La Generalitat insiste en frenar un hospital de campaña levantado por la Guardia Civil

El conflicto por el hospital de campaña levantado por la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) se enquista. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE y Ciudadanos, insiste en que tiene listo el equipamiento con 140 camas y pide que se abra ya. La Generalitat, que ha frenado su puesta en funcionamiento, asegura que no lo necesita. Ahora es el Tribunal Superior de Cataluña quien deberá decidir si acepta a trámite la denuncia de un particular contra el presidente catalán, Quim Torra, y la consejera de Salud, Alba Vergés.

Sant Andreu de la Barca acoge el acuartelamiento más grande de la Guardia Civil en Cataluña. Eso supuso roces en las escuelas, litigios y varios meses de tensión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Ahora, ese mismo municipio vuelve a estar en el punto de mira por la negativa del Departamento de Salud de poner en marcha un hospital de campaña que levantó la Guardia Civil el 16 de marzo, con asesoramiento de Médicos Sin Fronteras, en un polideportivo municipal.

“No es el hospital de la Guardia Civil, es el hospital de Sant Andreu de la Barca”, sostiene su alcalde, Enric Llorca (PSC), que es médico de atención primaria. El regidor evita atribuir directamente el rechazo de la Generalitat al hecho de que sea un recurso que ha montado la Guardia Civil. “Hay que preguntarles a ellos por qué no lo quieren”, dice, e insiste en que el hospital es necesario.

El Departamento de Salud esgrime que el Ayuntamiento levantó el hospital por su cuenta y que no es necesario por ahora. “Los espacios se abren de manera coordinada y planificada”, subraya un portavoz, que añade que el hospital de referencia de Sant Andreu es el de Martorell, que a su vez depende de la región metropolitana sur, que tiene diversos equipamientos en la zona. En la capital catalana solo están ocupadas 60 camas de los hospitales de campaña, de las 550 disponibles. La Generalitat sí abrirá la próxima semana el hotel medicalizado que ha preparado el Ayuntamiento, según ese mismo portavoz.

El conflicto ha dado ya el salto a los juzgados, después de que un particular presentase una denuncia. El juzgado de instrucción 5 de Martorell investiga la denuncia por un presunto delito de homicidio imprudente por la paralización del hospital de campaña, del que serían responsables Torra y la consejera Vergés. El Tribunal Superior de Cataluña debe decidir si sigue adelante con la causa, puesto que los dos responsables políticos son aforados.

La crisis sanitaria ha provocado varios rifirrafes también con el Ejército. “Es del todo innecesario”, aseguró el consejero del Interior, Miquel Buch, el 18 de marzo, sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencia. “Seguro que hay otros territorios del Estado español donde el Ejército se puede desplegar, en Cataluña no nos hace falta”, añadió. Posteriormente, la Generalitat reculó y solicitó su auxilio para desinfectar residencias de ancianos.

En Sabadell, la Generalitat paró inicialmente un hospital de campaña levantado por el Ejército en una pista de atletismo. La consejería de Salud eludió la polémica alegando que el problema había sido técnico: en lugar de tiendas de campaña se preferían pantallas separadoras, que el Govern facilitó para montarlo.

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