La pandemia pone contra las cuerdas las escuelas infantiles privadas

Clara y su madre dirigen desde hace ocho años una escuela infantil privada en el Maresme. Hace ya varios años que hacen equilibrios para cuadrar las cuentas, ya que el descenso de la natalidad les vacía año a año las aulas. Ahora cuentan con 35 alumnos. Pero el cierre inesperado por la pandemia del coronavirus les ha asestado un duro golpe. Sin su principal ingreso, las cuotas de las familias, ven imposible afrontar los 12.000 euros mensuales de gastos (alquiler, salarios y recibos incluidos). No han logrado ayudas y se niegan a pedir un crédito. “Las perspectivas para cuando podamos reabrir son malas, por la bajada de alumnos, que el curso próximo será peor. No queremos pedir un préstamo para no generar más deuda. Así que la mejor opción es cerrar”, admite Clara, que ultima los trámites para echar el candado al centro, cuyo nombre prefiere no revelar porque aun no ha informado ni a trabajadoras ni familias.

El caso de esta escuela es un extremo al que podrían llegar otras, alertan las patronales. Según la asociación de escuelas infantiles de Cataluña —la principal del sector, con 300 centros—, prácticamente todas han presentado o presentarán expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y muchas quedarán muy tocadas por los meses sin ingresos. “Tememos que el confinamiento se alargue mucho, ya que el sector no tiene la fortaleza para aguantar”, admite Jordi Fibla, secretario de la entidad.

Las escuelas infantiles de titularidad privada tienen un peso importante: cuentan con 700 centros (de un total de 1665) y acogen 30.000 de los 80.000 alumnos de cero a tres años, según datos del Departamento de Educación del curso pasado. Además, dan trabajo a unas 5.000 personas entre docentes y personal de apoyo, según las patronales. Estas dependen estrictamente de las cuotas de las familias, ya que pocas reciben subvención: solo las entidades sin ánimo de lucro perciben unos 300 euros anuales de la Generalitat para reducir dichas mensualidades y unos 200 euros anuales de la Diputación de Barcelona (si el centro es de esta demarcación).

Queralt Martín, directora de la Llar d'en Pitus de Cerdanyola del Vallès, asegura que no cuenta con estas ayudas públicas. Con el cierre de escuelas y sin ingresos, no sabe cómo afrontar las facturas. “Estamos en negativo. Tenemos que pagar 30.000 euros entre salarios, alquiler, Seguridad Social e impuestos trimestrales. ¿Cómo lo hago?”, se queja. Ha tenido que presentar un ERTE para sus ocho trabajadoras y, ante esta “desesperación”, la directora ha iniciado una campaña para explicar la situación límite en que se encuentra el sector.

“Las guarderías están desesperadas”, admite Conxita Pericó, presidenta de la asociación catalana de escuelas infantiles. Las patronales han acordado una estrategia conjunta: han solicitado a las familias que paguen una cuota mínima —que oscila entre los 80 y los 200 euros, según las necesidades y características de cada centro— para resistir durante el confinamiento. “Pedimos solidaridad y colaboración a los padres, no para mantener la plaza, sino para mantener la escuela”, asevera Fibla, quien admite que algunos han aceptado, pero otros no. Además de esta opción, el sector pide la intervención de la Generalitat para evitar un cierre masivo de centros.

Las patronales lamentan el abandono de estos centros privados y se sienten mal considerados. “A veces dicen que somos una etapa educativa importante, porque es cuando el niño hace sus primeros pasos, tanto físicos como emocionales, pero en tiempos de vacas flacas nos tratan como un simple servicio, y esto te enoja”, lamente Montse Fernández, presidenta de la coordinadora de guarderías. También aseguran que algunos los comparan con los gimnasios para justificar no pagar la cuota. “Nosotros somos un centro educativo. Y si al final de todo esto cierra un gimnasio no es lo mismo que si cierra una escuela infantil”, reivindica Fibla.