Cataluña supera los 400.000 afectados por ERTE
La Generalitat recibe más de 51.000 expedientes de regulación en 12 días
Cataluña superó este jueves los 400.000 trabajadores (407.278) afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados en un plazo de 12 días, desde que se empezó a evidenciar el parón de la economía por el impacto de la Covid-19. El Departamento de Trabajo ha recibido 51.340 peticiones. El volumen total de asalariados implicados representa ya el 11% de la población ocupada en la comunidad, 3,4 millones de personas.
El impacto laboral es creciente y acompaña a otros indicadores que delatan el parón de la actividad. La demanda energética ha caído un 17% respecto al 5 de marzo, cuando la situación todavía era más bien normal, según los datos de Endesa. Y el funcionamiento de algunos servicios públicos de transporte también están al mínimo. La demanda en Rodalies ha caído un 91%.
La afectación en regulaciones de empleo está afectando a todo tipo de empresas por tamaño, como demuestra que el promedio de despedidos por cada expediente es de unas ocho personas. Los abogados laboralistas señalan estos días que un gran número de restaurantes y pequeños comercios que han cerrado obligados por el decreto del estado de alarma se han sumado a las peticiones para aligerar sus costes fijos mientras tengan que mantener la persiana bajada. Barcelona es la provincia que concentra más afectados (319.423 personas), seguida por Girona (38.989), Tarragona (32.501) y Lleida (16.365).
Dado el abrupto corte de ingresos que sufren este tipo de empresas, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, volvió a reclamar este jueves con urgencia al Gobierno central que suspenda el pago de impuestos para no provocarles más problemas de liquidez. La patronal, como pide también Pimec, pretende sobre todo que la suspensión tributaria se efectúe sobre el IVA, el impuesto de la renta y las cotizaciones a la Seguridad Social. Defiende que así España se situaría al lado de las premisas defendidas por la Unión Europea, que ha marcado las medidas fiscales entre las prioridades para minimizar el impacto de la crisis del coronavirus.
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