El ‘procés’ hiberna la democratización de TV3

La polarización generada por el procés ha congelado la democratización de TV3. Hay una ley aprobada desde hace exactamente siete meses —se cumplieron el pasado sábado— que no se aplica porque los partidos ni se ponen de acuerdo ni apenas lo intentan. El texto legislativo propone un retorno a las mayorías cualificadas y al consenso para elegir al gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

El soberanismo catalán hegemónico, que aseguraba tener a la BBC histórica como referente, practica desde hace años la vieja doctrina de la lottizzazione italiana, pero restringida en este caso al propio Govern. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana se han distribuido sin rubor los cargos en la CCMA: para ERC, Catalunya Ràdio y para JxCAT, TV3. Mientras desde la izquierda se propugna la democratización con diversos matices, Ciudadanos habla abiertamente de privatizar el servicio y recortar su presupuesto en un 50%. La oposición —desde Cs hasta la CUP, pasando por socialistas, PP y comunes— exhibe una notable incapacidad para que entre en vigor una ley que el independentismo mayoritario no quiere que se aplique, a pesar de que fue aprobada por unanimidad en el Parlament. A la espera de la próxima convocatoria electoral, TV3 y Catalunya Ràdio redoblan su valor propagandístico en el ecosistema político independentista.

“Es gracias a la bondad de Dios que en nuestro país poseemos estas tres cosas infinitamente preciosas: la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la prudencia para no ejercer jamás ninguna de las dos”. Esa frase que Mark Twain aplicaba a los Estados Unidos de hace más de cien años sirve para la Cataluña del siglo XXI. Los caminos por los que se ha llegado a esta situación de parcelación intergubernamental arrancan del deseo pujolista de contar con unos medios de comunicación propios y nacionalistas. Con el procés, TV3 y Catalunya Ràdio han convertido en realidad el viejo sueño del líder de Convergència.

La situación de excepcionalidad ordinaria arranca de cuando la vieja CiU pactó con el PP para llevar adelante los recortes

Hubo breves paréntesis. Pasqual Maragall intentó introducir la pluralidad en los medios públicos catalanes. Solo en dos momentos, el paso del convergente Miquel Puig (2000-2002) por TV3 y el del ex ministro socialista Joan Majó (2004-2008) por la presidencia de la CCMA, se intentó honrar la idea de servicio público plural. Durante esos mandatos se han aprobado los únicos contratos programa.

Puig era militante de Convergència pero el Artur Mas preindependentista no le toleró tanta independencia. Majó vivió la primavera del primer gobierno tripartito, cuando la izquierda entró como realquilada en el Palau de la Generalitat y el Parlament aprobó la despolitización de los medios públicos y que fueran mayorías parlamentarias cualificadas (de dos tercios y no la simple pujolista al uso) las que eligieran quién debía gobernar los medios públicos catalanes. La primavera duró poco.

Desde entonces y hasta ahora se ha vuelto a la triste normalidad de las mayorías simples de fácil manejo. Solo uno de los vocales de los organismos de control y gobierno no ha superado con creces su mandato. La situación de excepcionalidad ordinaria arranca de cuando la vieja CiU pactó con el PP para llevar adelante los recortes. Por eso no sorprende que entre cuatro de los seis vocales que resisten en el Consejo de Gobierno de la radio y televisión publicas catalanas uno fuera propuesto por el actualmente diezmado PP catalán —Armand Querol—, otro por la extinta Unió Democrática —Antoni Pemán— , la presidenta en funciones —Núria Llorach— catapultada por Junts per Catalunya y la única con mandato vigente es Rita Marzoa, propuesta por los republicanos.

Los tres primeros deberían haber sido sustituidos hace dos años y los dos socialistas —con los que sumaban seis— dimitieron en 2018. En esa extraña correlación de fuerzas, sin nada que ver con la actual mapa del Parlament, es el voto de calidad de la presidenta en funciones el que dirime en caso de empate. Siempre se juega en casa.

Otro tanto sucede en el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), con todos los mandatos caducados excepto uno que concluye este verano. Dos vocales de la mayoría soberanista, un popular y una socialista, componen este fresco en el que es frecuente que se diagnostique —gracias al voto de calidad del presidente— que TV3 es la cadena más plural de España. Son valoraciones cuantitativas, por tiempo de aparición en pantalla, y afectan solo a los informativos, no a otros programas como FAQS o Tot es Mou, que se han convertido en herramientas de difusión ideológica del soberanismo, según los partidos de la oposición.

El papel de Sanchis

Vicent Sanchis, director de TV3, manda con pulso firme a pesar de haber sido reprobado por el Parlament en 2017. Hombre de confianza político-mediática de Jordi Pujol y Lluís Prenafeta —exsecretario general de Presidencia condenado por el caso Pretoria de corrupción urbanística— el periodista valenciano sortea las comisiones de control parlamentario con la habilidad propia de un tertuliano y la comodidad de quien cuenta con el respaldo del poder. El pujolismo ha vuelto a TV3, señalan desde la oposición.

En la sesión de la comisión de control de los medios públicos celebrada telemáticamente el pasado viernes en el Parlament, la señal de vídeo se perdió cuando Sanchis abordaba la pregunta de por qué el canal había mutilado la mención a Mediapro en un documental guardado durante meses en un cajón sobre el caso del expresidente del Barça Sandro Rosell. Por la noche el informativo de TV3 no hizo referencia alguna a la polémica parlamentaria.

Vicent Sanchis, director de TV3, manda con pulso firme a pesar de haber sido reprobado por el Parlament en 2017

En el informativo del mediodía se dijo que Sanchis había manifestado que él no hubiera emitido siquiera el documental porque no recogía “la pluralidad de voces, contra lo que afirma el libro de estilo”. Lo cierto es que el libro de estilo dice que en este tipo de formatos hay que adoptar “el punto de vista de un autor que defiende una tesis y la argumenta con pruebas documentales”. La metáfora no sería completa si la edición nocturna del Telenotícies del mismo día no hubiera obviado mencionar la cifra de 635 fallecidos a causa del coronavirus aparecidos de golpe en Cataluña justamente cuando el Gobierno central había anunciado el cambio de fase de desconfinamiento.

El mismo viernes en que todo esto sucedía, los comités de empresa y los consejos profesionales de la CCMA volvían a pedir que se aplicara la ley que regula la democratización de los medios públicos catalanes, esa que desde hace siete meses duerme el sueño de los justos a la espera de que se convoquen elecciones autonómicas.