prescrito.

Nunca hasta hoy el Parlament había realizado una condena tan clara y contundente de las prácticas corruptas que se atribuyen a Jordi Pujol y que investiga la justicia tras la confesión que realizó en 2014 de haber mantenido durante años una fortuna oculta en el extranjero.

El escenario ha sido la Comisión de Asuntos Institucionales, en la que se ha debatido una moción registrada por Ciudadanos a finales de febrero y cuya tramitación había quedado congelada por el coronavirus. Todas las formaciones políticas, incluida Junts per Catalunya, apoyó la condena al fraude fiscal que pueda cometer cualquier contribuyente, “en especial por parte de personas que ostentan o han ostentado importantes responsabilidades políticas” como Jordi Pujol. El texto aprobado considera “conveniente y necesario” que Pujol “regularice de manera inmediata y voluntaria las cantidades pendientes con la Agencia Tributaria que habría defraudado fiscalmente” y aboga porque el presidente de la Cámara, Roger Torrent, notifique de manera formal el acuerdo al expresidente.

La resolución impulsada por Ciudadanos también insta al Govern a “adoptar todas las medidas necesarias en materia de transparencia para exigir a todos los expresidentes la presentación y publicación de sus declaraciones de bienes y actividades al inicio y al final de cada legislatura”. La exigencia es la misma que deben cumplir los miembros del Govern, los altos cargos de la administración y los diputados de la legislatura vigente. El grupo de Junts per Catalunya se ha quedado solo en su oposición a ese punto.

Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola, y los siete hijos del matrimonio están imputados por un supuesto delito fiscal en la Audiencia Nacional desde enero de 2017 en una causa pendiente del resultado de diversas comisiones rogatorias enviadas a Luxemburgo y Andorra. Un informe de la Agencia Tributaria de diciembre concluyó que se produjo “un ingreso en efectivo sin justificar” con el equivalente a 1,84 millones de euros en una cuenta abierta por la familia en Andorra en 2000 cuyo “titular real” era el expresidente. Esa tesis desmontaría la confesión de Pujol de hace seis años de que había ocultado el dinero al fisco procedente de un legado de su padre, pero en el que los beneficiarios serían su esposa y sus hijos.

La defensa de la familia Pujol niega la versión de Hacienda y atribuye el dinero a una cuenta de la que es titular Jordi Pujol Ferrusola, el mayor de los hermanos, que pasó ocho meses en prisión preventiva. Los abogados aseguran que varios testigos han avalado esta tesis ante el juez instructor y que un informe caligráfico demuestran que los documentos bancarios eran del hijo, no del padre.