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Las empresas de los comedores escolares anuncian un alud de ERTE para 25.000 personas

Educación da marcha atrás en su intención de asumir las nóminas de los monitores

Monitoras en un comedor escolar.
Monitoras en un comedor escolar.JULIÁN ROJAS

Con las escuelas cerradas desde hace dos semanas, a las empresas que gestionan los comedores escolares, como a muchas otras, tampoco les salen los números. Las patronales ya han anunciado que, hasta el lunes, la mayoría del centenar de empresas del sector, por no decir todas, presentarán un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), afectando a unos 25.000 trabajadores, según sus cálculos. “Nuestros ingresos ahora mismo son cero, dependemos de las cuotas de las familias, así que el ERTE es la única salida”, coinciden las patronales. Estos inflarán la cifra de 58.843 ERTE registrados hasta ayer, con 459.182 trabajadores implicados en Cataluña.

A pesar de que los colegios cerraron el viernes 13 de marzo, las empresas de los comedores escolares han esperado dos semanas para empezar a presentar de forma masiva los ERTE para ver si negociaban con la Generalitat que esta asumiera las nóminas. “Confiábamos que la Administración encontraría una solución para evitar la destrucción, aunque sea temporal, de los puestos de trabajo. Viendo que no era posible tenemos que hacer el ERTE para que los trabajadores puedan cobrar”, explica Jordi Roman, presidente de la comisión de ocio educativo de La Confederación (la patronal que agrupa las entidades sin ánimo de lucro, una quincena, entre ellas Fundesplai o la fundación Pere Tarrés).

El sector ha estado pendiente de las decisiones, cambiantes, de la Generalitat durante estos días. El 17 de marzo el Govern publicaba el decreto ley 7/2020 en el que aseguraba que la Administración que había contratado las empresas de los comedores escolares se encargaría del “abono al contratista de los importes correspondientes a los gastos salariales”, entre otros aspectos. Y se aseguraba que la suspensión de los contratos en el ámbito educativo (entre los que también se encuentran el transporte escolar, la limpieza o soporte a alumnos con problemas de aprendizaje) no se podía traducir en la presentación de un ERTE. Pero justo una semana después, el decreto ley 8/2020 solo habla de indemnizaciones, sin especificar, a las empresas de comedores y se les permite aplicar estos despidos temporales. Educación justifica el cambio en una modificación de la normativa estatal.

El sindicato CC OO denunció la modificación, tachándola de “vergüenza” y asegurando que se había “engañado” a empresas y trabajadores. Las patronales La Confederación y Acellec explican que a raíz del primer decreto contactaron con Educación y Economía para asegurarse de que realmente podrían asumir las nóminas, que calculan en 39 millones mensuales. “Cuando preguntamos cómo lo pagarían, se dieron cuenta de que era un gran volumen de dinero”, tercia Oriol Carbonell, vicepresidente de Acellec.

Educación asegura que “se indemnizará a las empresas por la pérdida causada por el cese de la actividad”, aunque no da detalles. Las patronales reclaman que la Generalitat complete la prestación por desempleo de los trabajadores para que estos perciban el 100% de su salario anterior. Pero admiten dudas sobre si cobrarán y cuándo. “Hay una inseguridad jurídica muy grande porque no sabemos si habrá ayudas y de qué se van a hacer cargo”, aseveran las patronales. Los sindicatos, por su parte, ven “improvisación” en Educación y reclaman medidas para que “los trabajadores no sufran ninguna disminución salarial”.

Los contratos con las AFA, en vilo

Los decretos solo recogen las empresas contratadas por la Administración, pero no por las asociaciones de familias (AFA), que según la Fapac suponen un tercio del sector. Educación asegura que no las incluyen porque son “contratos privados”, pero que “estudia medidas para paliar los daños”. La Fapac reclama información y medidas claras y las patronales no entienden la exclusión. “No permitiremos que se dejen fuera las empresas contratadas por las AFA, no se puede hacer diferencia según el órgano de contratación porque hacen el mismo servicio público”.

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