Trabajadoras de un macroburdel: “Nos quedamos, literal, con la maleta en la calle”

El Paradise, uno de los prostíbulos más conocidos y más grandes de Europa, cerró el 13 de marzo las puertas por la pandemia del coronavirus. En su pensión en La Jonquera (Girona) vivían decenas de mujeres. “Unas 90”, asegura una de ellas. De la noche a la mañana, se vieron sin nada: “Nos quedamos, literal, con la maleta en la calle”. Su dueño, José Moreno, ha presentado un ERTE que afecta a 69 empleados. Entre estos no consta ninguna trabajadora sexual, con las que no le une ningún vínculo laboral formal.

“El primer día en la calle parecía que hubiera un incendio, o una guerra de zombies. Estaba vacía”, explica esta mujer, sobre lo que vio al salir de la pensión, con la maleta en la mano y sin saber adónde ir. “No tuvimos tiempo ni para pensar”. Retrata un escenario de hoteles cerrados, calles en silencio y nadie a quien recurrir en La Jonquera, la frontera entre Francia y España, extrañamente desierta estos días, sin sus habituales colas en los supermercados y en las tiendas.

El Paradise es un macroburdel de 2.700 metros cuadrados y 80 habitaciones. Muchas de las mujeres que trabajan allí también viven en él. Hacen “plaza”, teniendo que estar como mínimo 21 días para garantizarse un sitio en el club. “Primero nos dijeron que nos íbamos a quedar ahí 15 días”, explica una de ellas, por teléfono y pidiendo anonimato, desde el piso donde la han acogido. Admite que sintió cierta desconfianza: “Sospeché con lo de que no cerraba [la pensión]. Se comentaba que el dueño no era solidario. Esto es un negocio y él es un hombre de negocios”.

Al día siguiente, sábado, las mamis (mujeres que gestionan las habitaciones) confirmaron sus temores: debían irse. Como máximo, el domingo a mediodía tenían que estar fuera. “Por lo menos que nos hubiese dicho ‘quédense’ y que cada uno se busque la comida”, lamenta esta treintañera. Moreno asegura que no tenía más opción que cerrar y alega que mantener el establecimiento supone unos costes muy elevados, motivo por el que ha presentado el ERTE. "Hemos sobrevivido hasta ahora, veremos qué pasa de ahora en adelante”, afirma.

“Todo el mundo empezó a mirar de ir para donde sea. La mayoría, para sus casas. Las que no teníamos familia aquí, no sabíamos qué hacer. Nos quedamos mirando para el cielo”, sigue la mujer, sin alterarse, pero muy preocupada por su situación. “No nos ha ofrecido absolutamente nada”, añade. Algunas se mudaron a pisos a Figueres, algunas regresaron a Rumania, otras viajaron a Francia… La única ayuda que recibieron fue de las “mamis de la cocina”: “Nos ofrecieron su casa, pero ellas tienen un salario básico. Una no puede ir a comerse su comida”.

Ella viajó a España exclusivamente para trabajar en el Paradise tres meses y volver a su país. El billete de regreso ha sido cancelado. Tampoco tiene dinero para comprarse un vuelo cuando sea posible. El último con el que podía haberse marchado costaba 4.000 euros. “Mi familia no me puede ayudar, yo les ayudo a ellos”, señala. Se plantea acercarse al consulado de su país. “Pero están pendientes de las personas enfermas, y lo entiendo”, subraya.

Las trabajadoras sexuales del Paradise pagan 80 euros por la habitación (75 de alquiler más 5 de luz). El precio incluye la comida y la cena. Las mujeres que bajan al club después de las seis de la tarde tienen que pagar 90 euros. “El trabajo estaba muy mal, solo se trabajaba dos días por semana. Y tú tenías que pagar sí o sí la habitación. Conseguirte los 90 euros no era fácil”, alega, sobre los motivos por los que no ha podido ahorrar nada. “Es aterrador”, dice, sobre la situación actual. Pero bajo ninguna circunstancia se plantea saltarse la ley y ejercer por su cuenta en pisos.

“¿Adónde van esas mujeres? ¿A qué servicios sociales recurren a pedir ayuda? La de su zona de referencia, les dicen. ¿Cuál es su zona de referencia? Nunca han tenido ninguna porque tienen muchas dificultades para empadronarse”, lamenta Clarisa Velocci, de la asociación Genera, que estos días atienden por teléfono a las trabajadoras sexuales que se ven afectadas por el parón y la orden de confinamiento. Genera les recomienda que en ningún caso trabajen. “No hay ninguna forma de que sea seguro”, repite Velocci, que subraya que muchas de ellas están al límite y les trasladan una “angustia muy grande”.

“Garantizaremos cualquier necesidad que tengan, ya sea de alojamiento o de alimentación”, defiende la alcaldesa de La Jonquera, Sònia Martinez. Y asegura que la policía local no ha detectado que ninguna de ellas viva en la calle. Hasta el momento, dice, nadie les ha pedido ayuda. Velocci replica que las mujeres han tenido que ingeniárselas solas para salir adelante. "El sector está prácticamente parado, como en todas las economías”, añade Velocci. Critica la “criminalización bestial” que están sufriendo y pide una mayor protección: “Flexibilizar al máximo las ayudas económicas para mujeres en esta situación”.

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